PEKÍN. Tanto analistas chinos como extranjeros, e incluso los gobernantes de la potencia asiática, coinciden en la apremiante necesidad de reformar las empresas estatales, unos gigantes que se han convertido en un mal endémico para la economía del país y de cuya liberalización depende su futuro crecimiento.
Se trata de unas 145.000 empresas, 126 de ellas conglomerados de dimensión mastodóntica, que copan un 35 por ciento de la actividad económica del país y abarcan todos los sectores estratégicos, como la energía, aeronáutica, telecomunicaciones o banca.
A pesar de que las más grandes se han transformado en compañías que cotizan en Bolsa, muchos economistas denuncian su baja rentabilidad -derivado de que actúan en mercados en un régimen de casi monopolio- y sus conexiones políticas, que en el caso de China aún son más evidentes por el sistema Estado-Partido.
Prueba de ello es que en 2012 las empresas estatales (SOE, en inglés) registraron unas pérdidas conjuntas de unos 50.000 millones de yuanes (8.116 millones de dólares, 6.160 millones de euros).
Muchos economistas chinos argumentan que las mayores compañías, especialmente los bancos y las empresas de telecomunicaciones, han crecido tanto -o están políticamente tan bien conectadas- que consiguen gran parte de los préstamos bancarios, una financiación que no llega a empresas más pequeñas con más potencial y que pone en jaque el crecimiento económico del país.
Uno de ellos es el decano de la escuela de negocios CEIBS, Xu Dingbo, quien, a pesar de formar parte del Consejo de Administración de una SOE, no esconde que el crédito que se otorga a estas empresas se acaba transformando en un valor añadido bajo para la economía.
"La solución es la privatización", aseguró a EFE Xu, "aunque a corto y medio plazo será una tarea muy difícil por el volumen de activos que poseen estas empresas", unos 100 billones de yuanes solamente en el sector bancario.
"Ningún Gobierno puede llevar a cabo un proceso de este calibre de forma racional en cinco o diez años", añadió el académico.
Las cifras son de tal magnitud que un estudio del mismo profesor concluye que, si en 2011 las mayores empresas estatales chinas hubieran sido tan eficientes como las compañías estadounidenses que cotizan en el índice Dow Jones industrial, el Producto Interior Bruto del gigante asiático habría crecido nueve puntos porcentuales más.
Ese año China creció un 9,3 por ciento, una cifra que, según los cálculos de Xu, se doblaría hasta un 18,3 por ciento.
El hasta hace pocos meses primer ministro, Wen Jiabao, prometió en su último informe de Gobierno reducir los monopolios estatales y estimular la inversión no gubernamental, algo que demuestra la voluntad de los altos mandatarios de llevar a cabo estos cambios.
Pero si eso derivará en acciones concretas depende de la voluntad de los nuevos líderes chinos de desafiar a las familias con conexiones políticas que administran muchas de estas compañías, en ocasiones más motivados por criterios políticos que empresariales.
En este sentido, el profesor Ding Yuan, de la escuela de negocios CEIBS, explicó a Efe que los puestos directivos de las empresas estatales "se utilizan como etapas de transición o de retiro para muchos políticos", algo que explica su forma de gestionar y evidencia el alto coste de no tener un Consejo de Administración independiente.
"Estoy convencido de que los máximos líderes del país quieren reformar estas empresas, pero el conflicto de intereses es demasiado grande", apuntó.
De hecho, las administraciones provinciales y locales son dependientes de los beneficios de estas compañías, por lo que se resisten a renunciar a ellos.
Para las facciones más tradicionales del Partido Comunista, además, las SOE se sitúan como uno de los últimos rastros de la economía planificada de la época de Mao y temen que con el cambio el actual "socialismo con características chinas" pierda una parte importante de su esencia.
"Estamos hablando de la sostenibilidad del país. Un día aparecerá este dilema: ¿Qué es más importante, controlar estas compañías o sostener el régimen?", apuntó el profesor Ding.
"Obviamente lo segundo es más importante, así que quizás entonces veremos el cambio".
Molts dels arguments utilitzats en l'article tenen dos cares, caldria ser més honestos i no fer una anàlisi tan parcial. En primer lloc el control de l'estat xinès sobre sectors estratègics com l'energia és el que ha possibilitat que la indústria xinesa tinga un abastiment sostingut de materies primes. Qui és qui realitza els acords amb els govern d'Amèrica Llatina o Àfrica per a extreure'n d'allà els recursos i dur-los a Xina? Doncs el govern xinès, evidentment. I això fa que encara que la indústria energètica xinesa puga ser deficitària, és necessària per mantindre el creixement industrial del país. També seria bó recordar que si Xina no ha rebut l'impacte de la crisi financera és precisament perquè té un sector financer molt regulat que no ha permès invertir en derivats i productes tòxics provinents de Wall Street, sinó tindre una visió estratègica que els ha dut a comprar una part important del deute públic europeu i la majoria del d'Estats Units. Inversions molt més segures i que ademés afiancen el paper econòmic i geoestratègic de Xina. També fa molta gràcia que es diga que les indústries del sector públic serveixen per a col·locar als polítics xinesos. Com si això no passara amb les empreses privades! A algú li sona allò de "la porta giratòria"? Potser hem de recordar casos molt propers com el d'Aznar i Felipe González en Gas Natural i Endesa, Rodrigo Rato en Bankia, Zaplana i Acebes en Telefónica, Elena Salgado també en Endesa, Pedro Solbes en Barclays, etc, o fa uns dies el cas de Basagoiti en el Banco de santander.
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