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MADRID. El Ministerio de Fomento tiene ya casi ultimado un acuerdo con la banca acreedora de las concesionarias de autopistas de peajes, sobre todo las famosas radiales de Madrid, para que acepte una quita en torno al 55% de los casi 4.000 millones que se la adeudan, según ha sabido este diario de fuentes solventes.

Pendiente de los últimos pasos por los comités de riesgo de algunas entidades, el acuerdo está casi a punto de caramelo y el mismo incluye la aportación por parte de la banca de otr

os 1.200 millones de euros para el pago de las expropiaciones pendientes y los conflictos judiciales derivados de este asunto.

El sobrecoste de las expropiaciones, junto con el desplome de los tráficos, constituyen las dos principales causas de los problemas económicos y financieros de estas autopistas en difícil viabilidad. Seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores, las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera, y entre las que afrontan dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas.

A 30 AÑOS Y A 9 CONCESIONARIAS

El acuerdo sería a 30 años, es decir, que los bancos aspiran a cobrar por lo menos la mitad de lo que las adeudan las concesionarias en concurso de acreedores o amenazadas de ello, en total hasta nueve sociedades concesionarias de autopistas.

Por lo que se refiere a los grupos concesionarios, la mayoría de los grupos constructores de estas infraestructuras aunque no todos, como son Abertis, Globalvía, Sacyr Concesiones. Cintra, ACS, OHL, etc, el Ministerio de Ana Pastor las ha ofrecido la posibilidad de tomar una participación del 20% en el capital de la empresa pública que prevé constituir para rescatar a estas vías, y que dependerá de Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seittsa).

Sin embargo, las empresas quieren más participación, según las mismas fuentes, motivo por el que las negociaciones se están alargando.

QUE NO COMPUTE COMO DÉFICIT

La idea de Fomento pasa por crear esta sociedad pública que no computa como deuda pública según los criterios de Eurostad pero volver a privatizarla en unos cuantos años, cuando se vayan pagando las deudas y además cuando se la puedan incluir otras autopistas muy rentables cuyos contratos con el sector concesional empezarán a volver al Estado, más o menos a partir de 2018.

De manera que cuando estos nuevos activos engrosen la citada empresa pública, el Estado podrá vestirla bonita y privatizarla, asunto por el que todas las concesionarias ya tienen interés en estar en su capital.

UNA SAREB DE AUTOPISTAS

En definitiva se trata de una especie de Sareb sólo que en vez de con inmuebles y viviendas con las autopistas en riesgo de quiebra, dada la responsabilidad patrimonial última del Estado sobre ellas, lo que le podría obligar si estas negociaciones no avanzan a tener que contabilizar su deuda como déficit público.

Las negociaciones a varias bandas, Fomento, banca, concesionarias y constructoras, están siendo muy intensas en las últimas semanas y seguirán hasta que se adopte una solución definitiva.

PRÓXIMAS REUNIONES

Tras estos encuentros, Fomento ha quedado en volver a convocar a una reunión a todo el sector, esta vez de forma conjunta, para comunicarle la decisión final que adopte al respecto.

Las constructoras que hicieron estas obras quieren entrar en la negociación, a lo que por ahora se está negando Fomento, si bien, la mayor parte de ellas están también presentes en el capital de las concesionarias, por lo que no sería descartable que el ofrecimiento de participar en el capital de la futura sociedad sea el caramelo que las está poniendo el Gobierno.

Argumentan que sus aportaciones de capital e inversiones realizadas en las vías alcanzan los 2.800 millones de euros, y además que el importe de pago de expropiaciones al que se enfrentan, unos 2.300 millones, las afecta directamente.