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MADRID (EFECOM). La CEOE ha dejado hoy a su vicepresidente primero y presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, que decida sobre su futuro, después de que éste haya pedido tomarse un "período de reflexión" antes de adoptar una decisión.

Ante la junta directiva de la Confederación Empresarial de Madrid, que ha mostrado su "apoyo unánime" a Fernández, éste ha dejado claro que "se toma un período de reflexión, que no significa dimisión", sobre su continuidad en los puestos de representación empresarial que ostenta.

Unas horas antes la CEOE había convocado, de forma ordinaria, a sus órganos de dirección, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Fernández ha pedido la palabra para dar explicaciones sobre las acusaciones que han hecho algunos de sus trabajadores respecto a que, presuntamente, les paga parte de sus nóminas en "dinero negro".

El vicepresidente primero de la CEOE ha adoptado esta determinación un día después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto diligencias para investigar esos supuestos abonos en "dinero B".

Antes de que se hiciera el anuncio, las fuentes empresariales consultadas por Efe rechazaban que se pudiera tratar este asunto en la Junta Directiva y consideraban dicha posibilidad como una "sorpresa".

Sin embargo, el presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha tomado la palabra para decir a Fernández que debería pasar a un segundo plano para no estar tan expuesto en los medios de comunicación.

En un comunicado, Confebask ha precisado que Fernández "debería dar un paso atrás en esa representación hasta que se dilucide la veracidad, o no, de las graves acusaciones que se le imputan".

Otras fuentes consultadas por Efe han destacado que esta reflexión no supone que se haya pedido a Fernández que dimita, aunque algunos de los empresarios presentes lo hayan interpretado así.

Desde la CEOE se ha resaltado a Efe que Arturo Fernández ha tomado esta decisión teniendo en cuenta los intereses de las instituciones a las que representa, así como los de sus empresas y trabajadores.

Según estas fuentes, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, le ha dicho: "haz lo que tengas que hacer".

La polémica sobre la política salarial del Grupo Cantoblanco de Fernández se produce en un momento en que Juan Rosell ha propuesto una reforma de los estatutos de la patronal para evitar nuevos casos como el que ha llevado a su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán, a la cárcel por evasión de capitales, entre otros delitos.

Rosell quiere que la persona que ocupe la presidencia de la CEOE pueda ser destituida si resulta imputada judicialmente por una falta grave y se abre juicio contra ella.

La representación de UGT en el Grupo Cantoblanco ha exigido que se aclaren y depuren responsabilidades en el presunto "pago fraudulento de salarios".

CCOO-Madrid ha anunciado que pondrá a disposición de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía la documentación y las denuncias que obran en su poder sobre supuestas irregularidades e incumplimiento del convenio colectivo en algunos centros de trabajo del grupo hostelero Arturo Cantoblanco.

El presidente madrileño, Ignacio González, ha asegurado que todos los contratos que tiene la Administración con las empresas de Fernández "cumplen todos los requisitos legales", pero ha señalado que si las investigaciones demuestran algún incumplimiento se rescindirán.

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha defendido que los grupos empresariales que reciben dinero público en forma de subvenciones o concesiones, como en el caso de Arturo Fernández, los ciudadanos puedan acceder a la información sobre los contratos de la Administración.