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VALENCIA (EP). La Guardia Civil, en el marco de la "Operación Judas", ha desmantelado una red que defraudaba a la Seguridad Social mediante cobros irregulares de subsidios. Como resultado de la acción policial, se ha detenido a ocho personas, vecinos de Benicàssim, Almassora, Vilareal y Castellón de la Plana, como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, delito de defraudación contra la hacienda pública y la seguridad social, y falsificación documental.

La operación comenzó a raíz de las informaciones recibidas por la Guardia Civil acerca de las actividades de una red que defraudaba a la Seguridad Social a nivel nacional, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Para ello, según ha relatado, habían creado un entramado de empresas fantasma desde el año 2009, a través de las que realizaban contrataciones de personas de origen extranjero para puestos de trabajo inexistentes con el objetivo de que pudieran llegar a consolidar derechos o crear expectativas de futuras prestaciones, como son las distintas modalidades de subsidio de desempleo.

ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN

De esta manera, cada trabajador pagaba a la organización una cantidad de dinero para que ésta le tramitara el cobro del subsidio que le pudiera corresponder por el tiempo de trabajo que supuestamente debería haber realizado modalidad de ayudas, hasta 20.000 euros por año, en la modalidad de desempleo. En la fase de explotación de esta operación se ha recuperado "abundante documentación", ha indicado.

Fruto de la cooperación de la Guardia Civil con diversas Agencias Estatales, coordinada por el Juzgado de Instrucción de Castellón nº 4, se ha logrado, tras el análisis de las documentaciones de varios años fiscales, la identificación y localización de las personas físicas "que se hallaban detrás de las empresas fantasma investigadas, así como las fraudulentamente contratadas, tratándose de empresas sin instalaciones y con sede social itinerante".

Los investigados son de origen extranjero y sin arraigo en ninguna población concreta. Además, se ha contado con la "estrecha colaboración" de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Área de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno, SERVEF, Servicio de Empleo Estatal y Policía Local de Castellón, entre otras.