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VALENCIA (EP/VP). El secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Victoriano Sánchez-Bazcairtegui, ha explicado que la Generalitat prevé devolver los terrenos expropiados pero no ocupados por Ciudad de la Luz a sus propietarios, a quienes obligará a retornar las indemnizaciones percibidas. Con este dinero, pretenden pagar parte de las indemnizaciones a los dueños de las parcelas en las que se asienta el complejo.

Sánchez-Bazcairtegui se ha expresado de esta manera en la Comisión de Infraestructuras y Transporte de las Corts, con motivo de la pregunta formulada por la diputada socialista Eva Martínez, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula las expropiaciones llevadas a cabo para la construcción del complejo Ciudad de la Luz, en Alicante.

El TS estableció que fuera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el que realizara la propuesta de ejecución de la sentencia. Así, el responsable autonómico ha indicado que la Abogacía de la Generalitat ha trasladado al TSJCV una propuesta para que se resuelva el caso "mediante la restitución 'in natura' de las parcelas que no han sido ocupadas" y pagar una indemnización que fijará el tribunal a aquellos a quienes no es posible una devolución.

El secretario autonómico ha remarcado que lo que ordena el tribunal es que se devuelva el terreno a los propietarios, salvo en los que es imposible "y eso es lo que se va a hacer". Por ello, "se ha consultado en tiempo y forma al TSJCV, que no ha contestado todavía", pero "si eso se produce como esperamos" y los propietarios tienen que devolver dinero a la Generalitat, servirá para "pagar por los terrenos ocupados", ha indicado.

Sánchez-Bazcairtegui ha apuntado que se expropiaron cerca de 2,3 millones de metros cuadrados para Ciudad de la Luz, de los cuales 800.000 están ocupados por el complejo y el resto serán devueltos a sus anteriores propietarios.

AUSENCIA DE BONIG

La diputada socialista Eva Martínez, que ha lamentado la ausencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, a quien iba dirigida la pregunta, ha exigido conocer el número de propietarios afectados por las expropiaciones y el precio que ha supuesto para las arcas públicas. También ha pedido que se haga público el dinero que se ha gastado la Generalitat en el realojo de los afectados por las expropiaciones.

En su intervención ha destacado que la sentencia del TS señala que la redacción del proyecto de expropiación es un "ejemplo de vaguedad" que "adolece de la mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión" y señala que "la inexistencia de causa expropiandi" es motivo de nulidad de la expropiación. En opinión de Martínez, esto "refleja la manera de actuar" del Gobierno valenciano.

Martínez, ha aprovechado para criticar un complejo "que no necesitamos y por el que llevamos pagado, que sepamos 265 millones". En este sentido, ha reprochado al Gobierno valenciano que se haya gastado "dos millones en licitar una rotonda que duró dos meses -porque la estructura de la misma fue derribada por el viento-- y en la que hay enterrada medio colegio de Primaria".
FGV

Por otro lado, el PP ha rechazado la petición de EUPV para que comparezca en la Comisión el nuevo director de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Pablo Cotino, al considerar que "quien debe dar respuestas es el Gobierno valenciano" y por ello afirma que quien debe comparecer es el conseller o el secretario autonómico.

La oposición ha lamentado que los 'populares' mantengan la línea de "impedir" la intervención en Corts del director de FGV, como se hizo con la exgerente Marisa Gracia, "quien nunca ha comparecido" en la cámara autonómica. En este sentido, el diputado de Compromís Juan Ponce ha señalado que se trata de un "cargo político" y eso justifica su presencia en las Corts.

La diputada de EUPV Marina Albiol ha reclamado la presencia de Pablo Cotino en las Corts porque "es nuevo y no ha venido todavía"; además de para informar de cómo afectará a los usuarios la reducción de frecuencias en el paso de los trenes, así como la reducción de la plantilla tras la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).