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VALENCIA. Hace unas semanas, la ministra de Educación alemana, Annette Schavan, tuvo que dimitir por lo que en ese país se considera un grave escándalo: la ministra había copiado algunos textos de otros autores, sin citarlos, en su tesis doctoral, leída hace 33 años. Acorralada por las evidencias, la ministra acabó presentando su dimisión. 

Existe cierta tradición en Alemania al respecto, puesto que ya hace unos años se produjo una dimisión muy similar: la del ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, que dimitió exactamente por el mismo motivo. En cambio, no existe ningún asunto similar en España (ni en la mayoría de los países, a decir verdad). Y no por falta de políticos doctores. En el partido en el Gobierno, sin ir más lejos, tenemos a algunos eximios representantes con esta graduación académica, como Rodrigo Rato, Federico Trillo o -más recientemente- Francisco Camps.

Naturalmente, puede ser que en España los políticos doctores no contemplen siquiera la posibilidad de copiar su tesis, y que ello explique la ausencia de escándalos. Aunque personalmente me decanto, más bien, por otra hipótesis: que nadie se ha molestado en comprobarlo y que, si así fuera, y algún político hubiese copiado su tesis doctoral, no pasaría absolutamente nada. Y no pasaría nada porque los criterios que, a ojos del público y de los propios afectados, justificarían una dimisión, distan de ser homogéneos entre los distintos países.

TRES TIPOS DE ESCÁNDALO: POLÍTICO, ECONÓMICO Y SEXUAL

El sociólogo inglés John B. Thompson publicó hace unos años un libro muy interesante, El escándalo político, dedicado a analizar los escándalos que afectan a la clase política, y que categorizaba en tres tipos: escándalo político (como el caso GAL o el Watergate), económico (como el caso Gürtel) y sexual (el caso Lewinsky, por ejemplo).

En su estudio, se explicaba el peligro que constituían los escándalos para la carrera de un dirigente político, por cuanto afectaban a lo que Thompson denomina "poder simbólico" de los líderes políticos. Es decir: su credibilidad ante la sociedad. Su carisma y el reconocimiento de sus actividades por parte de público y medios de comunicación. Su imagen pública, en resumen, sin la cual el político podía ver fácilmente truncadas sus aspiraciones, e incluso verse obligado a dimitir.

La dimisión era vista por Thompson como un recurso extremo, pero necesario, llegados a determinado nivel de ataques y de revelaciones, precisamente para preservar parte de ese poder simbólico. Para que, desde fuera de la política activa, el político pudiera defenderse.

El estudio de Thompson tiene el problema de que está volcado hacia el análisis de la situación en los países anglosajones, lo cual implica dos diferencias de calado frente a la situación en España (y en otros países mediterráneos).

La primera, que en España los políticos deben su puesto al partido, no a la sociedad, dado que los votantes no votan, en la mayoría de los casos, a una persona, sino a las siglas que representa. De manera que el político no considera -en muchos casos- que haya de rendir cuentas a la sociedad, sino a su propio partido. Por eso Camps sólo dimitió ante la llamada telefónica de Mariano Rajoy en la que se le conminaba a hacerlo. Una llamada que se produjo mientras el expresidentE se dirigía al juzgado, para defenderse y, obviamente, para hacerlo sin plantearse siquiera la dimisión. Y por eso Ana Mato, por toda respuesta cuando se le conmina a presentar la dimisión, afirma contar con el respaldo de Rajoy.

La segunda diferencia es que en los países mediterráneos los escándalos sexuales, en la inmensa mayoría de los casos, no tienen ningún efecto. Es más; ni siquiera se hacen públicos, porque se entiende que constituyen un aspecto de la vida privada de los políticos (y de cualquier ciudadano). No existe esa visión anglosajona, derivada del puritanismo protestante, de que la virtud pública exige correspondencia con una determinada moral privada. En España sería inconcebible que se produjeran escándalos como el caso Lewinsky, que estuvo a punto de provocar el proceso de destitución del presidente Bill Clinton.

La confluencia entre ambos matices nos lleva a situaciones como la de Ana Mato, que objetivamente se habría visto obligada a dimitir en países como Alemania o EEUU. Por estar involucrada en las actividades de su marido o, en caso de que nos creyésemos su línea de defensa (que no sabía nada, a pesar de que disfrutaba directamente de los regalos y dádivas que la trama Gürtel aportaba a su marido), por manifiesta incapacidad como gestora pública.

O situaciones aún más llamativas, como la del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que logró concentrar en su persona el raro honor de estar involucrado en los tres tipos de escándalos (políticos, económicos y sexuales), pese a lo cual sólo presentó la dimisión en el momento en el que se vio forzado a hacerlo por la pérdida de apoyos parlamentarios y por presiones que provenían de Bruselas y tenían poco que ver, en esencia, con sus escándalos. Al menos, de manera directa.

