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MADRID (EFECOM).- Las diez grandes empresas de alimentación y bebidas no contribuyen, con sus políticas y actuaciones, a lograr un sistema alimentario más justo a pesar del "enorme" poder con el que cuentan, de hecho, en algunos casos reducen las oportunidades económicas de las personas más pobres.

Así lo asegura Oxfam en el informe "Tras la marca", en el que evalúa el impacto social y medioambiental de las diez mayores empresas alimentarias del mundo, de las que considera que a pesar de los programas de responsabilidad social y de sostenibilidad que han llevado a cabo, no abordan las causas principales del hambre y la pobreza.

La ONG ha examinado en el informe a las empresas de alimentación en relación a sus cadenas de suministro y que son Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo y Unilever.

Estas diez empresas generan en conjunto unos ingresos de más de 1.100 millones de dólares al día y dan trabajo a millones de personas de manera directa e indirecta.

En concreto, la ONG las ha analizado en siete ámbitos: en la igualdad de género, los pequeños agricultores, los trabajadores agrícolas, el agua, la tierra, el cambio climático y la transparencia.

Nestlé y Unilever son las mejores situadas en el informe debido a que han desarrollado y publicado una mayor cantidad de políticas dirigidas a abordar los riesgos sociales y medioambientales de las cadenas de suministro, pero "cierran los ojos" ante el acaparamiento de tierras y la explotación de las mujeres.

ABF y Kellogg, en la parte más baja de la clasificación, tampoco han abordado las cuestiones sobre el derecho a la tierra, o el problema de la pobreza y la falta de oportunidades de las mujeres.

"A las diez grandes les queda mucho por hacer para lograr un sistema alimentario que garantice que todo el mundo tenga siempre suficiente que comer", sentencia Oxfam en el informe, en el que, no obstante, reconoce que se han producido algunos avances y compromisos.

Subraya que estas empresas no son suficientemente transparentes, lo cual "dificulta comprobar la veracidad de sus declaraciones en cuanto a su sostenibilidad y la responsabilidad social", además ninguna tiene las políticas adecuadas para proteger a las comunidades locales del acaparamiento de tierras.

Tampoco toman medidas suficientes para frenar las "enormes" emisiones de gases de efecto invernadero por parte del sector agrícola, ni se han comprometido a garantizar que reciben un precio justo por sus productos.

Además, la mayor parte de ellas ha evitado evaluar y limitar las repercusiones que sus actividades tienen en los recursos hídricos locales, especialmente, en regiones donde escasea el agua y la competencia para conseguirla es más intensa.

Solo Coca-Cola y PepsiCo han desarrollado políticas que tienen en cuenta los efectos de sus actividades en el acceso al agua.

Si bien las diez compañías consideran que están limitadas por las exigencias fiscales y las de los consumidores, Oxfam opina que algunas medidas como el pago de salarios adecuados a los trabajadores y pagar precios justos a los pequeños agricultores "están indudablemente" en su mano.

Por eso, les insta a que se replanteen su actual modelo de negocio e inicien una "competencia sana" para garantizar un sistema alimentario más justo y sostenible.

Además, las empresas, continua Oxfam, deben reconocer que las decisiones que se han tomado "en las salas de juntas" durante los últimos cien años han tenido consecuencias "tremendas" para millones de personas.

Las empresas han coincidido en señalar tres argumentos por los que la visión de Oxfam no es la adecuada porque, a su juicio, los problemas del sistema alimentario están causados por los gobiernos, las comercializadoras y los consumidores.

Sin embargo, la ONG insiste en que esto no exime a las empresas de asumir un "papel activo" en la promoción de la justicia social y económica en sus cadenas de suministro, a pesar de que otros miembros del sector no lo estén haciendo.

El informe "Tras la marca" se enmarca dentro de la campaña que lleva a cabo con el mismo nombre la ONG y que pretende trabajar con los consumidores, gobiernos y empresas para que el sector de la alimentación y bebidas asuma las responsabilidades en relación al impacto de sus políticas y prácticas.