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MADRID. El régimen de Hugo Chávez en Venezuela, el país de esa región que más compañías ha expropiado en los últimos años, ha multado a la cadena española Zara, del grupo Inditex propiedad de Amancio Ortega, por subir los precios en tiendas tras la reciente devaluación de la moneda local.

La sanción económica ha sido al cambio de unos 65.000 euros, así como el cierre durante tres días de las nueve tiendas que Zara explota en ese país, que funcionan en forma de franquicia a través del grupo Phoenix World Tranding.

La multinacional española Inditex, que explota más de 6.000 tiendas en todo el mundo, como siempre muy prudente, rechazó comentar la acusación y sólo explicó que en Venezuela sus tiendas no operan a través de la matriz del grupo textil con sede en Arteixo (La Coruña).

POR USURA Y EXCESO DE GANANCIAS

El director nacional de Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) de Venezuela, Trino Martínez explicó a Efe que las presuntas irregularidades en los nueve comercios de Zara fueron "la elevación arbitraria de precios", por lo que la acusación al grupo español es de usura, ofertas engañosas y "exceso de ganancias".

El Gobierno venezolano, en medio de la crisis por la enfermedad de su líder, ha advertido que desde que a primeros de febrero devaluó su moneda frente al dólar un 32% tiene que emplearse a fondo contra lo que ha definido como una "ola especulativa".

 Phoenix World Trading comercializa Zara en Venezuela desde que en 2007 Inditex le vendió su cadena de tiendas. Controla más de 160 tiendas en el país y comercializa marcas como Pull&Bear, Bershka, Mango, Adolfo Domínguez o Pronovias.

Esta venta que reduce sus riesgos en Venezuela demuestra que Inditex, presidida y dirigida por Pablo Isla, sabe el terreno que pisa en ese país, según han asegurado fuentes conocedoras del asunto. Además de Zara, la cadena de tiendas locales Beco y las ferreterías Epa también han sido cerradas y multadas por la misma causa por el gobierno venezolano.

ARGENTINA, YPF Y AEROLÍNEAS

Aunque es la Argentina peronista de Cristina Fernández de Kirchner, el país con mayor fama de expropiador por el tamaño de las empresas nacionalizadas, como han sido los casos de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans y también de la petrolera YPF a la española Repsol, el régimen venezolano de Hugo Chávez lidera la lista de empresas expropiadas en Iberoamérica, según las fuentes consultadas.

Lo que sucede es que muchas de las nacionalizaciones en casi todos los sectores económicos han afectado a grupos venezolanos, lo que ha provocado en los últimos años salidas masivas de capital a otros países de la región como Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos, sobre todo a Florida.

En 2007 el Estado expropió la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la industria cementera, la siderúrgica Sidor y se anunció la nacionalización del Banco de Venezuela que era del Banco Santander, y sobre el que después se cerró un justiprecio de 755 millones de euros con la entidad financiera española presidida por Emilio Botín.

También se han nacionalizado muchas empresas petroleras, no a la española Repsol, cadenas de supermercados, explotaciones agrícolas y numerosos edificios en el centro de Caracas. Asimismo, Chavez expropió la cadena de supermercados Éxito, del grupo francés Casino, y a la empresa de alimentos Monaca, participada mayoritariamente por la mexicana Gruma, además del grupo Agroisleña, con capital español.

La mayor fiebre nacionalizadora en el continente se vive actualmente en Bolivia, donde el régimen de Evo Morales, como dijo recientemente el ministro de Exteriores español, García Margallo, cada vez que tiene un problema interno, apuesta por expropiar una compañía extranjera.

EVO MORALES, EN PLENA OFENSIVA

En menos de una año Morales ha nacionalizado a tres grupos españoles: Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) que explota los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz a Abertis y la empresa pública española Aena, dos distribuidoras de energía a Iberdrola y una parte de la red eléctrica del país andino que era propiedad de Red Eléctrica Española (REE). Todas ellas se encuentran negociando un justiprecio, que por el momento parece retrasarse más de la cuenta.

Pero no han sido sólo a grupos españoles. Las expropiaciones y nacionalizaciones han sido una constante en Bolivia desde la llegada de Morales al poder en 2006, año en que el sector del gas y otros hidrocarburos pasó a depender del Estado. Esta política también ha afectado a la suiza Glencore, la anglo-holandesa Shell, la británica British Petroleum, la mexicana Chihuahua, la francesa GDF Suez, la italiana Telecom Italia o la canadiense South American Silver, entre otras.

Han sido tantas las demandas recibidas que Bolivia abandonó en 2007 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo donde normalmente se dirimen este tipo de pleitos.

INVERSIÓN CONCENTRADA EN PAÍSES MÁS SERIOS

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguró recientemente que la mayor parte de las empresas españolas que han invertido en Latinoamérica lo han hecho en países que "respetan las reglas del juego", tras las expropiaciones realizadas a empresas españolas en Bolivia. García-Legaz precisó que la inversión española en América Latina está "muy mayoritariamente concentrada" en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, países donde sí se respetan las normas.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Ep, García-Legaz advirtió además de que los países que expropian empresas extranjeras se crean, ellos mismos, problemas "a medio y largo plazo", pues "nadie invierte en un país en el que se arriesga a ser expropiado y más sin compensación".