Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. La situación para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se complica por momentos con el avance de la instrucción del caso Nóos. La Fiscalía Anticorrupción baraja solicitar al juez José Castro, encargado de la causa, que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que impute a los dos dirigentes políticos y a otros miembros de la adminstración. Esto conllevaría la separación de esta parte del caso dado que Barberá y Camps son diputados autonómicos y, por tanto, aforados.

Según han informado diarios como El Mundo o Las Provincias, la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de un posible delito en las actuaciones de ambos dirigentes para la adjudicación de contratos entre 2004 y 2006 con el Instituto Nóos, dirigido por Iñaki Urdangarin, para la celebración del Valencia Summit.

Estas informaciones coinciden con las conclusiones del Tribunal de Cuentas hechas públicas este jueves acerca de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB). En un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local, subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit, la FTVCB, son aportados por el Ayuntamiento de Valencia, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.

EL FISCAL PIDE QUE SE CITE COMO TESTIGOS A GONZÁLEZ PONS Y ROMERO

Además, la Fiscalía Anticorrupción solicitó este jueves al juez del caso que cite a declarar como testigo al asesor legal de la Casa del Rey José Manuel Romero, conde de Fontao, al exconseller de Presidencia valenciano y dirigente del PP Esteban González Pons y a otras treinta personas.

La petición de que se cite como testigo a Romero deriva de la declaración que prestó en los Juzgados de Palma el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, sobre el presunto desvío de fondos públicos a través de Nóos y la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, entidad sucesora del instituto.

En cuanto a González Pons, ahora vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, la Fiscalía entiende que debe explicar el convenio que firmó con Nóos como responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana para la celebración en Valencia de los Juegos Europeos 2006, por los que la Generalitat pagó 382.203 euros.

La declaración se fijó para la primavera del año pasado, pero finalmente fue aplazada, por lo que Anticorrupción solicita ahora que vuelva a programarse.

El fiscal Pedro Horrach también pide a Castro que llame a declarar a otra treintena de testigos en lo que podría ser la parte final de la instrucción del caso.