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La revisión de la sentencia absolutoria de Camps y Costa, la apertura del juicio contra Carlos Fabra y la recta final de las instrucciones de Nóos y parte de Gürtel llegarán en los próximos meses  

VALENCIA. El próximo martes el Tribunal Supremo revisará la absolución del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del diputado del PP Ricardo Costa por el caso de los trajes, una pieza separa del caso Gürtel por el ambos fueron juzgados y declarados no culpables por un jurado popular. La vista, que se celebrará a puerta cerrada, será la primera prueba de fuego para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, y de rebote para estabilidad de la Generalitat de Alberto Fabra, de la que se prevé una primavera judicial caliente para la formación.

El avance de las distintas instrucciones judiciales sobre supuestos casos de corrupción que han salpicado la actividad política en la Comunitat Valenciana está entrando en momentos clave. Al margen de la revisión del veredicto de Camps -"no es normal que el Supremo anule la sentencia de un jurado, pero los jueces no son ajenos a un ambiente social como el actual y, por tanto, todo es posible", apunta un abogado próximo al caso- es inminente que el juez del caso Fabra fije la fecha para la celebración del juicio oral, que sentará al expresidente de la Diputación en el banquillo acusado de tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal.

Descontado el caso Fabra -son nueve años los que ha tardado la Justicia en llegar a este punto- la agenda judicial se irá escribiendo a medida que los jueces avancen en sus investigaciones y tomen decisiones que se antojan clave. De todas las vertientes del caso Gürtel la que más avanzada está es la que corresponde a las adjudicaciones de los stands de Fitur a Orange Market, la filial valenciana del entramado de Correa.

En este caso el TSJ ya ha cerrado la instrucción y ha ordenado el procesamiento del exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such. De seguir los trámites habituales, la norma será que se ordene la apertura de un jucio oral. Más compleja está siendo la instrucción de la parte que afecta a la financiación irregular del PP, en la que también hay imputados varios dirigentes del partido.

LA INCÓGNITA DEL CASO NÓOS

Pero si algún caso está despertando expectación política es el que investiga un juzgado de Palma de Mallorca por los negocios del Instituto Nóos, la empresa de Iñaki Urdangarin. El juez Castro tiene abiertos varios frentes en Valencia, tanto por la contratación de esta sociedad para la organización de las jornadas sobre el impacto económico de eventos deportivos -Valencia Summit- como para estudiar la posible organización de unos Juegos Europeos.

Todas las miradas apuntan en estos momentos a Francisco Camps y a Rita Barberá. El juez no los ha llamado a declarar, pese a que por su despacho han pasado en calidad de testigos o de imputadas un alto número de funacionarios y altos cargos del Consell. Son muchas las fuentes judiciales que vinculan esta decisión al hecho de que si el juez los imputara, al ser aforados (ambos son diputados autonómicos) tendría que enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 

La instrucción del caso Nóos podría estar terminada antes del verano. La decisión que finalmente tome el juez en referencia al expresidente y a la alcaldesa de Valencia será otro de los momentos clave de la agenda judicial

BRUGAL Y EMARSA

Estos procesos son los que tocan más de cerca al que fue núcleo duro de la Generalitat Valenciana y del PPCV durante el mandato de Francisco Camps. Pero hay al menos otros dos procesos que también esperan decisiones relevantes: el caso Brugal, con decenas de imputados en Alicante, entre ellos el exalcalde Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo. También en este caso hay varias ramas de investigación abiertas, ya sea por las adjudicaciones vinculadas a los vertederos como por el PGOU de Alicante. En ambos casos, el empresario Enrique Ortiz está implicado.

Finalmente, y pese a que hasta la fecha no hay ningún alto cargo del Consell implicado, el caso Emarsa, sigue avanzando en el juzgado y desvelando cada día la magnitud del saqueo que se produjo en la depuradora de Pinedo. La complejidad del caso le augura un largo recorrido.