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MADRID (EP).  El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discute este jueves, en principio muy dividido, la asignación de la plaza en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que dejó vacante por jubilación el pasado diciembre el juez José Flors, instructor del denominado 'caso de los trajes'. El nuevo magistrado se integrará en una Sala que debe juzgar los casos de corrupción pendientes que afectan al PP en esta comunidad autónoma.

La polémica en torno a la designación de este magistrado tiene su origen en la "significación" de los tres candidatos que componen la terna preseleccionada por la Comisión de Calificación del Consejo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Uno de los propuestos es Antonio Ferrer, magistrado no asociado pero al que fuentes del Consejo consultadas por Europa Press señalan como muy cercano al PP y al ex presidente del TSJCV Juan Luis de la Rúa, cuya figura fue muy discutida por votar a favor del archivo del 'caso Gürtel' en Valencia, que luego tuvo que reabrir el Tribunal Supremo.

Completan la terna dos magistrados de Jueces para la Democracia (JpD), que son María Filomena Ibáñez, a la que las mismas fuentes sitúan en el sector "moderado" de la asociación; y José Manuel Ortega, en el extremo "más radical" de la misma.

SIN ACUERDO PREVIO

El asunto llegará mañana al Pleno del Consejo sin acuerdo previo sobre la designación a realizar, y con la circunstancia añadida del vencimiento del plazo legal existente para que otros vocales hubieran presentado candidatos alternativos. Se habla incluso de la posibilidad de que se acepte el nombramiento de Ferrer si el sector "progresista" consigue colocar su candidato para presidir la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Castilla y León.

Mientras que los consejeros del denominado sector "conservador" se decantarán previsiblemente por Ferrer, el resto de vocales se encuentran divididos entre un grupo constituido en torno a Miguel Carmona, que se decantaría por Ortega, y otro sector cercano a Margarita Robles que optaría por Ibáñez. Esta última es la que tiene menos probabilidades de salir elegida.

Algunos han manifestado que hubiera sido preferible la elección de candidatos menos "señalados", aunque si no se logra una mayoría de 13 votos la plaza continuaría vacante.

Representantes de otro sector del Consejo, sin embargo, consideran a Ferrer como el mejor posicionado y descartan que tenga una significación política. Estas fuentes atribuyen los "peros" que varios vocales ponen a este este candidato al hecho de que la prestigiosa magistrada Purificación Martorell, que era la candidata de la presidenta del órgano, Pilar de la Oliva, quedara fuera de la terna propuesta inicialmente.

Actualmente, la sala de lo Civil y Penal del TSJCV está presidida por Pilar de la Oliva, quien relevó en el cargo a Juan Luis de la Rúa, actualmente magistrado de lo Social del tribunal valenciano. Completan este tribunal José Ceres, Juan Climent y Pía Calderón, siendo este último la última incorporación, el pasado septiembre de 2011.

CASOS PENDIENTES

La Sala instruye en la actualidad diferentes asuntos de especial relevancia como el 'caso Gürtel', relativo a la presunta financiación irregular del PPCV; el 'caso cooperación', en el que se investigan supuestas irregularidades en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Bienestar Social a ONGs; y el 'caso Brugal', en el que se instruyen supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

En el 'caso cooperación' está imputado el diputado y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, por su cargo anterior como conseller de Bienestar Social; por su parte, la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, están imputados en el 'caso Brugal'. Asimismo, en el 'caso Gürtel' figuran imputados algunos exconsellers de la época de Francisco Camps.

Finalmente, el Pleno del CGPJ tiene previsto designar también mañana una plaza vacante en la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se disputan el fiscal Antonio Narváez, Blanca Lozano y el catedrático Iñaki Aguirreazkuenaga.