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PALMA DE MALLORCA (EP). El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha aceptado la personación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) en calidad de actora civil, de forma que, si bien no ejercerá acciones penales contra los imputados de la causa, sí podrá reclamar las cantidades que supuestamente fueron malversadas por el Instituto Nóos en la organización de las tres ediciones del denominado Valencia Summit.

Así lo ha acordado el juez mediante una providencia dictada este miércoles, después de que a finales del pasado mes de enero ofreciese a Cacsa, al igual que a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, la posibilidad de ser parte en el proceso a fin de poder reclamar la reparación del daño al que presuntamente se vieron sometidas.

Y es que tanto Cacsa como la anterior Fundación intervinieron en la firma del convenio, en septiembre de 2004, y de dos addendas posteriores (2005 y 2006) para la puesta en marcha del evento Valencia Summit, cada una de cuyas ediciones costó 1,044 millones de euros, a pesar de que los investigadores cifran en unos 300.000 euros el coste real de cada una de ellas.

También la Generalitat valenciana se ha personado como actora civil, para poder reclamar en su caso los 382.000 euros supuestamente defraudados en virtud de un convenio rubricado con Nóos junto a la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Tanto las cantidades abonadas por los Valencia Summit como por los Juegos Europeos fueron tenidas en cuenta por el magistrado a la hora de imponer una fianza civil de 8,1 millones de euros contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, y que además incluye los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración de un primer foro sobre turismo y deporte en Baleares -Illes Balears Forum- (2005) y los 1,085 millones del segundo (2006).

Asimismo, a estas cifras se sumaban los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

NUEVAS PETICIONES DE ARCHIVO

Por otro lado, en la misma resolución judicial, el magistrado acuerda dar traslado a las partes personadas de las peticiones de sobreseimiento formuladas por el empresario catalán Joaquim Boixareu y por el consultor Valentí Giró, ambos imputados en el marco de estas pesquisas.

En concreto, las investigaciones se integran en la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, que a nivel global indaga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) bajo la última legislatura de Jaume Matas. Asimismo, se centran en una financiación supuestamente irregular del PP balear y en el enriquecimiento presuntamente ilícito del exdirigente 'popular' durante su etapa como máximo mandatario del Ejecutivo.