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VALENCIA. La comparecencia este martes del Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de Les Corts Valencianes con motivo del informe de fiscalización de la Generalitat correspondiente a 2011, estuvo regada de ‘perlas' dirigidas al Gobierno valenciano por parte del fiscalizador de las cuentas.
El estilo tranquilo y comedido del auditor no le impidió dejar unos cuantos ‘recados' a la Administración respecto a su manera de afrontar ciertos asuntos. Uno de ellos, donde Vicente Queralt puso el foco con claridad, fue el referido a las empresas públicas: "No tienen control interno. Nacieron precisamente para huir del derecho administrativo", subrayó.
Para el fiscalizador, no sujetar a estas entidades a un control previo es "el origen de muchos de nuestros males". "No nos extrañemos por todo lo que ha podido pasar", recalcó, si bien apuntó a que este modo de actuar "se está subsanando al atribuir a la Intervención General una serie de facultades de control de las empresas públicas" al control del auditor. "Somos la primera comunidad autónoma que da este paso", reconoció.
Además, el Síndic de Comptes también apuntó a la necesidad de volver a "centralizar" la gestión de las empresas públicas "a través del presupuesto general de cada año" y dejar lo que se hizo en la externalización de servicios en la "época de bonanza".
Queralt avanzó que el próximo año recibirán todos los contratos del sector público a partir de una determinada cantidad. "Con eso haremos un informe", apostilló, además de recordar que la institución revisará la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Pago a Proveedores.
Preguntado por el diputado socialista Julián López por si se va a fiscalizar Feria Valencia, reconoció que tienen en este tema una discusión "jurídico-técnica". Pero, "de esto sí decimos que la deuda de Feria Valencia hay que computarla como deuda de la Generalitat y que cobra las subvenciones", subrayó.
CORRUPCIÓN: ENVÍO DE DOCUMENTOS SOBRE GÜRTEL Y NÓOS A LA JUSTICIA
Rafael Vicente Queralt, quien admitió su "preocupación" por los casos de corrupción que han ido apareciendo, detalló el envío de documentos a petición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) o de otros juzgados. Así, el auditor señaló que desde 2011 a 2013 se ha remitido documentación relacionada con la contabilidad electoral del PP, la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y la Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) al TSJCV.
Por otro lado, a Palma de Mallorca se le ha remitido documentos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y, aunque no especificó a qué órgano, también se trasladó documentación sobre las cuentas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Preguntado por los grupos de la oposición por los contratos para la organización del ‘Valencia Summit', Queralt recordó que en la fiscalización de los expedientes de adjudicación de este evento en 2004 y años siguientes "se han ido repitiendo las incidencias".
"No se justifica la necesidad de gasto, ni el precio, ni la excepcionalidad para acudir a procedimiento abierto", subrayó el síndic, quien añadió que los expedientes de contratación de Valencia Summit eran "incompletos".
UTILIZACIÓN DE LA SINDICATURA POR EL CONSELL
Los grupos de la oposición reclamaron a la Sindicatura de Comptes una mayor profundidad en la fiscalización de la Generalitat en determinados contratos públicos. El diputado de EU Ignacio Blanco reprochó a Vicente Queralt el papel que juega la institución de "avalista a la falta de transparencia del Consell" en referencia a que el Gobierno valenciano, en sus respuestas a preguntas parlamentarias por contratos públicos, se limita a señalar que han sido auditados por el ente.
"No me parece bien esa práctica", sentenció Queralt, quien apuntó que la Sindicatura de Comptes "ha visto lo que ha visto" en sus auditorías que se rigen por unas técnicas de muestreo de contratos. "Yo no sé si recibimos un contrato o no", recalcó.
"HARÍA FALTA UN CAMBIO LEGISLATIVO"
El Síndic Major de Comptes reconoció en su comparecencia que "haría falta" un cambio legislativo porque esta institución se rige por una ley de 1985 y sería necesario "arbitrar un procedimiento más ágil en materia de responsabilidad contable" que en la actualidad reside en el Tribunal de Cuentas.
Esta responsabilidad "debidamente actualizada" sería el elemento para conseguir la devolución del dinero sustraído en casos de "prácticas perversas" y producir además un "efecto ejemplarizante".
Bonitos pases toreros, lástima que sean a toro, no pasado, ... ¡muerto!. Eso 15 años antes.
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