EL MANUAL DEL POLÍTICO ESPAÑOL: DIMITIR, JAMÁS

En las últimas semanas, han surgido un sinfín de escándalos políticos que afectan a significados dirigentes políticos y empresariales españoles, algunos de gran calado. La evolución de cada uno de esos escándalos ha mostrado, una vez más, la tácita unanimidad existente en España en cuanto a la forma más adecuada de responder a un escándalo que afecta a representantes políticos, y que podríamos resumir en: nunca hay que dimitir, salvo que -como ya hemos comentado- sea una instancia interna (el propio partido) quien así nos lo demande. El ruido generado por los medios o por los ciudadanos es griterío sin importancia, y no hay que prestarle la menor atención.

Mientras tanto, lo que hay que hacer es enquistarse en la posición de poder y resistir. El que resiste, gana, como decía Cela, y como, constantemente y en toda circunstancia, se aplica Rajoy en su acción (o inacción) política al respecto de los escándalos que le afectan. O como, en su momento, hizo Felipe González a lo largo de su última legislatura, a pesar de hallarse acosado por distintos escándalos de corrupción y por el asunto, mucho más grave, de los GAL.

La culminación de esta forma de ver las cosas es que, en España, la mayoría de los escándalos no afectan a la intención de voto de los ciudadanos, que se preocupan por el funcionamiento de los servicios públicos y, sobre todo, por cuál es su situación personal, con independencia de la falta de honradez de los políticos, que sería vista como una cuestión menor. O, incluso, como una cuestión endémica y, por tanto, ya descontada.

Precisamente por ello los políticos se resisten tanto a dimitir: quieren creer, porque así se ha deducido históricamente en España, que detrás de ese "griterío" mediático y ciudadano no hay nada, y que lo importante es mantener su posición de poder. Si la pierden, ahí sí que no hay vuelta atrás, como podremos constatar si nos fijamos en los -contados- dirigentes políticos que han dimitido en España: o bien no volvieron a ocupar responsabilidades políticas, o lo hicieron en puestos de menor nivel que el que ocupaban al dimitir.

Sin embargo, quizás esta forma de operar esté condenada (por fortuna) a tropezarse con el imprevisto veredicto de las urnas. Porque el contexto de crisis económica, que tantas cosas está cambiando, también ha provocado un viraje de la percepción y la implicación públicas ante este tipo de cuestiones. En particular, los escándalos de corrupción o de mala praxis, que contrastarían vivamente con los padecimientos de los ciudadanos.

Por eso, en este contexto, no es inteligente seguir pensando que los escándalos han de dilucidarse sólo legalmente. Para cuando llegue el momento de renovar la confianza ciudadana, esta puede haber descendido a abismos tan insondables, en términos de "poder simbólico", que sea imposible recuperarla. Sobre todo, mientras la falta de confianza vaya asociada con la continuación de la crisis.

#prayfor... el "uñagate" de Díaz Alperi

La nueva perspectiva mediático-ciudadana, mucho más dispuesta que antes a fiscalizar las malas costumbres de los dirigentes políticos, ha tenido como consecuencia que éstos estén sometidos a un escrutinio constante, en todos los aspectos de su actividad. Y, a veces, hasta niveles ridículos. Hablo del monumental escándalo que se ha organizado esta semana, en Twitter y en los medios de comunicación valencianos, en torno a la ya famosa manicura - tratamiento de heridas del diputado del PP Luis Díaz Alperi en su banco de Les Corts.

Díaz Alperi, perteneciente al oficioso tercer grupo, en número de diputados, de la cámara (el de los imputados del PP), dio la explicación de que tenía una herida en la uña y decidió tratársela desde su escaño, en lugar de ir a la enfermería. Sin embargo, posteriores revelaciones del "uñagate" pusieron en duda la veracidad de esta historia. Ante lo cual, sólo nos queda decir... ¡Qué escándalo! ¡Que dimita!

Este tipo de denuncias, siempre muy populares en España (un país donde a veces parece más grave viajar en primera clase en el tren que, por ejemplo, haber robado 22 millones de euros), proliferan cada vez más, y a niveles cada vez más absurdos. El "uñagate" de Díaz Alperi sólo es una muestra más. Un ejemplo que, en una sociedad más preocupada por lo relevante, y menos por lo anecdótico, nunca se habría convertido en escándalo.

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 (*) Guillermo López García 
es profesor titular de Periodismo 
de la Universitat de València. @GuillermoLPD