MADRID/VALENCIA (EUROPA PRESS). La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha entrevistado este miércoles a cuatro de los seis magistrados que se disputan la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), cuya labor está en el punto de mira mediático por la tramitación de la causa reabierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por el 'caso Gürtel'.
Los candidatos para optar a este puesto han realizado una exposición de sus candidaturas, en las que han detallado su curriculum y programa, a excepción del actual magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano; y el presidente de la Sala de lo Social del TSJCV, Francisco José Pérez Navarro, quienes no han comparecido debido a que ya realizaron su entrevista el pasado mes de junio.
La última compareciente, la jueza de instrucción número 10 de Valencia, Pilar de la Oliva, ha destacado que la situación de la administración de la justicia en la Comunitat Valenciana necesita una "respuesta flexible" debido a la problemática que tiene la autonomía, al ser el mayor puerto de entrada de droga de Europa, por atraer mucho turismo y por "los problemas de corrupción política que esta generando el urbanismo".
En esta línea, ha manifestado que "desgraciadamente, el desorbitado desarrollo urbanístico ha llevado a que muchas personas hayan querido traspasar la línea, pero con el trabajo que se pondrá en marcha, estas personas saben que no tienen nada que hacer, ya que el poder judicial va a actuar".
Preguntada por la razón por la que su juzgado funciona bien y el resto de instancias no tiene tan buenos resultados, Oliva ha apuntado que podría deberse a que "no le dedican el tiempo adecuado o no sienten la pasión" que ella tiene por el desarrollo jurisdiccional. Además, ha destacado que un juzgado no sólo es el titular, sino que dispone de "un personal colaborador, motivado". "No es una persona es un equipo", ha subrayado.
Las entrevistas se iniciaban a las 10.00 horas. El primero en tomar la palabra ha sido el magistrado en situación de servicios especiales Alberto Jarabo, quien ha destacado que la nueva oficina judicial es "un elemento que puede modernizar la administración" de justicia, pero "no va a solucionar todos los males". Asimismo, ha señalado que "muchos de los problemas de la justicia se podrían mitigar si se explorase de verdad qué se hace en otros sitios".
Además, Jarabo, quien se ha definido como un "magistrado inquieto", al que le ha interesado conocer "todas las ramas del derecho y del ejercicio de la jurisdicción", ha presentado un programa "modesto, sensato y realista", en el que sobresale la idea de "solventar los problemas a dos niveles".
En esta línea, el magistrado ha remarcado que, en un primer nivel, su programa se orienta a "solventar los problemas con las medidas que existen, con la creación de nuevos juzgados y nuevas plazas", y en un segundo nivel "con la puesta en marcha de la oficina judicial".
"CERCANÍA CON LA SOCIEDAD"
En segundo lugar, el magistrado de lo social del TSJCV Javier Lluch ha presentado su programa, basado en tres ideas: "que la presidencia esté al servicio de la sociedad y los ciudadanos, que sea cercana a los jueces y al personal que presta servicios, y que posea una función vertebradora e integradora entre administraciones públicas en materia de justicia".
Así, ha destacado que, para prestar servicio a la sociedad, "hay que estar cerca de ella". Por ello, ha propuesto revisar si se están cumpliendo las previsiones sobre la tramitación de quejas y denuncias de los ciudadanos, ha considerado "necesario" fomentar la implantación de oficinas de atención al ciudadano, y ha tildado de "muy útil" la implantación de una página web del tribunal, así como fomentar el "contacto permanente" con el Síndic de Greuges y potenciar el funcionamiento del gabinete de prensa para "fomentar la imagen de los jueces ante la sociedad".
En lo que se refiere a la segunda idea de su programa, el magistrado ha señalado como fundamental "motivar" a los jueces porque en ellos puede haber "un problema de motivación o autoestima", y para ello puede ser "útil" establecer un calendario de visitas para mantener una reunión con los jueces y magistrados de la Comunitat Valenciana.
Además, ha destacado que habría que hacer un "seguimiento especial de los órganos judiciales con mucha carga de trabajo", y llevar a cabo una "reflexión severa" sobre la creación de órganos judiciales, para "evitar la dispersión". Así, ha manifestado que el sistema de comarcalización representa ventajas, ya que "optimiza recursos humanos, facilita la especialización de los juzgados, se acomoda mejor al nuevo modelo de oficina judicial".
En esta línea, en respuesta a los miembros del comité, ha reseñado que los que se encuentran con mayor carga de trabajo son los de Torrevieja y Orihuela en Alicante, los de Picassent y Gandía en Valencia, y los de Nules en Castellón. Para solventar esta situación, Lluch ha propuesto disponer de un conjunto de funcionarios titulares para reforzar los juzgados. "Sería una solución que no es costosa, porque ya están en plantilla y seguro que iba a mejorar la calidad del servicio", ha aseverado el magistrado.
Por último, como tercera idea, ha destacado que la presidencia está en una "situación privilegiada" para llevar a cabo la "necesaria coordinación" entre las administraciones públicas, y ha considerado como "imprescindible" dar impulso al programa de implantación de la oficina judicial, lo que ha considerado "una herramienta fundamental para situar a la justicia en el siglo XX".
ATASCO DE LOS JUZGADOS
En tercer lugar, ha tomado la palabra el presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, José de Madaria, quien ha detectado que "lo que atasca un juzgado son los problemas pequeños", ya que "las disfunciones empiezan desde abajo". Asimismo, ha destacado que la sala de gobierno actual "no da solución a algunos problemas", y en su opinión "muchos trámites se podrían agilizar".
Con respecto a la implantación de la oficina judicial, De Madaria ha destacado que a pesar de tener muchos medio, con ello "no basta", ya que "hace falta involucrar a la gente", por lo que sería "conveniente" que se preparasen por medio de un curso los funcionarios y jueces, y "sería mas rápido el conocimiento del sistema".
Finalmente, preguntado por su opinión con respecto a la huelga de jueces, el magistrado ha resaltado que él no participó en ella y que considera que "no es la solución, pero sí el diálogo". Sin embargo, ha defendido a sus compañeros, al destacar que estos, "en ocasiones muy jóvenes, llegan a los juzgados, como Orihuela y Torrevieja, y se encuentran con cinco veces más de carga", y eso "desespera".
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