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VALENCIA. La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) afronta su último mes de negociación con el Ministerio de Hacienda para evitar la declaración de concurso de acreedores. Según advierten fuentes financieras, la entidad tiene hasta el 9 de mayo para conseguir el visto bueno del ministro Montoro al crédito acordado la noche del 8 de enero con el que pretende evitar la liquidación.

Aunque hace ya tres meses que la SGR y la Generalitat, por una parte, y Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank, por otra, pactaron las condiciones de un préstamo de 150 millones de euros que reflotar la SGR, el equipo de Cristóbal Montoro cuestiona que la Administración valenciana pueda asumirlo sin incurrir en un quebranto de sus cuentas, incumpliendo los límites de déficit.

De no lograrse el visto bueno de Madrid, la entidad entraría en causa de liquidación y tendría que proceder a declarar el concurso de acreedores, una situación que intenta evitar desde hace casi un año, cuando se descubrió un desfase contable de unos 50 millones de euros.

EL PRECIO DE SALVAR LA SGR

En abril de 2012, el consejo de la entidad y el director general, Juan Manuel García Puchol, dimitieron en bloque como condición previa a la aportación por parte de la Generalitat de 60 millones de euros que debía evitarle entrar en causa de disolución.

Sin embargo, la auditoría realizada por KPMG por orden del nuevo consejo descubrió un desfase contable de 50 millones de euros más que la Administración valenciana no podía aportar del mismo modo que había hecho con la cantidad anterior, obtenidas de rebañar diversas partidas presupuestarias y con créditos a alto interés.

A partir de ese momento, se inició la negociación con los banco acreedores para obtener un crédito que cubriera el agujero y permitiera afrontar los créditos fallidos. Aunque el nuevo consejo, presidido por la empresa castellonense Dolores Font, con el apoyo del consejero delegado Santiago de Santos, plantearon a la asamblea de la entidad distintas alternativas, todas ellas fueron rechazas, avocándola a la liquidación.

LAS CONDICIONES DEL CRÉDITO

El crédito que cuestiona el Ministerio de Hacienda se instrumenta mediante dos líneas o tramos de financiación. Por un lado, un tramo senior equivalente a un 63% de cada reclamación frente a la SGR; y por otro lado, un tramo participativo, por un importe equivalente al 37% de cada reclamación.

En la propuesta, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero. Aunque no se trata de los cinco años que planteaba en un principio Sabadell CAM (condicionado por el necesario visto bueno del Fondo de Garantía de Depósitos), este plazo está lejos de los ocho años a los que inicialmente aspiraba la Generalitat y en el que podía haber contado con el apoyo de Madrid.

Hasta que no se consiga una autorización del ministerio, la entidad no puede retomar su actividad de facilitador de créditos para pequeñas y medianas empresas en condiciones más ventajosas que las entidades financieras convencionales, como es su fin. Además, de no lograrse el crédito, la liquidación de la SGR significaría que los accionistas asumirían la deuda, de la que al Generalitat tendría que encajar el 41%.