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VALENCIA. Hubo un tiempo, que duró además muchísimos años, en el que la Monarquía española era una institución intocable. El cordón sanitario mediático-político de que disfrutaba, sus privilegiados contactos y comunión de intereses con el poder económico, y el reconocimiento que una parte importante de la sociedad le concedía al rey Juan Carlos I por su papel en la Transición a la democracia, la salvaguardaba casi por completo del escrutinio público. No es ya que ponerla en duda implicase ubicarse en la marginalidad; es que incluso la información u opinión crítica sobre la institución en sí o respecto del comportamiento de sus integrantes, resultaba impensable por parte de los medios de comunicación y las élites españolas.

Esa situación comenzó a revertir en los últimos años, sobre todo por efecto de dos factores. Por un lado, la sempiterna crisis económica, que ha provocado un afán mucho más intenso del público por fiscalizar -y castigar- las malas prácticas de las clases dirigentes, por contraste con el sufrimiento de la mayoría de la población. Un contexto en el que la impunidad de la Monarquía resultaba -resulta- cada vez más estridente.

En segundo lugar, el factor generacional. El apoyo del actual rey proviene, en gran medida, de los llamados "juancarlistas", personas que afirman no apoyar la Monarquía como institución, pero sí la figura de Juan Carlos I como rey constitucional, en reconocimiento a su labor moderadora y al mencionado papel en la Transición.

Pero el "juancarlismo" es un fenómeno sustancialmente ligado a la época en la que surge la propia democracia española. Las nuevas generaciones de españoles, ya nacidos en democracia, no tienen la misma percepción de las cosas, y además les resulta mucho más chirriante una institución como la Monarquía, objetivamente poco compatible con un sistema democrático, por muy constitucional que sea.

Las últimas encuestas muestran claramente este deterioro. En octubre de 2011, por primera vez, la Monarquía obtenía un suspenso en la encuesta del CIS. Desde entonces, el CIS no ha vuelto a publicar encuestas sobre la Monarquía, pero las elaboradas desde los medios de comunicación resultan esclarecedoras.

En diciembre de 2011, Metroscopia divulgaba en El País una encuesta que mostraba el progresivo deterioro de la Monarquía, especialmente visible entre los jóvenes (18-35 años), donde había un empate entre Monarquía y República. El Mundo, a principios de 2013, publicaba otra encuesta en la que se mostraba un escenario aún más desfavorable entre los jóvenes menores de 29 años: 37,3% a favor de la Monarquía, 58,7% en contra.

Estos dos factores han tenido un peso considerable en la decantación de algunos medios de comunicación -cada vez más-, inicialmente publicados en Internet, pero ahora ya en todos los soportes, para informar sobre la Monarquía, y para hacerlo con imparcialidad (o con menos parcialidad que antes; o con la misma parcialidad de siempre, pero sin ocultar todos los hechos que pudieran resultar espinosos).

La Infanta, imputada "en suspenso"

El cóctel resultante ha sido explosivo para la Monarquía: en poco más de un año hemos visto cómo un juez imputaba al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y a su hija, la Infanta Cristina, por un turbio asunto que constituye, ante todo, un ejemplo de cómo se han hecho negocios en España, auspiciados desde la propia Casa Real, abusando de la posición de influencia con la que se cuenta.

Hemos asistido a un deterioro acelerado de la imagen pública de la institución, particularmente en lo que concierne a la figura del Rey, "cazado" en plena cacería de elefantes en Botsuana. Hemos visto después cómo la persona que le acompañaba en dicha cacería, Corinna Zu-Sayn Wittgenstein, reivindicaba haber realizado un oscuro papel de comisionista-agente secreta para el Gobierno español.

La imputación de la infanta, cuya declaración ante el juez Castro ha sido puesta en suspenso a la espera de que la Audiencia Provincial dilucide si es pertinente dicha imputación o no, es el último capítulo de un proceso, quizás irreversible, de ruptura de todos los diques de contención de la Monarquía y de la buena imagen pública de que ésta disfrutaba hasta hace bien poco.

Un proceso caracterizado porque la Monarquía se ve erosionada casi con independencia de lo que haga para tratar de contener los daños. Los actos de contrición, los intentos de dar una imagen de transparencia, o de modernizar la entidad, caen en saco roto. Y todas las evidencias de abuso de poder, o de favoritismo, pasan también factura.

El ejemplo lo tenemos, sin ir más lejos, con la imputación de la Infanta. Dicha imputación, sin duda, debilita a la Monarquía. Pero si la Infanta, finalmente, se libra de ella, habrá sido merced a la intervención de la Fiscalía. Y no hace falta ser un lince para saber que, en esa tesitura, la interpretación del público también será negativa.

Apoyo condicionado de público y élites

Conviene recordar que la solidez de la Monarquía española, en términos históricos, es relativa: para empezar, se reinstauró hace muy poco tiempo (en 1975), y lo hizo por decisión directa del dictador Francisco Franco. Su legitimidad, como ya hemos comentado, se sustentó después en la actuación de Juan Carlos I y el apoyo conferido por las élites españolas, pero inicialmente provino de una dictadura. No se trata, sin duda, de unos inicios particularmente airosos.

