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MADRID (EFECOM/VP). La Comunitat Valenciana recibió en 2012 del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 3.855 millones de euros, de los destinó 2.345 al pago de vencimientos de deuda y 1.510 al pago a acreedores no financieros, y fue la segunda que más fondos obtuvo, solo por detrás de Cataluña.

El Gobierno ha facilitado estos datos, publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), en respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Ximo Puig. Las nueve comunidades autónomas adheridas en 2012 al FLA recibieron en conjunto 16.774,17 millones de euros, de los que 9.162,38 se destinaron al pago de vencimientos de deuda y 7.611,79 al pago a acreedores no financieros. Asimismo, se informa de que el importe de los anticipos a cuenta satisfechos en 2012 ascendió a 8.089,11 millones.

La cifra recibida por la Comunitat es superior a la que se ha venido manejando en los últimos meses. La Generalitat siempre ha estimado en unos 3.000 millones lo recibido en 2012, de los cuales 1.477 eran por vencimiento de deuda y el resto para otras necesidades de financiación.  

Fuentes de la Conselleria de Hacienda, explicaron a este periódico que la diferencia obedece a que a final de año se incluyó en el FLA de forma extraordinaria un crédito con una entidad financiera nacional. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dotó con 18.000 millones de euros el fondo y, según la información publicada, distribuyó entre las comunidades la práctica totalidad de las cuantías solicitadas. Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Baleares y Cantabria fueron las nueve autonomías que pidieron liquidez al Gobierno con cargo al FLA, que se aprobó ante las dificultades de algunas autonomías para financiarse con normalidad en los mercados.

De ellas, Cataluña fue la que más fondos obtuvo, 6.732,28 millones, seguida de la Comunitat Valenciana (3.855,89), Andalucía (2.827,42) y Castilla-La Mancha (1.037,22 millones). El Programa de Aplicación del FLA especificaba que los importes percibidos debían destinarse obligatoriamente primero a abonar los pagos de sus vencimientos de deuda pública y, después, a pagar a los proveedores.

Las solicitudes del fondo tenían que ir acompañadas de un plan de ajuste, aprobado por el propio Ministerio, que garantizase de forma creíble el compromiso de cumplimiento con el objetivo de estabilidad presupuestaria y del déficit del 1,5 por ciento del PIB fijado para el año pasado.

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