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MADRID (EP). El vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que avaló los créditos supuestamente irregulares que la Caja Mediterráneo (CAM) concedió al expresidente de su Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, a pesar de que no le habían facilitado los informes que había pedido, informaron fuentes jurídicas.

Bernal, que ha declarado como testigo en la causa en la que se investigan los créditos por importe de 17 millones de euros que obtuvieron las empresas de Avilés, ha reconocido que solicitó a la Comisión Ejecutiva de la entidad documentación que avalara la viabilidad de estas operaciones y que nunca le fue entregados.

A pesar de ello, el compareciente, que es consejero de Economía y Hacienda y ha trabajado como economista y auditor de empresas, aprobó todas las operaciones solicitadas por las sociedades de Avilés sin oponerse a ellas ni ejercer su derecho de veto o abstención.

El número 2 del Ejecutivo murciano formaba parte del Consejo de Administración que aprobó las operaciones crediticias concedidas a Avilés, al que se imputan indiciariamente delitos societarios y de administración desleal por haber obtenido de forma irregular varios créditos.

También ha comparecido la exconsejera Natalia Caballé, que ha asegurado que quiénes ordenaban al Consejo de Administración qué créditos había que aprobar eran la exdirectora general de la CAM Dolores Amorós, imputada junto a otros cuatro directivos en la causa principal, y el que era secretario general de la entidad, José Pina.

Según las citadas fuentes, Caballé también ha explicado que algunas operaciones contaban con el aval del Instituto de Finanzas Valenciano y otros no, aunque todas finalmente resultaban aprobadas sin votos en contra ni abstenciones.

SIN DEBATE NI DISCREPANCIAS

Ante el magistrado instructor también han declarado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós; y los exconsejeros Pere Joan Devesa, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.

Al igual que hicieron el resto de exdirectivos y antiguos miembros del Consejo de Administración que han comparecido en el marco de esta pieza separada, los testigos han defendido que tenían conocimientos generales sobre las operaciones crediticias que les eran sometidas y que éstas se aprobaban sin debate y sin discrepancias.

Las comparecencias se completarán este miércoles con las declaraciones de los exvicepresidentes de la CAM Ángel Martínez y Armando Sala; el exdirector general de Participaciones Empresariales Joaquín Meseguer; el exdirector general adjunto Agustín Llorca; y los exconsejeros Luis Esteban, Salvador Pilés, Enrique Puig y Ángel Óscar Strada.

NO SABÍAN QUE ERAN PARA AVILÉS

El pasado 19 de marzo declararon seis exmiembros del Consejo de Administración de la caja alicantina que aseguraron que este órgano aprobaba el cien por cien de las operaciones de crédito que les llegaban y que, como aparecían ligadas al nombre de sociedades y no de sus propietarios, no sabían que Avilés fuera el beneficiario de las mismas.

Otros ocho exdirectivos señalaron al día siguiente que el Consejo no recibió el informe técnico pertinente para la concesión de los créditos al expresidente de la Comisión de Control sino que sólo obtuvo "pantallazos" y "explicaciones verbales" sobre el mismo, según informaron fuentes jurídicas.

Según un informe del Banco de España que consta en la causa, Avilés utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja".

En concreto, pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%. El informe también revelaba que el expresidente de la CAM Modesto Crespo percibió 640.000 euros entre los años 2009 y el 2011 en concepto de dietas que no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que supone 30 veces más de la cantidad máxima autorizada por la entidad.

En función de su cargo le habrían correspondido 20.645. En el caso de Avilés, la Asamblea General aprobó que percibiese en el conjunto de los tres ejercicios un total de 14.996 euros, aunque se llegó a embolsar 308.000.