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VALENCIA. La declaración realizada esta semana por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Niilo Jääskinen, sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ha abierto la caja de los truenos. Jääskine, cuya figura equivaldría a la del fiscal, avaló con un dictamen el reglamento autonómico y afirmó que éste no vulnera la legislación europea en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara.
A pesar de que las opiniones del abogado no son vinculantes pero sí son tomadas muy en cuenta por el Tribunal de Justicia, los grupos políticos valencianos lanzaron el pasado jueves cascadas de opiniones a favor y en contra. Mientras que la Generalitat mostró su satisfacción por el dictamen y llegó a afirmar que la ley había "vuelto a nacer", la oposición lo criticó y declaró que el informe no "entraba a analizar el modelo urbanístico depredador de la Comunitat".
La Comisión Europea llevó la LUV ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringía la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas aseguraba que la norma no respetaba las exigencias de publicidad y transparencia que impone la legislación europea en la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI).
LA CONTROVERTIDA FIGURA DEL AGENTE
La figura más controvertida para la Comisión Europea, y por la que denunció al Reino de España, es la del agente urbanizador, lo que sería asimilable a un promotor. En la legislación anterior a la LUV -en la LRAU-, el agente (una figura privada), era, esencialmente, el que proponía los proyectos a la Administración pública. Si ésta daba el visto bueno, el promotor era quien establecía los costes de la urbanización.
"El urbanismo se ha contemplado siempre como una acción pública, y en 1994 se estableció un sistema de gestión indirecta de urbanismo. Se sustituyó la gestión de la Administración por la figura empresarial del agente. Fue como poner un turbo al urbanismo valenciano, y se cometieron abusos", explica Mariano Ayuso, abogado socio del bufete Cuatrecasas y colaborador del anteproyecto de la LUV. "El objetivo de la LUV fue frenarlos y darle más transparencia al sistema", añade.
Los abusos de los que Ayuso habla son dos. Por una parte, y puesto que el agente era el que proponía la construcción de proyectos, en ocasiones se infravaloró el suelo de los propietarios para que estos tuvieran que ceder más terreno o pagar más a cambio de las mejoras de urbanización. Y por otra, en ocasiones se obligó a extranjeros que habían comprado una parcela en terreno rústico, a abonar cantidades de dinero porque el Ayuntamiento había decidido hacer un plan de urbanismo en la misma zona.
"La CE solo hace referencia a la falta de aplicación de las normas de contratación pública europeas, pero el abogado general ya ha establecido que las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana", declara. "Estoy muy satisfecho con la opinión de Jääskinen", añade.
Para Rosa Vidal, socia directora del despacho Broseta Abogados, el dictamen del abogado general es "absolutamente lógico" y "normal", ya que según explica, la figura del agente urbanizador está recogida en la ley valenciana aunque de forma diferente a como lo está en la Ley de Contratos del Sector Público.
Para defender la legalidad de la figura del agente urbanizador, o la no sujeción de éste a las exigencias de la contratación pública europea, se recurre a otras realidades del derecho actual. "La Ley de Puertos tampoco está sometida a la Ley de Contratos y nadie se plantea que sea ilegal. El problema es que de 1994 a 2006 -época en que la legislación urbanística se regía por la LRAU- se abusó mucho del urbanismo y se eligieron empresas sin proceso de licitación, sin embargo, no era una ilegalidad, ya que estaba dentro de la ley", explica.
"EL MODELO DEPREDADOR"
El aval de Bruselas a la ordenación urbanística valenciana cayó como un jarro de agua fría sobre los socialistas. El portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Corts, Adolf Sanmartín, rechazó el pasado jueves las opiniones del abogado general por considerar que "no entra a analizar para nada, porque no es su función, aspectos debatidos en el Parlamento Europeo relativos a la gestión nefasta del PP de la Comunitat Valenciana en relación al desarrollo urbanístico".
"No se estudia la desordenada e insostenible ocupación del territorio, así como el modelo urbanístico depredador que nos ha llevado a la crisis actual", criticó. A pesar de estas declaraciones, admitió que lo que concluía era que no se vulneraba "la legislación comunitaria en materia de contratación pública". "No es contradictorio" este informe con "pedir más transparencia", sentenció el portavoz.
En mi opinión , la noticia no se ajusta a la realidad ya que , entre otras cosas, no existe el mencionado aval de Bruselas al urbanísmo valenciano. Es unicamente el informe de una de las partes , la del abogado general del Tribunal , que expresa su opinión. Además existen las conclusiones del otro Abogado General , el que representa a la Comisión , al denunciante , y ahora será el tribunal de Justicia el que deberá pronunciarse. Solo aclarar que el Abogado de la Comisión ha acreditado su denuncia con pruebas físicas y el otro , el "Fiscal" NO . Ahora solo cabe esperar el Fallo que , sea cual fuere , deberemos acatar y cumplir en sus justos términos. José Vicente Ahicart , Presidente de la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim y denunciante ante la Comisión Europea.
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