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VALENCIA. Los concursos de acreedores en la Comunitat Valencian rondan los 700 al año en el cénit de la crisis. En 2007 se registraron 127 y sólo un año después se duplicaban hasta los 302. Esta cifra fue en aumento con 641 en 2009, 667 en 2010 y 733 en 2011, subida esta última que coincide con la modificación de la ley concursal 38/2011.
"La principal característica del concurso de acreedores es que sigue siendo un procedimiento inútil". Así de categórico se expesa José Miguel Guillén Soria, secretario del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia y, desde 2008, socio del despacho Del Moral & Arribas Abogados.
Este procedimiento civil al que acuden las empresas con problemas económicos tiene dos finalidades: una es la que dice la ley, es decir, para dar satisfacción a los acreedores, y la segunda, la razón por la que se presenta el concurso que es salvar la responsabilidad del administrador.
Guillén Soria lo explica de forma muy didáctica. "Con el concurso, se pretende demostrar que la empresa no es viable y que el administrador no es responsable".
Los requisitos son: que la empresa lleve la contabilidad al día, que ésta no esté falseada y que cumpla con lo establecido por el Registro Mercantil".
No obstante, explica este profesional del derecho que ha estado en las dos orillas del concurso, "la satisfacción a los acreedores no se puede cumplir nunca porque se aprovecha un mecanismo legal para no pagar".
Y añade que "el único sistema concursal que funciona es el anglosajón y, más concretamente, el norteamericano, donde se ‘estimula' al deudor a ir al juzgado con el sherif a la puerta de su casa. Mientras que el sistema inglés funciona en el otro sentido, estimulando al acreedor a reclamar ante el juzgado, con lo que el deudor acaba pagando".
De otro lado, en esta coyuntura económica, algunos jueces de lo mercantil claman por una especie de concurso de particulares, para que también los ciudadanos en general puedan acogerse a una solución que no pase por su muerte civil en caso de impagos o insolvencias sobrevenidas, como puede ser un despido, un ERE o el cierre de su empresa. "Es sangrante, pero no está regulada en el sistema concursal español la insolvencia para particulares, al no considerarse operaciones empresariales, mientras que el sistema americano sí que les da una respuesta", explica Guillén Soria.
Este especialista en mercantil se atreve a denunciar a los privilegiados del sistema concursal. En primer lugar, están las Administraciones Públicas, que son las primeras en cobrar los impuestos debidos. "La pod de privilegios es fundamental", añade. Para José Miguel Guillén Soria, "los proveedores tienen que ir delante a la hora de cobrar de la masa concursal, para que abonen el terreno de base del tejido empresarial y mantengan su actividad".
En segundo lugar, explica, "falta una regulación del Derecho de los Consumidores". En 2002, recuerda, hubo una Proposición de Ley del PSOE en la oposición para regular la insolvencia de los consumidores por sobreendeudamiento, pero ninguno de los dos grandes partidos la ha recuperado estando en el Gobierno.
Hay que recordar que en el verano de 2008 hubo numerosas solicitudes de concurso de personas físicas. El adalid de esta iniciativa fue el magistrado de lo mercantil de Barcelona, José María Fernández Seijo, famoso por conseguir una sentencia del Tribunal de Luxemburgo por el que se reconoce a los jueces la posibilidad de suspender una ejecución hipotecaria con objeto de delimitar si existen cláusulas abusivas. También el magistrado de lo mercantil de Palma de Mallorca, Víctor Fernández, intentó parar las hipotecas sin resultado, al no contar con una ley de insolvencia, explica Guillén Soria que reclama la urgencia de esta ley "por decencia política".
Otra figura es la del "concurso inducido", que es como la fichas de dominó o el "efecto mariposa" en economía. El abogado Guillén Soria pone un ejemplo" "la caída de una empresa que recogía los escombros de las obras de una constructora que entró en concurso. Cayeron otras 14 empresas a su alrededor, pero no sirvió de nada". En este sentido, sigue clamando, "la ley americana salva al consumidor, pero es que su ley del siglo XIX ha ido evolucionando hasta 2005". Y además, con formularios digitalizados disponibles en Internet, incluso en español para los hispanos, y con casillas donde poner una X para los legos en derecho. Con estas leyes al servicio de los particulares, "se evitaría la presión de los movimientos ciudadanos, ya que la ley actual sólo puede atender a los deudores pero no a los acreedores".
Respecto a los concursos de las empresas, Guillén Soria denuncia que "no se investigan bien las responsabilidades" y que "en au investigación quedan ahogados económicamente. Ésta es la foto fija del concurso en España: pequeño, abreviado, que acaba en liquidación y con 5 millones de euros de pasivo. Con ello, añade, "el administrador no puede cobrar". No obstante, la ley dice que se cree un bolsa para pagar a los administradores que no cobran, según Decreto de octubre de 2009. Se tata de una especie de "caja de resistencia", como las de las Trade Union inglesas del siglo XIX que saldría de los administradores que sí que cobran.
No obstante, "todo ello ha fracasado. Incluso cuando hay bienes, es difícil venderlos porque no hay mercado", comenta este especialista biznieto de Vicente Guillén Marco, un ilustre médico y botánico que escribió el libro "Valencia como estación invernal". En este punto, Guillén Soria, otro ilustrado fuera de su tiempo, cita a Antonio Machado: "Sólo un necio confunde valor con precio". Y pone como ejemplo la mesa en la que transcurre la entrevista, en la Sala de Juntas de su despacho de abogados. "Esta mesa es una pieza única, diseñada especialmente para nosotros. De madera noble, su precio es muy elevado, pero no vale nada porque no hay quien la compre".
Pone otro ejemplo: Vicente Matali Badía, ingeniero industrial, se hizo un nombre hace unos años con una empresa de servicios de iluminación y acústica para discotecas. Vendía en el mercado nacional y en el internacional. Con la crisis, se vino abajo junto a su nave industrial, valorada en 2,6 millones de euros. Se vendió al equipo de Aspar por 570.000 euros. "A los dueños se les saltaban las lágrimas", recuerda José Miguel Guillén Soria.
La financiación les había ahogado. "Alrededor gravitan todos los problemas en la economía. La estructura de la financiación y el no ser competitivos". Otro problemas añadido, explica, es la deslocalización. Las empresas han huido a los países emergentes, "aunque nadie coge la maleta y se va por gusto". De nuevo, este ilustrado del siglo XXI recuerda a Ramón y Cajal: "Salvemos los talentos que se pierden en la ignorancia". Guillén Soria dice: "Salvemos los talentos que hemos rescatado de la ignorancia y que se van de España", recuperando el pensamiento de Joaquín Costa: "Que el que valga, estudie".
Y se lamenta, "¿de qué sirve ahora haber hecho este esfuerzo? Estamos ante una generación perdida, con todo el esfuerzo cultural del país...". Para Guillén Soria "la crisis no sería igual sin el impacto de la corrupción: hay que hacer leyes para hacerlas cumplir o, al menos, susceptibles de ser cumplidas".
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