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VALENCIA. El tiempo se acaba. Después de más de dos meses de espera, el Ministerio de Hacienda sigue poniendo reparos para autorizar el crédito de 150 millones de euros pactado entre la Generalitat y las entidades financieras para salvar de la quiebra a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Según fuentes conocedoras de la operación, el Consell considera que el tiempo cuenta en contra del futuro de la entidad y reclama al ministerio que acepte los acuerdos alcanzados, ya que considera que se la puede sacar adelante, sin que ellos signifique un quebranto para la Generalitat .

Sin embargo, el departamento que dirige Cristóbal Montoro antepone el cumplimiento de los compromisos de déficit y los límites del endeudamiento a cualquier otro aspecto. Según su valoración, las condiciones impuestas por Sabadell CAM, Bankia, BBVA y CaixaBank no son aceptables, por lo que la SGR tendría que enfrentarse a la causa de liquidación, que creía haber disipado tras el preacuerdo alcanzado el 8 de enero.

LAS CONDICIONES DEL CRÉDITO

Según la SGR, "el acuerdo contempla una estructura de refinanciación que permitirá hacer frente a las reclamaciones eventuales que las entidades financieras tienen con ella por razón de la ejecución de los avales de los que actualmente son beneficiarias y, a su vez, dotarse de recursos propios".

La financiación se instrumenta mediante dos líneas o tramos de financiación. Por un lado, un tramo senior equivalente a un 63% de cada reclamación frente a la SGR; y por otro lado, un tramo participativo, por un importe equivalente al 37% de cada reclamación.

En la propuesta, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero. Aunque no se trata de los cinco años que planteaba en un principio Sabadell CAM (condicionado por el necesario visto bueno del Fondo de Garantía de Depósitos), este plazo está lejos de los ocho años a los que inicialmente aspiraba la Generalitat.

Hasta que no se consiga una autorización del ministerio, la entidad no podrá retomar su actividad de facilitador de créditos para pequeñas y medianas empresas en condiciones más ventajosas que las entidades financieras convencionales, como es su fin.

11 MESES DE SOBRESALTOS

La Generalitat ya inyectó 60 millones de euros en abril de 2012 para que la sociedad no entrara en causa de disolución. Sin embargo, la auditoría realizada por KPMG en el mes de mayo desveló que la SGR tenía un desfase contable de 50 millones de euros, lo que volvía a poner en riesgo su continuidad

De este modo, el nuevo consejo, presidido por la empresaria castellonense Dolores Font Cortés, se enfrentó a un rotundo cambio de planes. Lo que iba a ser un trabajo de tipo estratégico se transformó en un operación de salvamento en toda regla y el nuevo consejero delegado, Santiago de Santos, inició una dura negociación para evitar la quiebra.

Al tiempo, más de la mitad de los miembros del nuevo consejo de perfil financiero y empresarial fueron renunciando al cargo a los pocos meses de haberlo asumido. En la mayoría de los casos, los esfuerzos requeridos en la entidad no eran compatibles a los que demandaban sus propias actividades privadas.

Si en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda no da su brazo a torcer, la SGR deberá entrar en fase de liquidación para su definitiva desaparición. Las deudas deberán ser asumidas por su accionistas, entre los que la Generalitat acapara el 41% de las participaciones.