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MADRID (EP/VP). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incoado diligencias y abierto un total de siete piezas separadas por cada de las querellas presentadas que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, ha presentado por presuntas irregularidades en las actividades de gestión desarrolladas por los miembros de la antigua cúpula del Banco de Valencia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha solicitado ya también a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la admisión o no a trámite de estas querellas, que se han presentado por separado para facilitar la instrucción, según las mismas fuentes.

Las nuevas acciones judiciales, que analizan actuaciones concretas autorizadas por sus antiguos gestores, fueron anunciadas en el Senado el pasado día 19 por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que "el tema se estaba preparando y se trasladaría a los tribunales muy rápidamente".

Tres días después el director general del FROB, Antonio Carrascosa, concretó que las querellas iban dirigidas contra los exdirectivos del Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012.

OTRA QUERELLA EN JUNIO

Las nuevas acciones judiciales fueron presentadas en el juzgado de Pedraz porque es este el magistrado tramita desde el pasado mes junio la querella del FROB en la que se imputa a la cúpula de la entidad valenciana los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.

Esta primera querella del FROB, dirigida contra los exconsejeros Domingo Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, ponía de manifiesto que en octubre de 2011 el Consejo de Administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad.

Según estas mismas fuentes, en las siete querellas aparece el nombre de Parra, mientras que la aparición de otros nombres, como el del expresidente del Banco de Valencia José Luis Olivas, varía en función de los hechos atribuidos en cada una de las acciones judiciales.

La presentación de la primera de las querellas dio lugar a la intervención de la entidad por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011. Hubo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.