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VALENCIA. La Abogacía de la Generalitat se ha personado en cuatro piezas separadas del conocido como 'caso Emarsa', en el que el juzgado de instrucción número 15 de Valencia investiga un agujero económico millonario en la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, según consta en diversas providencias facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado instructor ha abierto ocho piezas sobre diferentes imputados y delitos. Según las últimas resoluciones, la Generalitat se ha personado en cuatro piezas: la tres, cuatro, la cinco y la siete, relativas a los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

En todas ellas, con fecha 3 de abril, el instructor tiene como personada a la Generalitat Valenciana, en calidad de acusación particular, y notifica la resolución al ministerio fiscal y al resto de partes para que, si lo estiman, presenten recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión judicial en el plazo de tres o cinco días, según la instancia.

Por otra parte, el magistrado, en un auto de la misma fecha, ha rechazado el recurso de la imputada Eva María Marsal, administradora única de Management de Azafatas y Servicios, S.L. (Grupo Mas), y que fue pareja sentimental del ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, contra la decisión de retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer todos los jueves en el juzgado, así como las veces que sea requerida.

El juez indica en el auto que a Marsal estaba imputada inicialmente como presunta cooperadora necesaria en un delito continuado de falsedad documental, malversación de caudales públicos, dos delitos contra la Hacienda Pública, sancionados con pena que "por cierto, exceden con mucho del módulo contemplado legalmente, incluso, para la adopción de la excepcional medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza", sin que ninguna parte acusadora hubiera solicitado hasta "hace muy poco" la adopción de medidas cautelares.

NUEVA DENUNCIA DEL FISCAL

Sin embargo, recientemente, el fiscal formuló una nueva denuncia contra Marsal por alzamiento de bienes, castigado con penas que oscilan entre el año y los cuatro años de prisión, y adicionalmente pidió una comparecencia para solicitar la adopción de la medida cautelar personal que se adoptó en el auto recurrido.

En esta línea, apunta que la gravedad de las penas señaladas para estos delitos está "fuera de toda duda". Además, sostiene que los últimos hechos denunciados "ponen de relieve que en el entorno más próximo a la imputada pudieran haber estado llevándose a cabo actuaciones" para despatrimonializar el Grupo Mas, provocando una situación de insolvencia, y para ocultar los beneficios obtenidos de Emarsa.

Asimismo, sostiene que se puede sospechar un riesgo de fuga por la probable existencia de intereses económicos de la imputada en el extranjero ya que una de las mercantiles sobre las que se sospecha que administra presta sus servicios en Sudáfrica, lugar de donde ella procede y en el que reside su padre. Por ello, desestima el recurso y confirma las medidas cautelares adoptadas en relación con Marsal para asegurar su presencia en el momento del juicio oral.