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MADRID. Algo huele mal cuando los buitres se encuentran al acecho y después de sobrevolar los activos inmobiliarios hipotecados ahora han ido a poner el foco en las plantas fotovoltaicas, una de las grandes perjudicadas por el Real Decreto aprobado a principios de este año por el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria a la cabeza. Los llamados ‘fondos buitres', fondos que invierten en activos en situación crítica y esperan a que se recuperen para obtener una alta rentabilidad, se encuentran buscando gangas en la industria solar española debido a la extrema situación de muchos proveedores.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ya aseguró que la modificación en el sistema de actualización de las primas, a partir del IPC subyacente, supondrá que este año se reduzcan un 0,028% en lugar de incrementarse un 2,97% como correspondía al método actual. El sector ya se había enfrentado a recortes retributivos, hasta un 30%, durante el 2011, 2012, y 2013, añadidos al impuesto eléctrico del 7% aprobado en diciembre, y auguraron la suspensión de pagos de "decenas de miles" de instalaciones fotovoltaicas.

Según advertían desde la Asociación de Productores e Inversores en Energías Renovables (Anpier), estas medidas precipitarán la quiebra de la totalidad de las instalaciones del país que han desarrollado sus proyecto con financiación bancaria, una cifra que determinaban como más del 80%. Desde UNEF, apuntan a que los titulares no tienen otras opciones que renegociar la deuda con la entidad financiera, aportar fondos propios, entregar la instalación financiera o malvenderla a estos fondos especulativos.

¿BURBUJA DE LAS RENOVABLES?

El patrón del ladrillo parece repetirse con las plantas fotovoltaicas. Muchas de estas se encuentran avaladas con el patrimonio del promotor, ya que fueron muchos los particulares que invirtieron en este sector de la industria renovable, por lo que éstos deberían intentar conseguir igualar el precio de vender la fotovoltaica con lo que deben. En el caso de no conseguirlo, seguirían debiéndole dinero al banco y podrían acabar afrontando sus deudas hasta con su propia casa.

Estas medidas han empezado a poner fin a un crecimiento espectacular desde que el ex presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, decidiera apostar por las energías renovables sin coto aparente hasta llegar a una tope en el que él mismo denominó al sector fotovoltaico como burbuja. La generosa retribución a las inversiones en esta fuente de energía hizo explosionar la cantidad de plantas y pasó a convertirse, en muchos casos, más en una actividad financiera que en una actividad energética, según apuntaron fuentes gubernamentales en aquel momento. Los llamados huertos solares se convirtieron en productos de inversión financiados por los bancos, que ofrecían rentabilidades de en torno al 9%. España llegó a convertirse en la segunda potencial mundial en energías renovables.

Tras este gran impulso llegaron los recortes. El ministro de Industria en la última etapa socialista, Miguel Sebastián, limitó en 2009 la instalación en España a 300 MW solares por año, 75MW por trimestre y pasado ese máximo los nuevos parques pasarían a cobrar menos. Además, diferenció las primas entre las instalaciones de techo, arriba de los edificios, y las de suelo, con el fin de incentivar más las primeras. En ese momento, la rebaja de las primas también fue sustancial, ya que las subvenciones de las primeras se redujeron en un 26% y las de las segundas en un 35%.

UNESA, LA PATRONAL DE LAS ELÉCTRICAS, SE DEFIENDE

Ante las acusaciones de las organizaciones de energía renovables a la patronal eléctrica, Unesa, de estar detrás de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno, explicaron este viernes en un comunicado que el déficit de tarifa es uno de los principales problemas de la economía española y que esta deuda se genera principalmente por las primas que cobran las energías solares a través de la factura eléctrica, que en 2012, según exponen, alcanzaron casi 8.500 millones de euros.

Desde Unesa apuntan a que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa había repercutido principalmente sobre las compañías asociadas en la patronal. Según apuntan, el Real Decreto Ley 13/12 supuso un recorte de la actividad de distribución, de los pagos por capacidad, a las centrales obligadas a quemar carbón nacional y a la generación extrapeninsular de cerca de 1.000 millones de euros.

También hacen mención a la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y apuntan al establecimiento de una serie de tasas a la generación eléctrica que las tecnologías "tradicionales" son doblemente grabadas. Según explican, las medidas adoptadas suponen un impacto económico anual para las empresas de alrededor de 3.200 millones de euros.

Unesa critica la reacción de las asociaciones solares al ver modificados los mecanismos a los que les actualizan sus primas "en una situación límite para la economía española". Y apunta a las sentencias del Trubunal Supremo que avalan la necesidad de las subvenciones para estas energías, pero adecuándose a las circunstancias de la economía.