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El grupo plantea nuevos ERE, mientras desecha viejos proyectos y encaja la imputación de su consejero delegado por el caso Bankia

VALENCIA (A. MOHORTE). Años de plomo para el negocio del acero. El Grupo Ros Casares, presidido por Francisco Ros Casares y que dirige su hijo Francisco Ros García, ha comunicado a los trabajadores de su planta en Vitoria un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el 45% de la plantilla en aplicación del nuevo plan de reestructuración de la acerera, tras la redefinición de la estrategia de la compañía.

El grupo está ultimando la presentación de sus cuentas de 2012, pero ya en las del ejercicio anterior registró pérdidas de 7,09 millones de euros tras varios años en los que empeoraba su diferencia entre ingresos y gastos. Aunque en las últimas semanas ha conseguido una importante refinanciación de su deuda, los ajustes siguen siendo necesarios, según fuentes próximas a la compañía.

La caída de la demanda de acero en España y de sus plantas en Francia y Polonia ha erosionado la compañía en los últimos años hasta obligarla a seguir tomando medidas económica y socialmente contundentes.

La medida de ajuste en la planta alavesa continúa las que ya acometió en los centros valencianos del grupo en Puzol, Xirivella y Almussafes en los pasados años y que se zanjaron con la aplicación de ERE temporal. Sin embargo, donde más intenso ha sido el repliegue del grupo ha sido en el resto de actividades.

PROYECTOS DESECHADOS

Uno de los últimos proyectos descartado ha sido la Terminal Polivalente Portuario de Sagunto, que consistía en la explotación de un recinto dedicado al procesado y transporte marítimo de productos siderúrgicos para el que el Grupo Ros Casares y Banco de Valencia, a través de Inversiones Valencia Capital Riesgo, contaba con una concesión desde junio de 2006.

A finales del pasado año, la empresa solicitaba a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la extinción de la concesión después de que la infraestructura quedara suspendida temporalmente desde 2009 y la evolución de los acontecimientos en el Grupo Ros Casares y en el Banco de Valencia obligaran a descartar el proyecto.

Por otra parte, continúa paralizado el proyecto de Brava Steel en Parc Sagunt. El idea original iba a significar una inversión de 450 millones de euros para producir más de un millón de toneladas de chapa al año, que permitiría a la planta una facturación de 600 millones de euros anuales, convirtiéndola en el mayor centro de producción del España, para cubrir también la demanda de Francia y Portugal.

MARCHA ATRÁS INMOBILIARIA

Otra de las grandes iniciativas que ha tenido que replantearse ha sido el complejo de viviendas y oficinas Ciudad Ros Casares. El pasado mes de diciembre, tras más de medio año de negociaciones, la empresa decidió vender su participación a Sabadell CAM, que la había heredado de la caja alicantina.

El banco ha asumido el proyecto a cambio se cerrar los créditos adeudados y prestar parte del espacio destinado a oficinas para albergar en régimen de alquiler la sede de Ros Casares. Aunque la familia Ros se había resistido a entrar en el negocio inmobiliario en los tiempos de la burbuja, el proyecto arrancó en 2005.

Para su inauguración, en enero de 2009, la crisis ya había entrado de lleno y el complejo se convertiría pronto en un ciudad fantasma. En esta situación, a principios de 2010 venció el préstamo otorgado para la puesta en marcha del proyecto, pero la empresa lo renegoció hasta aplazarlo a enero de 2012.

Para cuando volvieron a cumplirse los plazos, los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya estaban al frente de la CAM y en la entidad se decidió empezar a buscar una salida definitiva, pese a que Ros Casares fuera pagando las cuotas que iban venciendo a lo largo de la negociación.

FINAL DE UN PATROCINIO HISTÓRICO

Ante la situación general de la empresa, los recortes han llegado también a su histórica actividad de patrocinio deportivo, entre la que destacaba desde hace 13 años el equipo de baloncesto femenino Ciudad Ros Casares, presidido por Germán Ros García.

Sólo doce días después de que el equipo ganara la final de la Euroliga, la empresa anunció que no podía seguir con el proyecto, condenando al club a la desaparición y forzando a sus jugadoras, consideras entre las mejores del mundo, a la diáspora. La decisión no fue fácil para la familia, muy implicada afectivamente con la iniciativa, según fuentes de la empresa.

Por otra parte, a todo este contexto, el consejero delegado del grupo, Francisco Ros García, fue incluido en la denuncia de Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra los consejeros de Bankia y tuvo que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el pasado mes de noviembre.

En su caso, las responsabilidades asumidas en la entidad se limitaron a ser consejero independiente en el periodo comprendido entre junio de 2011 y mayo de 2012. Sin embargo, esto no impidió que tuviera que cargar con la "pena de Telediario", apareciendo en los medios de comunicación a su entrada en elos juzgados entre otros consejeros con mayores implicaciones en la gestión de la entidad.