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LISBOA (EFECOM / Emilio Crespo). El Gobierno portugués tiene lista una batería de duras medidas de austeridad con las que espera convencer el lunes a la troika de que puede cumplir los compromisos del rescate, aunque a costa de elevar aún más la contestación social.

Recortes en el funcionamiento diario de ministerios y servicios públicos, menores gastos educativos, sanitarios y de subsidios sociales o nuevas cargas para pensionistas están entre las medidas, reveladas a medias por el Gobierno y la prensa, que han desatado nuevas protestas este fin de semana en la calle y en la oposición.

Con una recesión que, por tercer año consecutivo, supondrá en 2013 una caída del PIB luso del 2,6 por ciento, y el desempleo cerca del 18 %, el nivel más alto que recuerdan los portugueses, el Ejecutivo conservador luso espera lograr el aprobado de sus acreedores y contar con siete años más para devolver el rescate.

En un tiempo récord de apenas una semana tras la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó medidas de austeridad por 1.300 millones de euros, el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, ha diseñado una estrategia para cuadrar los presupuestos que aceptaron el viernes los ministros europeos de Economía y Finanzas.

Pero ese acuerdo de principio quedó supeditado a la evaluación extraordinaria a la marcha del programa económico luso que inician el lunes en Lisboa los técnicos de la troika, formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y Banco Central europeos.

El principal partido de la oposición, el Socialista (PS) que pidió el rescate en abril de 2011, poco antes de perder el poder, y exige ahora su renegociación, volvió a cargar hoy contra la política de austeridad de Passos Coelho, con el que ha roto el consenso sobre las grandes líneas de la política económica del país.

António José Seguro, reelegido hoy secretario general del PS en las votaciones internas que preceden al congreso de la organización a finales de este mes, defendió que Portugal tiene alternativas para superar la crisis sin sacrificar más a la población.

Los dos grandes sindicatos del país, el comunista CGTP y el socialista UGT, han advertido también al Ejecutivo de las consecuencias que tendrá una nueva andanada de recortes presupuestarios en un país que consideran "empobrecido" más allá de sus limites de recuperación a medio plazo.

La Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), con más de 700.000 afiliados en un país de 10,5 millones de habitantes, ha organizado ya tres huelgas generales contra Passos Coelho y el sábado protagonizó otra jornada de marchas y protestas contra la política de austeridad.

El sindicato comunista ha llamado por primera vez a la población a expresar su descontento a la troika cuando inicie mañana la evaluación al país.

La más moderada Unión General de Trabajadores (UGT), con cerca de medio millón de afiliados, amenaza con romper el frágil consenso mantenido hasta ahora con el Gobierno sobre salarios, pensiones y política laboral si se amplia la edad de jubilación y se hace contribuir a la Seguridad Social a los pensionistas.

Esas son dos de las medidas que los medios lusos atribuyen a la nueva batería de recortes de Passos Coelho, de la que ha pedido explicaciones en el Parlamento la oposición de izquierda.

El jefe del Ejecutivo, que el sábado completó la primera remodelación de su Gobierno con dos nuevos ministros, solo ha informado públicamente de que ahorrará 600 millones de euros en sanidad, educación, Seguridad Social y servicios públicos y otros 600 con recortes en los gastos de funcionamiento de la Administración.

El aprobado de los técnicos de la troika a esas propuestas, o la aplicación de otras nuevas que recomienden, permitirá a Lisboa recibir un nuevo tramo de su rescate, de 2.000 millones de euros, por ahora bloqueado.

Esta evaluación extraordinaria de sus acreedores es también la llave para que se materialice la decisión de los ministros de la UE de retrasar en siete años los vencimientos del rescate de Portugal, que totaliza 78.000 millones de euros y le exigirá un elevado esfuerzo de refinanciación, sobre todo en 2015 y 2016.