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MADRID. Reyal Urbis se desploma en Bolsa. El viernes perdió un 16,06% y cerró a 0,115 euros por título y apenas capitaliza ya 34 millones de euros cuando en 2004 valía más de 1.500 millones. Tras confirmarse las dificultades de la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría para alcanzar otro acuerdo de refinanciación con la banca acreedora, a la que adeuda hasta 3.800 millones de euros.

A sólo unos pocos días para que finalice el plazo otorgado por la ley concursal para llegar a un acuerdo con las entidades financieras acreedoras, todo parece indicar que Reyal Urbis se encamina hacia el concurso de acreedores.

Así que puede que este gigante inmobiliario, producto de la adquisición por parte de su presidente, Rafael Santamaría de Urbis a Banesto y ACS por 3.300 millones, tenga que recurrir a concurso, como antes se han visto obligadas a hacer otras grandes empresas de este sector. Pero con las cifras del grupo, sería la segunda por volumen de dinero de la reciente historia económica, sólo por detrás de Martinsa-Fadesa, que fue de más de 7.000 millones de euros.

CADENA DE CONCURSOS EN EL INMOBILIARIO

La situación recuerda otra vez la cadena de concursos en el sector del ‘ladrillo' tras el pinchazo de la burbuja y que afectó a la mayoría de las grandes inmobiliarias españolas y a un gran número de empresarios conocidos como los ‘reyes del ladrillo', que años antes habían protagonizado numerosas operaciones, muchos de los cuales subieron a la cima del mundo de los negocios tan deprisa como cayeron después. Pero que durante unos años fueron el centro de todas las miradas, los únicos que crecían a velocidad de vértigo y no paraban de comprar nuevas empresas y de realizar todo tipo de operaciones.

Empresarios como Fernando Martín de Martinsa-Fadesa, Bruno Figueras de Habitat, Luis Portillo de Inmocaral, que llegó a invertir en FCC, Roman Sanahuja, Joaquín Rivero de Metrovacesa, Luis Nozaleda de Nozar, Felix Abanades de Rayet, Francisco Hernando el famoso ‘pocero' de Seseña y otros con mejor suerte ya que salieron a tiempo como Manuel Jové que vendió Fadesa a Martín e invirtió en el BBVA, Mario Losantos de Riofisa que vendió a Portillo, y hasta Enrique Bañuelos, el inventor de Astroc, que ha reaparecido recientemente en Brasil.

Excepto Metrovacesa y Colonial, que pasaron a ser controladas or la banca, y Vallehermoso y Testa, que están integradas en Sacyr además Testa gana dinero con sus alquileres, el resto de grandes protagonizaron una cadena de insolvencias que en algún momento parecía que no tendría fin.

Fueron los casos de Martinsa con más de 7.000 millones, de Habitat con 2.800 millones, de Mag Import y Alteco Gestión, controladas por la familia Soler y el empresario Joaquín Rivero con deudas conjuntas de 2.421,4 millones, de Sacresa con un pasivo de 1.800 millones, Nozar con un pasivo de 700 millones, Rayet, Aifos, Llanera, Tremon o Lábaro, entre otras muchas.

Cuando pasados unos años, algunas de ellas como Martinsa, Habitat, Llanera o Tremon ya han superado los concursos de acreedores, la situación de Reyal Urbis, que lleva años aguantando el chaparrón, es ahora agónica y pese a su desfase patrimonial tiene activos muy buenos como el complejo comercial Castellana 200 en Madrid. Pero la coyuntura es peor que mala, en gran parte por el sencillo hecho de que por las reformas financieras los bancos acreedores tienen provisionada su deuda y son más inflexibles que nunca.

MUY APALANCADA

La inmobiliaria de Rafael Santamaría adeuda a Santander, Banesto, Barclays, Banco Popular y RBS más de 1.400 millones, aunque el famoso ‘banco malo', la Sareb, es su principal acreedor con 707 millones de euros, de los que 650 millones provienen de Bankia y a el resto de Novagalicia, seguidos por 24 millones que adeuda al Banco de Valencia, 22 a Liberbank y 11 a Caja Duero. Según informa Efe, dentro del pasivo figura también la deuda de 350 millones que tiene contraída Inveryal, la sociedad patrimonial de Santamaría, con la banca, especialmente con el Santander y otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Y la actividad tampoco la está acompañando, dada la actual coyuntura económica. Entre enero y septiembre de 2012, Reyal Urbis perdió 258 millones de euros, el 89 % más que en los nueve primeros meses de 2011, lastrada principalmente por la menor venta de viviendas.

PETICIÓN DE PRÓRROGA LEGAL AL GOBIERNO

La situación del sector inmobiliario sigue siendo dramática, al punto de que la mayoría de las empresas que sobreviven esperan cada viernes que, en las resoluciones del Consejo de Ministros, se apruebe una norma vital para la viabilidad del sector que llevan meses pidiendo, la prórroga al menos un año más del real decreto ley 10/2008 que venció el pasado 4 de febrero.

Esta disposición permite a las empresas no computar las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, por lo que gracias a ello se libran de entrar obligatoriamente en causa de disolución, que es cuando tienen un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social.

La patronal de los promotores, la APCE, ha pedido al Gobierno que prorrogue esta norma, pero el sector teme que la banca esté presionando para que no lo haga.

La crisis inmobiliaria dejó a los bancos con casi 200.000 millones de euros de deudas incobrables y aunque hicieron mucho negocio con estos grupos, ahora llevan años sufriendo las consecuencias de ello.