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BRUSELAS (EFECOM). La liquidación ordenada de Banco de Valencia en lugar de su venta a CaixaBank por 1 euro hubiera supuesto un coste a largo plazo de entre 5.600 y 7.400 millones de euros, mientras que las necesidades de capital iniciales para España hubieran ascendido a 8.000 millones de euros.

Así consta en el informe sobre el plan de reestructuración de Banco de Valencia aprobado por la Comisión Europea el 28 de noviembre pasado y del que se publicó hoy la parte no confidencial.

Para comparar los costes de una liquidación ordenada como alternativa a la venta de Banco de Valencia, las autoridades españolas han analizado y cuantificado los gastos de la disolución en base a la división de la parte sana y la parte "mala" del banco.

El Gobierno español han tenido en cuenta que la parte sana del banco sería vendida y que los activos restantes permanecerían en Banco de Valencia pero metidos en una especie de banco puente para su posterior liquidación.

También ha supuesto que el capital compuesto por acciones y deuda híbrida y subordinada seguiría en la entidad para formar parte de los instrumentos sujetos al reparto de la carga.

"Dependiendo del perímetro del banco bueno, los costes económicos a largo plazo de la liquidación ordenada de Banco de Valencia fueron estimados en una horquilla de entre 5.600 y 7.400 millones de euros, mientras que las necesidades de capital inmediatas ascenderían a aproximadamente 8.000 millones de euros", señala el informe aprobado por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

Estos 8.000 millones hubieran servido para absorber en parte las pérdidas e inyectar liquidez.

Antes de abrir el periodo para recibir las ofertas de compra no vinculantes, se establecieron una serie de criterios, con el fin de decidir si seguir adelante con el proceso de venta o iniciar la liquidación ordenada de Banco de Valencia.

Una de las exigencias era que los costes económicos totales a largo plazo, incluidas otras peticiones para ayudas de apoyo, estuvieran por debajo del coste de liquidación de 7.300 millones de euros, indica la Comisión Europea en el documento.

Este monto sería un criterio establecido para determinar si continuar o no con el proceso de venta del Banco de Valencia, un punto de referencia marcado dentro de la horquilla de costes a largo plazo estimados.

El pasado 28 de febrero CaixaBank formalizó la adquisición del 98,9 % del capital social de Banco de Valencia, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes.

El cierre de la compra implica la entrada en vigor del esquema de protección de activos mediante el cual el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) asumirá durante un plazo de diez meses el 72,5 % de las pérdidas que experimente la cartera de pymes y autónomos y los avales de Banco de Valencia, una vez aplicadas las provisiones ya existentes en estos activos.

Banco de Valencia celebrará el próximo 14 de marzo la junta general de accionistas en la que está previsto que se apruebe el nombramiento del nuevo consejo de administración, compuesto por seis consejeros dominicales y tres independientes.

CaixaBank culminó así el proceso iniciado el pasado mes de noviembre, cuando suscribió por el precio simbólico de un euro el contrato de compraventa de las acciones de Banco de Valencia titularidad del FROB, que inyectó 4.500 millones de euros a Banco de Valencia antes de su venta.

El pasado 21 de diciembre se materializó también el traspaso de activos problemáticos del Banco de Valencia al banco malo, la Sareb, por un importe de unos 1.960 millones de euros.

Después de la integración de Banco de Valencia en CaixaBank, la entidad combinada se racionalizará según la densidad geográfica y la rentabilidad, y en aquellas áreas en las que tanto Banco de Valencia como su comprador están presentes, este último reducirá las filiales y los empleados propios o los de la entidad adquirida.

Al menos entre un 80 y 90 % de las filiales serán cerradas hasta el 31 de diciembre de 2015 y entre un 40 y 50 % de los empleados de Banco de Valencia serán despedidos.

De forma combinada tendrán unos activos de 374.000 millones de euros, préstamos a clientes por valor de 237.000 millones, depósitos por 145.000 millones y un capital total de 30.000 millones, según Bruselas.