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Antonio Montabes, Ana Lanuza, Jaime Gil y Pedro Poyatos suenan para relevar a Teresa Gisbert en un momento en que la independencia de este estamento ha quedado en entredicho con las discrepancias entre el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Cataluña

VALENCIA (REGINA LAGUNA). Lo ocurrido entre el Fiscal General del Estado y el Fiscal Superior de Cataluña no es sólo un aviso para navegantes, para los "navegantes" que aspiran a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Valencia. Lo que ha pasado en la comunidad autónoma vecina es la prueba de que la relación entre Eduardo Torres-Dulce y el sustituto de la Fiscal Jefe Valenciana, Teresa Gisbert, debe ser algo más que cordial, profesional y de confianza.

Pese a ser de la misma asociación, su perfil conservador y, además, religioso, Torres-Dulce le ha abierto un expediente de remoción -léase destitución- al fiscal superior catalán, Martín Rodríguez-Sol, por opinar sobre la consulta de soberanía de Cataluña, mejor dicho, por opinar a favor de su legitimidad. 

Esta semana se espera la publicación en el BOE de la vacante para el cargo de Jefe de la Fiscalía de Valencia, puesto que ocupa en funciones desde el 23 de febrero Teresa Gisbert al haber cumplido en esa fecha cinco años en la Jefatura Provincial. No puede demorarse más.

CUATRO NOMBRES, MÁS LA POSIBILIDAD DE QUE GISBERT PUDIERA CONTINUAR 

Cuatro nombres suenan para un puesto que, pese a tener por encima al Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, es de especial importancia. Antonio Montabes, Ana Lanuza, Jaime Gil y Pedro Poyatos tienen una cosa en común que les pone en el disparadero de salida: pertenecen a la Asociación de Fiscales, la asociación mayoritaria y de tinte conservador, la que lidera el Fiscal General del Estado. En última instancia, queda la posibilidad de que la actual jefa, Teresa Gisbert, decidiera renovar, dado el "entente cordiale" existente con el Consell de la Generalitat Valenciana.

Pero como hemos visto en Cataluña, eso no basta. Regidos por la antigüedad y el escalafón, con instrucciones y órdenes de estricto cumplimiento -unidad de criterio, le llaman-, el cuerpo de fiscales se asemeja en su funcionamiento a un estamento militar. Cualquier duda, cualquier decisión importante que afecte a un alto cargo político debe consultarse por los cauces reglamentarios o de forma personal y telefónica, si es algo urgente, con el Fiscal General del Estado. Es quien tiene la última palabra.

Al contrario que la Judicatura, no tienen entre sus facultades la independencia como Poder del Estado, sino que dependen directamente del Ministerio de Justicia, y no sólo presupuestariamente. Y ello convierte a la Fiscalía, como cuerpo único, en un brazo del Gobierno. Hay que recordar que es el ministro de Justicia quien tiene la última palabra al elegir al Fiscal General y el Consejo de Ministros el que aprueba el resto de jefaturas. Y no hay más que ver las hemerotecas para comprobar que las Jefaturas y el Consejo Fiscal han ido al unísono con el color del Gobierno de turno.

Por tanto, la falta de quorum que ahora se vislumbra para la Fiscalía de Valencia se debatirá entre cuatro fiscales afines al Gobierno conservador y miembros de la asociación que lidera el Consejo Fiscal con seis votos, la Asociación de Fiscales. Los otros seis se dividen a partes iguales entre la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece la actual Jefa de Valencia, Teresa Gisbert, elegida bajo el Gobierno socialista, y tres consejeros independientes que son los miembros natos: el fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector Jefe.

CARGOS DE CONFIANZA  

Las jefaturas en la Fiscalía son cargos de confianza, pero como ha quedado patente en Cataluña, ello no es suficiente. Antonio Montabes, quien ya se presentó para la Fiscalía de Valencia hace cinco años, es quien tiene más puntos a su favor. En aquel momento y con un Fiscal General progresista bajo un Gobierno socialista, quedó casi igualado en votos con la actual jefa, Teresa Gisbert. Ahora tiene antigüedad y también la confianza del Fiscal General. No obstante, desde Madrid interesaría que se reservara para el puesto de Fiscal Superior del Tribunal de Justicia, cargo que dejará vacante Ricard Cabedo el próximo mes de septiembre.

La segunda candidata es Ana Lanuza, la fiscal coordinadora de la Sección Civil de la Fiscalía valenciana. Tiene en común con el resto de candidatos su adscripción conservadora y, en este caso, también pertenece a la Asociación de Fiscales. Lo ha hecho bien durante su mandato.

Por su parte, Jaime Gil, coordinador de la Sección de Siniestralidad Laboral, ha destacado por su labor de mediación en accidentes laborales importantes, como el 'caso del amianto'.

Otro eterno aspirante es Pedro Poyatos, fiscal independiente pero de perfil conservador, ocupa el puesto de teniente fiscal en la Fiscalía de Valencia y ya pugnó en 2004 por la Fiscalía Superior cuando fue elegido Miguel Falomir por un corto periodo antes de su jubilación.