27/09/2010 La Unión Europea (UE) aumentará la vigilancia sobre los países con riesgo de burbujas inmobiliarias como la ocurrida en España

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BRUSELAS (EP). Los ministros de Economía de la UE tratarán de desbloquear a partir de hoy la negociación para endurecer las sanciones a los países con déficit excesivo, una iniciativa de Alemania cuyo objetivo es evitar que se repitan crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, España, Portugal o Irlanda. Los Veintisiete cerrarán además con toda probabilidad un acuerdo para aumentar la vigilancia de Bruselas sobre países con riesgo de burbujas inmobiliarias como la que ha vivido España.

Este nuevo sistema de vigilancia para los países con problemas de competitividad se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Si la Comisión verifica que algún Estado miembro se desvía de manera preocupante de la media en alguno de estos indicadores emitirá una alerta y exigirá medidas correctivas. Si el país concernido las ignora podría llegar a ser sancionado.

Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en los nueve indicadores que se utilizarán y los ministros podrían ratificarlos este lunes. Se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.

Además de formalizar este compromiso, los ministros de Economía se centrarán en las cuestiones "más difíciles" y donde se está "más lejos de un acuerdo": no sólo las sanciones a los países con déficit excesivo sino también la manera de contabilizar la deuda.

Por lo que se refiere a las sanciones, la Comisión ha propuesto congelar los fondos estructurales e incluso las ayudas agrícolas y pesqueras a los Estados que superen el umbral del 3% de déficit público. Bruselas quiere además que los castigos se activen más pronto, antes incluso de que un país llegue al 3%, y que sean casi automáticos, es decir, que se apliquen cuando el Ejecutivo comunitario los proponga salvo que una mayoría de Estados miembros los bloquee, lo cual revertiría el proceso actual. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, presentará las propuestas legislativas para hacer realidad los nuevos castigos el 29 de septiembre.

Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) van más allá y reclaman la suspensión temporal del derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE, algo que sólo es posible modificando los Tratados.

Sin embargo, la ligera mejora de la situación económica ha enfriado el ímpetu reformador y los diferentes países se han atrincherado en la defensa de sus posiciones, bloqueando la negociación. La última reunión de ministros de Economía consagrada a la reforma del Pacto, celebrada el pasado 6 de septiembre, acabó sin ningún acuerdo y algunos países pidieron una prórroga en el plazo de octubre para dar tiempo a negociar. Van Rompuy mantiene su objetivo de lograr un acuerdo a finales de octubre, aunque admitirá continuar los trabajos si una mayoría de países apoya reformar los Tratados.

España, que es el segundo país receptor de fondos estructurales sólo por detrás de Polonia, rechaza que se congelen estas ayudas a los países con déficit excesivo y únicamente acepta que se impongan multas a los países incumplidores, según ha informado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Los países de la ampliación también están en contra de la congelación de los fondos estructurales por considerar que afectaría de manera desproporcionada a los países más pobres y agravaría su situación. También hay problemas jurídicos para aplicar estos cambios antes de que se apruebe el presupuesto comunitario para el periodo posterior a 2013.

En cuanto a la manera de contabilizar la deuda a la hora de lanzar un procedimiento con déficit excesivo, los países más endeudados, como Bélgica e Italia, reclaman que no se tenga en cuenta sólo el nivel absoluto sino también el compromiso de reducción. Pero el resto de delegaciones alega que ello reduciría el automatismo de las sanciones. Italia reclama también que se sume la deuda privada a la deuda pública. Y los países del este quieren que se tenga en cuenta el esfuerzo que han hecho para reformar sus sistemas de pensiones y su impacto en la deuda.

Tampoco ha habido ningún avance sobre la idea de crear un fondo de rescate permanente para los países afectados por crisis de deuda que sustituya al fondo temporal de 750.000 millones de euros que se creó en mayo para frenar el contagio de Grecia a España y Portugal. Alemania defiende que cualquier mecanismo de este tipo debe incluir un sistema de quiebra controlada para los Estados con problemas.

El único compromiso alcanzado hasta el momento consiste en mejorar la coordinación presupuestaria. De este modo, la UE revisará a partir de 2011 los presupuestos nacionales de los Estados miembros antes de su aprobación parlamentaria para detectar posibles desequilibrios y prevenir futuras crisis de deuda.