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VALENCIA. El anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local sigue inquietando a los alcaldes y presidentes de la diputaciones. Los dirigentes municipales lamentan el amplio abanico de ‘puntos negros' que contiene el texto hecho público desde el Ministerio de Hacienda.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, mantuvo este martes un encuentro con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, en el que le transmitió una serie de quejas y peticiones acerca del anteproyecto publicado.

Una de ellas, la eliminación de cualquier retribución -ni siquiera dietas- para alcaldes de localidades de menos de 1.000 habitantes. "No se le puede pedir a la gente que tenga que pagar dinero de su bolsillo para ser alcalde", comenta un diputado provincial a ValenciaPlaza.com.

En este sentido, fuentes de la Diputación señalaron que con las condiciones que impone el Ministerio de Hacienda, las personas que estén en la empresa privada tendrán casi imposible acceder a una alcaldía. Así, otra de las peticiones que salen desde la corporación provincial es la modificación de la legislación necesaria para que los trabajadores en el ámbito privado dispongan de condiciones especiales para poder cumplir con la función pública de dirigir un ayuntamiento.

No son las únicas sombras de la reforma que aspira a introducir el Gobierno central. Según las fuentes consultadas, existe preocupación entre los alcaldes por la indefinición en el anteproyecto sobre la figura del interventor. Un ‘hombre de negro', a juicio de diversos dirigentes locales, encargado de supervisar la gestión pero que podría ralentizar cualquier procedimiento en el día a día de un consistorio. 

LAS COMPETENCIAS: UN LABERINTO SIN UNA SALIDA CLARA 

Otras de las quejas elevadas al presidente de la FEMP se centra en la indefinición sobre las competencias. Uno de los puntos más preocupantes es que exista delegación de competencias de las CCAA y que el anteproyecto deja abierta la posibilidad de descontar de la asignación a los consistorios; algo que los alcaldes rechazan de plano. "Si el Gobierno aplica esto, tendrá muchos problemas con alcaldes del PP", explica un dirigente local de la formación ‘popular'.

Por otro lado, en el ámbito de la corporación provincial subrayan que tampoco quedan claras las competencias que deberán afrontar ni una definición sobre las que asuman las diputaciones porque los ayuntamientos no puedan afrontarlas con eficacia. "Se supone que la corporación provincial asume cinco años las competencias para luego devolverlas, un plazo extraño porque supera la legislatura. Además, no se explica al detalle cómo debemos financiar estos servicios. Hay muchísimas lagunas, entre otras cosas porque no han consultado a las diputaciones", subraya un alto cargo de la corporación provincial.

Otra de las quejas elevadas desde la Diputación de Valencia, según las citadas fuentes, es la posibilidad de que los ayuntamientos sean intervenidos pero sin que existan unas condiciones definidas para ello.

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