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Cargos del PP valenciano señalan ahora a Madrid y cuestionan la profundidad de la reforma de la ley financiación de partidos

VALENCIA (X. A.). El escándalo desatado en el PP nacional a raíz de las cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza y las informaciones aparecidas respecto al supuesto reparto de sobresueldos entre cargos de la formación 'popular', además de suscitar una fuerte conmoción mediática y social que amenaza con agravarse en los próximos días, ha resucitado por enésima vez el debate sobre la financiación de los partidos políticos.

Precisamente el pasado mes de octubre se aprobaba la reforma de la ley -apoyada por 215 de los 218 senadores- y tras haber pasado anteriormente por el Congreso solo con el voto en contra de Amaiur. De esta manera, el 23 de octubre el BOE publicaba una ley que, entre otras novedades, fijaba un recorte del 20% en las subvenciones públicas a los partidos y aumentaba el control sobre ellos para dificultar que puedan financiarse de forma irregular. En teoría.

La reforma de la ley se queda corta. Si muchos analistas ya lo habían predecido, las informaciones de los últimos días no han hecho sino ahondar en las carencias del sistema político español. Siguen existiendo demasiadas sombras, que empiezan por la tardía fiscalización del Tribunal de Cuentas, que publica sus informes con casi un lustro de retraso; además de que sus miembros son elegidos a propuesta de los grandes partidos. De la misma manera, la publicación de las cuentas de las formaciones políticas solo es obligatoria a partir de la supervisión del citado tribunal, con el desfase temporal anteriormente citado.

Con la reforma, los partidos deberán informar ahora de las donaciones superiores a 50.000 euros o de bienes inmuebles que reciban de empresas jurídicas, además de no superar el tope anual de 100.000 euros. Respecto a estas aportaciones privadas, se ha ampliado el abanico de empresas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos: a las que tienen contratos en vigor con la Administración, se les suma todas las que compartan órganos de dirección. Además, se se ha incorporado la obligación de someter a auditoría privada a las fundaciones de los partidos, hasta el momento las 'grandes desconocidas' en el proceso de control de las formaciones políticas y se fijó un límite para la condonación de deuda de 100.000 euros anuales por parte de las entidades bancarias.

Todas estas variaciones de la legislación anterior reflejan las amplias carencias en cuanto a transparencia que han tenido las formaciones políticas en España. Sin embargo, pese a que ha habido ciertos avances con la reforma, siguen quedando demasiados 'agujeros negros' en la financiación de los partidos políticos.

Como señalaban en la web especializada en este área Cuentas Claras: no se ha solucionado a priori el retardo en el Tribunal de Cuentas, las líneas marcadas para el control de las asociaciones y fundaciones vinculadas son demasiado endebles, no se limita la cuantía de las donaciones inmobiliarias y en especie y, en definitiva, no se determinan con más precisión las cuentas que los partidos tienen que presentar, con lo que se facilita la ocultación de parte de su contabilidad, entre otras.

De la misma manera, aunque se reduce el 20% de la subvención estatal, no se pone coto a las ayudas que percibirán por la representación autonómica y local, que supone dos tercios del total que reciben.

Estas condiciones, unidas a la opacidad en el conocimiento de las empresas que realizan aportaciones o las entidades que sostienen a las formaciones políticas, continúan evidenciando la falta de transparencia que todavía habita en los partidos españoles.

EL TRASVASE DE PROBLEMAS DE VALENCIA A GÉNOVA

En los últimos años, el PP de la Comunitat Valenciana ha sufrido el 'vacío' desde la direccion nacional del partido, situada en la calle Génova de Madrid, por la aparición de diversos casos de corrupción vinculada a cargos del partido y Gobierno. El estallido del caso Bárcenas ha permitido, al menos en privado, el desahogo de más de un dirigente valenciano: la dirección nacional es la que debe dar la cara ahora. No obstante, la noticia de la apertura de dos auditorías anunciadas por María Dolores de Cospedal este lunes para investigar lo ocurrido era recibida con cierto escepticismo por diversos cargos del PPCV.

En general, las fuentes del PP valenciano consultadas por este diario mostraban su preocupación por la situación que atraviesa el partido en Madrid en los últimos días, si bien algunos cuestionaban también la reforma de la ley de financiación de partidos. "La realidad es que los partidos no puede financiarse solo con las cuotas de los afiliados. Seguramente ha faltado profundidad y tal vez deberíamos haber buscado un cambio total de perspectiva", comentaba un diputado autonómico a este diario. Sin duda, una novedad: las observaciones críticas empiezan a partir de Valencia hacia Madrid, justo al contrario de lo que viene sucediendo en los últimos años.