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VALENCIA. Entre la burocracia y la necesidad. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado en Les Corts Valencianes que los nuevos órganos de gobierno de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se constituirán antes de que termine el mes y el contrato programa que fijará su presupuesto se firmará en abril, seis meses más tarde de lo previsto.

La idea inicial era que los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) fueran dejando sus puestos para ser sustituidos por los de las empresas que ganaran los concursos de externalización de las actividades que realizaban. Sin embargo, la falta de sincronía entre ambos procesos hace prever un desajuste que pone en cuestión la continuidad del servicio, según reconocen diversos potenciales proveedores.

La reducción de personal se completará antes de septiembre, dentro de cuatro meses, lo que significará para la empresa prescindir de la práctica totalidad de sus efectivos en servicios técnicos (cámaras, realizadores o técnicos de sonido), programas (productores, guionistas o redactores) y comercial.

UN LARGO TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Sin embargo, fuentes del sector aseguran que los trámites administrativos de redacción de pliegos, su control desde Madrid y Bruselas, la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el cumplimiento de los plazos para la presentación de ofertas, el análisis de las propuestas y su fallo llevará al menos seis meses.

"Es difícil que se complete el proceso antes de que termine el año", aseguran. De hecho, a partir del momento que ganen los concursos, las empresas también necesitarán un tiempo para proveerse del personal, a pesar de que se ponga a su disposición el material técnico con el que actualmente cuenta la televisión (unidades móviles, platós, cámaras o lanzaderas), como se ha hecho en las televisiones de Aragón, Extremadura o Baleares.

Desde la Generalitat se asegura que se han cumplido los plazos como estaba previsto y no se entra a valorar las dificultades que se plantean y que pueden llevar a un vacío de actividad que comprometa la continuidad de las emisiones de la televisión y la radio pública valenciana.

RELEVO EN EL MANDO

Aunque la ley del Estatut de RTVV fijaba el pasado mes de octubre como fecha límite para la elección de los miembros del nuevo consejo de administración y la aprobación del contrato programa que fijara el presupuesto público en la empresa, sólo Les Corts cumplieron los plazos, proponiendo a los candidatos para la ratificación del Consell.

Del anuncio realizado por Fabra se deduce que el pleno del Consell ratificará el nombramiento de los consejeros y de la directora general, Rosa Vidal, este viernes o en la semana de Pascua. Una vez tomen posesión, tendrán que firmar el contrato programa elaborado por la Generalitat con una vigencia de tres años e iniciar los trámites de adjudicación de los departamentos y franjas horarias externalizadas.

Actualmente, la Administración autonómica costea el 100% del gasto del ente, mientras que el contrato programa cubrirá únicamente los contenidos calificados como servicio público. Estos contenidos se limitarán a los informativos y producciones en valenciano o de las productoras valencianas (que serán al menos un 20% de la programación), según adelantó el vicepresidente del Consell, José Ciscar.

EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN

A partir de la constitución, la antigua RTVV, que se quedará con los 1.200 millones de deuda y el déficit también millonario, iniciará el proceso de extinción y liquidación. Se deberá elegir liquidador. Fuentes conocedoras del proceso advierten que la persona responsable no será el actual director general, Alejandro Reig.

El veterano directivo asumió el puesto en sustitución del dimitido José López Jaraba para completar el proceso de reducción de plantilla, ante la negativa de Rosa Vidal a asumir este proceso para poder partir de cero con la nueva empresa.

Desde un punto de vista legal, la coordinadora de este proceso ha sido la secretaria autonómica de Presidencia de la Generalitat, Cristina Macías, por lo que distintas fuentes apuntan que será ella la responsable del proceso de liquidación, como se ha hecho en otros casos.