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VALENCIA. La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana denuncia que los Presupuestos de la Generalitat para obra pública han caído un 13,07% entre 2008 y 2013, pasando de 16 millones de euros a 14,9 millones, pero advierte que las inversiones reales se han reducido un 76,93%, pasando de 1,2 millones en 2008 a 760.000 euros en 2013.

El motivo de esta reducción está en que el 95% del presupuesto del ejercicio actual no tiene por objeto la licitación de nueva obra, sino al pago de expedientes pendientes y de anualidades de obras en curso.

La cámara ha transmitido en un comunicado que los actuales Presupuestos de la Generalitat demuestras que la situación de la Comunitat comportan "unas devoluciones de préstamos e intereses de tal magnitud que hipotecan por muchísimos años el futuro de nuestra comunidad autónoma".

REIVINDICACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL ESTADO

Como ejemplo, ponen la deuda autonómica, incluida empresas públicas, que se cifrada en 26,7 millones de euros (26,1% del PIB valenciano); el déficit, cifrado en 5,07 millones (al 31 de noviembre de 2012 y referido al año 2011), equivalente al 4,93% s/PIB; el FFPP, Plan de Pago a Proveedores, de julio 2012, que supuso 4,35 millones de euros; el Fondo de Liquidez Autonómico FLA-2012; el FLA-2013, que ya solicitado; entre otros datos.

"Esta situación de default, nos obliga a reclamar al Gobierno central inversiones productivas, que desde hace una década suponen una deuda de inversión en obras de 10,60 millones de euros", según el comunicado de la Cámara de Contratistas, para que se relance la actividad de la obra pública.

"Inversiones que la Generalitat, dada su situación financiera, no las va a poder acometer con recursos propios en los años próximos, y se nos dote igualmente de inmediato un nuevo y equitativo sistema de financiación", añade.

LA ‘CATASTROFE' DEL SECTOR

La entidad no duda en calificar de "catástrofe" la situación de su sector, incidiendo en el hecho de que, en términos de PIB, la Comunitat se encuentra al 50% de lo licitado en 1980 y al mismo nivel de inversión que en 1997.

Esta situación se debe, según la entidad, a que el Plan de Consolidación Fiscal y Estabilidad Financiera, que impuso a España en enero del año 2010 la Unión Europea, obligó a reducir el déficit público en nueve puntos porcentuales del PIB, en el quinquenio 2010-2014, alargado la convergencia en julio 2012 (reunión del Ecofin) al 2015.

A partir de ahgobierno decidió, "erróneamente" según la entidad, que el 20% del ajuste del déficit (-1'8 pp. s/PIB) recayera sobre la inversión en infraestructuras, "sin tener en cuenta el incremento de paro que ello comporta (cada mil euros de inversión en Obra Civil genera 12 Empleos directos, 6 indirectos y otros 5 inducidos, según cálculos de la Cámara) a la vez que significa un retorno fiscal del 60%, a corto plazo, para las arcas públicas.