Los objetivos del plan antifraude se estancan por la crisis, a pesar del impulso de la deducción por alquiler, según el informe sobre los alquileres sumergidos en España realizado por este colectivo

-La Agencia Tributaria lo niega

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VALENCIA. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que casi de dos de cada tres de los arrendamientos de viviendas localizados en la Comunidad Valenciana son alquileres sumergidos que escapan al control del Fisco. En la actualidad se calcula que existen 119.111 alquileres no declarados en esta comunidad autónoma, lo que representa el 61,3% del total del parque de viviendas alquiladas en la región, según la IV edición del "Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España" realizado por este colectivo.

Esta cifra está por encima de la media de España, donde más de la mitad de los arrendamientos de viviendas son alquileres sumergidos. Así, según las últimas estimaciones se calcula que existen más de un millon de alquileres no declarados en nuestro país, lo que represente el 55,4% del total del parque de viviendas alquiladas.

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados "medianamente aceptables", ya que si bien se contabilizaron 10.941 nuevos declarantes de viviendas alquiladas en la Comunidad Valenciana, el número de arrendamientos sumergidos aumentó en 49.563 en comparación con el año anterior.

De este modo, los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran en España casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los "alquileres negros" aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Esta norma recoge como "medida estrella" la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder "fichar" aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.

Unas rentas ocultas de casi 210 millones de euros anuales

Por otro lado, el estudio de los Técnicos cifra en 85,5 millones de euros el aumento de las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en la Comunidad Valenciana, hasta los 209,2 millones anuales, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, el fraude por alquiler de viviendas pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 34.318 inquilinos valencianos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

De acuerdo a estos datos, la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento "económicamente muy delicado" marcado por la recesión, la caída del empleo y las dificultades financieras que en general atravesaban las familias españolas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "los propietarios de viviendas alquiladas son principalmente personas que cambiaron de vivienda y alquilan la antigua para pagar la hipoteca de su vivienda nueva o personas mayores que complementan su pensión con un alquiler. Detrás de estas personas no hay grandes firmas de asesoría. Si la Agencia Tributaria estatal no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?".

Comunidad Valenciana, entre las que más cuantía defrauda

En lo referente a la cuantía defraudada en la Comunidad Valenciana, con 209,2 millones de euros, se sitúa entre las regiones más defraudadoras. En este sentido, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros respectivamente. En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en Archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.

Los valencianos, entre los que más defraudan

Del mismo modo, la Comunidad Valenciana, con un 61,2%, se sitúan entre las regiones que mayor proporción de fraude por alquiler de viviendas registran.

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8% del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y la propia Comunidad de Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.

Así, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 71% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen la propia Región de Murcia, Canarias (65,9%) y Comunidad Valenciana (61,3%).

Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en La Rioja, donde llama la atención que menos del 1% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de Cantabria y Aragón presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 23,8% y del 25,5% respectivamente.

La Comunidad Valenciana, entre las que más aumentan su número de alquileres sumergidos

Asimismo, el infome de Gestha muestra que la Comunidad Valenciana, con un incremento de 49.453 alquileres sumergidos, se sitúa como una de las comunidades que más aumentan este volumen.

Por el contrario, las regiones que lograron reducir en mayor medida la cifra de alquileres sumergidos y el fraude fueron las Islas Baleares. Así, recortaron en más de 11.000 los alquileres sumergidos, lo que supone una disminución de su bolsa de fraude por este concepto de más de 28 millones de euros.

El Principado de Asturias también experimentó una reseñable reducción de 3.104 alquileres sumergidos y 2 millones de euros, seguido de Cantabria, que disminuyó en 1.880 viviendas su parque de alquileres sumergidos y en 2,5 millones de euros el volumen de fraude por este concepto.

Medidas más efectivas para combatir el fraude fiscal

El informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en la puesta en marcha medidas más eficaces que las adoptadas hasta la fecha, con el fin de combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.

En primer lugar, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar las medidas necesarias para que los Técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones. De este modo, y mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), se aprovecharán al máximo su experiencia y capacidades, aumentando considerablemente el control tributario y aduanero, y el control del gasto público.

En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en nuestro país, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, lo que supone un montante de 245.000 millones euros. Según Gestha, con un plan eficaz de lucha contra el fraude y con esta autorización a los más de 8.000 Técnicos de Hacienda se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, y podrían recaudarse cada año unos 38.500 millones de euros adicionales.

Los Técnicos de Hacienda confían en que las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, aprobada a finales del año pasado, sea un primer paso para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

De hecho, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es agilizar los procesos de desahucio, uno de los puntos que más dificultades y alarma social sigue generando en el mercado del alquiler de viviendas. En esta línea, Gestha sostiene que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.