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VALENCIA. Cualquier partido político, organización o empresa puede investigar a los miembros que la componen si considera que están perjudicándola. Un portavoz del Colegio de Detectives Privados de la Comunitat Valenciana asegura a ValenciaPlaza.com no tener constancia de la contratación por parte de políticos valencianos de estos servicios profesionales, aunque advierte que estarían amparados por la ley.

Al igual que una empresa puede investigar a un trabajador que considere puediera estar sustrayendo documentación o fingiendo una enfermedad para cobrar la baja laboral, un partido está "legítimamente interesado" para poder investigar a uno de sus responsables y confirmar si ha traicionado la confianza de sus superiores o, directamente, si estuviera cometiendo un delito.

Casos de tráfico de influencias, comportamientos incoherentes con el ideario de la formación, militancia simultánea en distintos partido o cualquier otra actividad que, de conocerse, pueda llegar a perjudicar al colectivo en el que voluntariamente ha querido integrarse y tomar responsabilidades son susceptibles de investigación.

INVESTIGAR, PERO NO ESPIAR

La Ley 23/92 de Seguridad Privada establece los límites del ejercicio profesional de los detectives privados, pero la supuesta contratación de la agencia de detectives Método 3 para investigar a la clase política y económica catalana ha despertado inquietud entre distintos personajes públicos en la Comunitat.

Sin embargo, desde el colegio valenciano se advierte que "una cosa es investigar y otra espiar". Un detective puede recurrir a toda la información que está disponible en los archivos públicos (hemerotecas, perfiles en redes sociales desprotegidos, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil...) o realizar seguimientos, fotografías y videos siempre que no viole el derecho a la intimidad, tipificado por la legislación española.

Por ejemplo, una persona que se encuentra en la terraza de una cafetería puede ser fotografiada, pero no se puede grabar la conversación que mantiene sin el consentimiento expreso de uno de sus interlocutores. De este modo, si una persona dejara un micrófono oculto y captara a distancia el desarrollo de un encuentro estaría incurriendo en un delito.

Igualmente, tampoco se puede intervenir el teléfono de una tercera persona, aunque sí grabar desde el del cliente, cuando éste lo solicita para que quede constancia de los términos exactos en los que mantiene una determinada conversación o para dejar registro de un delito, como el de amenazas.

DELITOS Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

El cumplimiento de la legalidad y el código deontológico son fundamentales, según el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunitat Valenciana, ya que esta información se puede utilizar para la elaboración de dossieres internos de una organización o para presentarla ante el juez, por lo que su obtención dentro de la legalidad es básica para ser aceptada y no incurrir en delito.

Un ejemplo de ello es el informe de más de 400 páginas realizado por la agencia Crossword sobre las actividades del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encargado por diversos proveedores de Viajes Marsans.

Este documento, incluido hoy en el sumario, sustenta la denuncia contra el empresario y recoge con detalle la forma de actuar de la presunta trama empresarial, las sociedades y personas que le conectaban supuestamente con su patrimonio y que le permitieron declararse insolvente tras la quiebra de la compañía.

Informaciones como las que se refieren al espionaje en la clase política catalana, que no respetan los protocolos profesionales del colectivo perjudican su imagen pública. "Esta profesión despierta mucho morbo", reconocen desde el Colegio Oficial de Detectives Privados.

LA INVESTIGACIÓN PRIVADA EN VALENCIA

Sin embargo, la veintena larga de agentes colegiados y con licencia para desarrollar su actividad en la Comunitat Valenciana cumplen con el requisito de tener la titulación universitaria de detective privado, además de ser habitual que cuenten con estudios de Criminología y Ciencias de la Seguridad, que se imparten en la Universidad de Valencia o en la de Alicante.

La mayor parte del sector está formado por autónomos con despacho propio, mientras que un 20% son grandes despachos con presencia en varias provincias. En todo caso, un colegiado de Valencia puede ejercer en otras provincias o en el extranjero si el seguimiento o una investigación le obliga a hacerlo.

Como ocurre con los abogados, los principales despachos, como Witerman, Zenit Detectives o Resolutiva Investigación, tienen sede central en Madrid o Barcelona, pero pueden actuar en otros ámbitos geográficos de forma directa o con colaboradores locales.