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VALENCIA (EP).  El Síndic de Greuges ha dado la razón a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana al resolver en su informe que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), órgano dependiente de la Generalitat Valencia y cuyo objeto es el control, la inspección y la supervisión de las Cajas de Ahorro y Cooperativas valencianas, debe implicarse en la búsqueda de una "solución satisfactoria" para los clientes afectados por la compra de participaciones preferentes y "no se aparte de la resolución del problema que la venta de estos productos esta provocando en la ciudadanía", según ha indicado la Unión de Consumidores en un comunicado.

El Síndic de Greuges considera que el IVF, que cuentan con representación en sus órganos de decisión por las administraciones públicas valencianas, debería haber desempeñado y ejercitado las "medidas y acciones preventivas pertinentes para garantizar los productos financieros" ofrecidos por las entidades que se encontraban bajo su control, haber llevado a cabo la "comprobación, inspección, fiscalización e intervención de los productos" que se ofrecían al mercado, así como a los clientes a los que se ofrecían esos productos.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en enero de 2012, y a la vista de los indicios de venta "fraudulenta" a los consumidores y usuarios valencianos en la, por aquel entonces, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y posteriormente también en Bancaja, remitió, entre otros, al Síndic de Greuges un escrito de queja al objeto de que estudiara e investigará la comercialización de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada de la CAM.

En dicho escrito, la asociación alegaba que el IVF, como organismo que tiene atribuidas entre sus funciones el control, inspección y disciplina de las entidades financieras, debería haber desempeñado y ejercitado las medidas y acciones preventivas pertinentes para garantizar los productos financieros ofrecidos por la CAM a sus clientes, así como velar para que el Banco de Sabadell, adjudicatario de la misma, respetara los compromisos y garantías que la CAM otorgó a los mismos cuando ofreció dichos productos financieros.

El Síndic de Greuges admitió a trámite dicha queja y solicitó al IVF que aportara la información suficiente encaminada a esclarecer estos hechos.

Tras analizar las explicaciones de dicho organismo "negando su responsabilidad en lo ocurrido" y las alegaciones de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana argumentando "lo contrario y reiterando el escrito inicial", el Síndic de Greuges ha resuelto en su informe que se ha llevado a cabo una "mala comercialización" de unos productos financieros al ofrecerse a ciudadanos que carecían de una "mínima formación" para comprender la trascendencia de esos productos ni para valorar la "complejísima" información que se les podía ofrecer, ni las consecuencias y efectos jurídicos y económicos de los mismos.

El Síndic ha añadido que la "venta" de estos productos debía haber sido "controlada y denunciada" por el IVF, ya que entre sus competencias están el control, inspección y disciplina de las entidades financieras que están bajo la tutela de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓN "MUY POSITIVA"

En opinión de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que considera "muy positiva" esta resolución, ha quedado patente la "falta de protección, vigilancia y respuesta" de las administraciones públicas valencianas ante un "gravísimo perjuicio" realizado a "miles" de consumidores y usuarios, especialmente de avanzada edad, que confiaron en la imagen y apariencia de las entidades bancarias valencianas (CAM y Bancaja), que "han hecho desaparecer millones de euros de estos ahorradores, e intentando convencerles para que aceptaran irrisorios canjes con la amenaza de perderlo absolutamente todo".

"Además de desistir con el cambio y ante la única perspectiva de tener que afrontar un largo y costoso proceso judicial, con el consiguiente riesgo de condena en costas y el pago de las recientes tasas judiciales, prácticamente aprobadas coincidiendo con el descubrimiento de estos abusos, que han frenado todavía más el ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios", han indicado en el comunicado.

Por último, el Síndic de Greuges ha recordado en su resolución que estas contrataciones se realizaban con el "desconocimiento" de los riesgos reales del producto, tras prestarse los clientes a la firma de los contratos que les facilitaban y "sin la información básica necesaria" para consentir válidamente estos contratos. Al amparo de la confianza depositada en la CAM, "muchos ahorradores invertían todo su dinero en estos nuevos productos con un riesgo altísimo, desconociendo la realidad de lo que estaban contratando".

Con esta resolución, la Unión espera un "inminente y decidido esfuerzo" por parte de las administraciones públicas valencianas para buscar una "salida consensuada" con las asociaciones de consumidores y dar soluciones adecuadas a los perjudicados por la comercialización y venta de este tipo de productos, sin que tengan los ciudadanos afectados que "soportar y sufragar" procedimientos judiciales a la vista de la "claridad y contundencia" de la resolución del Síndic de Greuges para que el IVF "se implique en la búsqueda de una solución satisfactoria para los clientes afectados".