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VALENCIA. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, presenta este sábado en la reunión del Comité Nacional del partido un decálogo de medidas urgentes para la reactivación económica de la Comunitat Valenciana. Entre las iniciativas del líder socialista, se encuentra un plan de choque contra la exclusión social inspirado en el que ha impulsado su homólogo del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán.

Ximo Puig había anunciado, esta misma semana, un total de 75 medidas centradas en la transparencia y lucha contra la corrupción, la reforma de los partidos políticos y la reconversión institucional, para abordarlas en el citado comité.

Este extenso dispendio en materias de carácter profundamente orgánico, hubiera quedado 'cojo' de no incluir medidas de carácter económico y social. O lo que es lo mismo, las soluciones que propone el PSPV para resolver los problemas ciudadanos derivados de la crisis.

Dentro de estas iniciativas que Puig presenta este sábado al Comité Nacional del PSPV, al margen de las ya descritas días atrás, se encuentra un plan de choque contra la exclusión social, claramente inspirado en el impulsado recientemente por Griñán.

El objetivo, según fuentes socialistas, es "evitar que quienes peor lo están pasando por la crisis se sientan abandonados por poderes públicos, como por ejemplo ocurre con personas dependientes, que están viendo reducidas sus prestaciones".

Otra de las medidas, aunque esta ya la había avanzado Puig a Alberto Fabra a través de una misiva meses atrás, es un plan de choque para el empleo con una dotación de 500 millones de euros especialmente dirigido a jóvenes y a personas paradas de larga duración. Este plan, según señalan desde el PSPV, debería consensuarse con sindicatos y organizaciones empresariales y estaría acordado con el gobierno y gestionado por los ayuntamientos.

En este sentido, y también en la línea del PSOE andaluz, los socialistas valencianos plantean que este plan de choque contra el paro también incluya un impulso especial al empleo en el ámbito de la dependencia.

Cabe recordar que uno de los puntos más destacados y que ha levantado más polémica en Andalucía es la postura de Griñán contra los desahucios, enmarcada precisamente en sus medidas contra la exclusión social. El decreto sobre la función social de la vivienda aprobado días atrás por la Junta de Andalucía, entre otros puntos, contempla la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

Por otro lado, Puig también propondrá en su decálogo que la Generalitat establezca un plan de pago a proveedores y ayuntamientos. Asimismo, el documento también hará hincapié en la reforma estatutaria que refleje la deuda histórica del Estado con la Comunitat Valenciana cifrada en más de 11.000 millones de euros y la mejora de la financiación autonómica.