Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EP/VP). La magistrada del 'caso Cooperación', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha acordado imputar al que fuera jefe de gabinete del exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, y a una funcionaria destinada a ese departamento ya extinto de la Generalitat valenciana, por un presunto delito de falsedad documental, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así consta en una providencia dictada por esta magistrada, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad, cuando estaba dirigida por el actual diputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, quien también está imputado en el caso.

En concreto, en este escrito, la jueza cita a declarar, en calidad de imputados, tanto a Xavier Llopis, quien actualmente ocupa su plaza de funcionario en el Servicio de Publicaciones, dentro de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación; como a Amparo Isarría, funcionaria destinada al Servicio de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos, en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

Estas citaciones, previstas para el próximo 12 de abril, se producen después de solicitarlo la Fiscalía, y en relación con unos expedientes de la Fundación Cultura y de Estudios Sociales (Cyes) del año 2008, entidad que estaba presidida por otro de los imputados en el procedimiento, Marcial López.

Además, se cita a declarar en calidad de testigo a Rafael Vicente Queralt, Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana en relación con el proceso de elaboración del informe emitido por la Sindicatura de Comptes sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes por parte de la Conselleria de Solidaritat y en relación a determinadas reuniones previas mantenidas con el mismo, según se desprende de las declaraciones de determinados imputados. En el acto de la citación requiérasele para que aporte la documentación que obró en su poder para la realización del informe.

En cuanto a Xavier Llopis, ocupó el cargo de jefe de gabinete de Rafael Blasco durante los años en los que se está investigando el presunto fraude en las subvenciones a ONGs. Asimismo, previamente, trabajó bajo las órdenes del actual diputado en otras consellerias.

Llopis ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, a finales de abril de 2012, cuando el caso se instruía en al juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, mientras no figuraba como imputado ningún diputado autonómico.

AHORA COMO IMPUTADO

En esta segunda ocasión, Llopis tendrá que comparecer ante la jueza como imputado en relación con los expedientes de la Fundación Cyes, entidad a la que le fueron adjudicados un total de cinco proyectos que sumaban 2,2 millones de euros.

Con esta cantidad de dinero, según denunció en su día el fiscal, la fundación se pudo haber comprado hasta cuatro inmuebles en Valencia, que se utilizaron como sede social. Sobre los mismos, el interventor del Estado indicó en su informe que existían "numerosas irregularidades" y defendía que la entidad no pudo financiar las facturas de los inmuebles que compró.

Así, entendía que se adquirieron con fondos provenientes de las subvenciones públicas. Al respecto, Rafael Blasco siempre ha mantenido que el dinero otorgado a la fundación no se destinó a la compra de ningún inmueble, y que la misma había justificado mediante facturas el destino de la subvención.

TAMBIÉN TAURONI

Por otro lado, la magistrada también ha citado para el día 11 de abril, a las 11.00 horas, al empresario Augusto César Tauroni, expresidente de la Fundación Hemisferio, para resolver sobre su situación de prisión, según consta en otra providencia con fecha 28 de marzo, facilitada por el tribunal valenciano.

El abogado de Tauroni presentó el 27 de marzo un escrito, con documentos y copias, en el que interesaba la libertad provisional para su cliente, quien se encuentra en la cárcel desde febrero de 2012, cuando se destapó el caso. La magistrada ha ordenado unir esta documentación a la causa y ha convocado una vista para el día 11 en la sala de audiencias del tribunal valenciano.

No es la primera vez que el letrado solicita la libertad para su cliente, puesto que ya lo hizo en una vista que tuvo lugar en octubre de 2012. La magistrada denegó su solicitud y, de esta manera, compartió la opinión del fiscal, quien se opuso a la salida de prisión.