El historial reciente de la Monarquía española está plagado de revoluciones y desencuentros con diversos sectores del pueblo español. En los últimos dos siglos, la Monarquía ha tenido que enfrentarse a alternativas dinásticas (el carlismo) que causaron tres guerras civiles a lo largo del siglo XIX; y a dos movimientos revolucionarios, en 1868 y 1931, que comportaron sendas expulsiones de España.

Y, por supuesto, también a convulsiones continuas con el sector más liberal de la sociedad española, como en el Trienio Liberal de 1820-1823, la regencia del general Espartero (1840-1843) o el posterior Bienio Progresista (1854-1856). No parece una trayectoria comparable con la de otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, Holanda, o las democracias escandinavas, sino que, más bien, podría asociarse finalmente con la de países en donde la Monarquía, tras jugar a aprendiz de brujo político, acabó viéndose sustituida por una república, como ocurrió en Italia (referendum de 1947) y Grecia (referendum de 1973).

En ambos casos, la Monarquía se asoció con sectores políticos concretos y con el Ejército, lo que también motivó, en última instancia, la caída tanto de Isabel II como de Alfonso XIII.

Los defensores de la Monarquía española hacen hincapié en dos factores para defender su vigencia: el primero, que el heredero del trono, Felipe de Borbón, está "limpio" de los problemas que afectan a su familia, y por lo tanto no debería verse afectado por ellos. Esto es en parte cierto: en efecto, Felipe de Borbón no ha aparecido vinculado ni con el caso Urdangarin ni con el tipo de comportamientos que han degradado la imagen pública del rey. Sin embargo, también ignora que parte del deterioro de la institución se debe a factores estructurales, difíciles de solventar, como el mencionado cambio generacional, o la inexistencia de un papel "heroico" (el 23F) achacable a Felipe de Borbón.

El segundo factor, de índole más pragmática, indica que, por mucho que el público español vea con peores ojos a la Monarquía, las élites continúan siendo firmemente monárquicas. Por "élites" se entiende, por supuesto, el poder económico y el sistema de partidos, o al menos a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Pero también aquí ha comenzado la erosión. Primero fue IU, una coalición que en su momento (1977) aceptó la Monarquía y la bandera española, para volver después al republicanismo.

En el PSOE, hasta ahora firmemente ligado con la Monarquía a pesar de sus fundamentos republicanos, comienzan a aflorar voces discrepantes, como la de Francesc Romeu, que se declara republicano, o Pere Navarro, que pide la abdicación del rey. Por supuesto, las Juventudes Socialistas, y la militancia de base, son más cercanas a posicionamientos republicanos.

La derecha española, aliada natural de la Monarquía, tampoco es monolítica. Dentro del PP no abundan las voces republicanas (sólo me viene a la cabeza el caso de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes), pero tampoco parecen apoyar la Monarquía con particular entusiasmo. Dirigentes tan relevantes como José María Aznar y Esperanza Aguirre no se caracterizan por su buena relación con la Casa Real.

La cuestión capital es que el apoyo de las élites a la Monarquía es fundamentalmente estratégico, y no por convicción. La apoyan porque a su vez se apoyan en ella, o porque creen que la alternativa sería peor. Pero este apoyo, en una sociedad democrática, está totalmente condicionado a que la institución reciba más favor popular que rechazo.

Y por eso, conforme aumenta el rechazo, aumentan las deserciones. Igual que desaparece el "cinturón sanitario" protector de los medios de comunicación. Aunque sea tarde y mal, el votante, al igual que el público de los medios, es un factor que no pueden permitirse ignorar ni unos ni otros.

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#prayfor... Camps y Barberá, en el disparadero

La imputación de la Infanta quizás sea la última que se produzca (en el caso de que no sea anulada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca) en el caso Nóos, pero existe la posibilidad, nada remota, de que acabe extendiéndose a las figuras del expresident de la Generalitat, Francesc Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, máximos representantes de las administraciones públicas valencianas que hicieron contratos con el Instituto Nóos.

Dicha imputación, que podría provocar la extensión al TSJCV de una pieza separada del caso, causaría enormes dificultades al PP de la Comunidad Valenciana. No tanto por la imputación de Camps como por la de Barberá, hasta hace muy poco tiempo un extraordinario activo electoral del PP valenciano, "incombustible" e "imbatible", y hoy en franca decadencia.

De producirse esta imputación, no resulta difícil saber lo que pasará: todos los escandalosos contratos de la Generalitat y el Ayuntamiento con Nóos estarán en primer plano durante meses, así como algunos proyectos -que afortunadamente no se llevaron nunca a cabo- propuestos por Urdangarin, como la construcción de bloques de apartamentos desde la Albufera hasta Sagunto y de un monorraíl para comunicarlos con Valencia.

El efecto de este escenario, incluso aunque Camps y Barberá no fueran finalmente condenados, sería devastador, como lo fue el caso Camps (del que el expresident de la Generalitat salió absuelto, pero también políticamente amortizado).
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de Periodismo de la Universitat de València. 
@GuillermoLPD