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VALENCIA. La semana pasada hablaba aquí de la escasez, en España, de un modelo de político vocacional que siguiera los principios que el sociólogo alemán Max Weber consideraba esenciales. La incapacidad de la mayoría de la clase política para llevar a cabo satisfactoriamente su gestión, para rendir cuentas y asumir responsabilidades, así como para mantenerse totalmente alejados de toda sombra de corrupción, parecían estar detrás de la pésima valoración ciudadana que, según las encuestas, tienen los políticos en España.

Los acontecimientos de la semana que hoy finaliza han venido a corroborar (por enésima vez) que dicha valoración no carece de fundamento. Centrándose, con particular saña, en el partido gobernante en España -y también en la Comunidad Valenciana-: el Partido Popular. En el plazo de una semana, supimos que el famoso ático marbellí (en realidad ubicado en Estepona) del que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, disfruta en sus vacaciones, no es en régimen de alquiler, sino de propiedad, previo pago de casi 800.000 €; que el ex consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, adjudicó a una multinacional sanitaria los contratos de análisis clínicos de seis hospitales... Y a continuación, tras dejar su cargo, fichó por dicha multinacional. Y, por supuesto, el gran fin de fiesta: el caso Bárcenas, un mayúsculo escándalo que le estalla en las manos a Mariano Rajoy.

Patriotismo suizo

El caso Bárcenas resume muchos de los problemas que padecemos en España, exacerbados por la crisis económica. El de una clase política corrupta, ligada con quien sábe qué oscuros intereses, y que ve normal complementar su salario oficial con una contraprestación añadida "oficiosa" que oscilaría entre los 5.000 y los 15.000 euros, según las informaciones publicadas por el diario El Mundo. El del tesorero de un partido que, según lo que se desprende de estas informaciones y de los 22 millones hallados en una cuenta en Suiza, ejerce como fajador de comisiones y financiación encubiertas, con el beneplácito de al menos una parte de los dirigentes de su partido, y quién sabe si incluso de los que se ubican en la cúspide de la directiva.

Que, además, no tiene ningún empacho en acogerse a la amnistía fiscal propugnada por el Gobierno para legalizar 10 millones de euros (lo que supone casi el 0,1% del capital aflorado en total tras finalizar la amnistía, 12.000 millones). Lo cual, para rematar la faena, nos ha permitido asistir atónitos al espectáculo de ver cómo la Agencia Tributaria enviaba un desmentido a los medios de comunicación en el que parecía comportarse como el gabinete de comunicación de Génova, para después tener que desdecirse.

La situación, para el PP, es grave, sobre todo por lo que puede aflorar a partir de ahora. No da la sensación de que esto vaya a finalizar aquí. Más bien parece que acaba de empezar. Que la información, cualquiera que sea su fuente, respecto de la financiación del PP y los "sobresueldos", continuará socavando la escasa credibilidad que le queda al partido en el Gobierno, víctima no sólo de los hechos, sino de los antecedentes de los hechos y también de su reacción a los mismos. Víctima, por un lado, del afán con el que se apresuró a apoyar el "periodismo de borradores" que desplegó el diario El Mundo en la campaña electoral catalana, afirmando que aquel que tuviera cuentas en Suiza tendría que dimitir... Para luego decir, cuando lo que surge es que alguien tiene cuentas en Suiza, en apariencia, para pagar a otros cargos de su partido, un escueto "no me consta". O, peor aún, ese displicente "Sí, hombre" con el que Mariano Rajoy parece querer aplicarle a este asunto la misma estrategia con la que maneja casi todo: no hacer nada y dejar que el tiempo eche tierra sobre los sobres.

La dimensión del escándalo se acreciente en este contexto de exigencia de sacrificios sin cuento a los ciudadanos, para que éstos se encuentren después informaciones tan explosivas como estas, que compendian la ilegalidad con la picaresca malencarada del dinero en sobres y, por último, con la exageración de las cifras que se están manejando. Por no hablar de quienes, como Esperanza Aguirre, se han apresurado a rasgarse las vestiduras y exigir responsabilidades... En la misma semana en la que dos de sus subalternos predilectos, Juan José Güemes e Ignacio González, han sido noticia por los asuntos que mencionábamos al principio de este artículo, en absoluto menores.

¿Hacia el punto de no retorno?

La situación está llegando a un límite verdaderamente insostenible. Las noticias sobre los sobres de Bárcenas y la financiación ilegal del PP (a la espera de saber, si es que alguna vez llega a saberse, con qué origen) se suman a las que afectan a la Monarquía española. Como alguien indicó muy acertadamente (leído en Twitter), España es un país en el que el jefe del Gobierno y el jefe del Estado parecen estar siendo chantajeados por sendos ex aliados con problemas judiciales (Luis Bárcenas y Diego Torres), hoy pródigos en filtrar informaciones a los medios de comunicación. La economía, a pesar de los síntomas de mejora (que está por ver si se asientan definitivamente), continúa en estado comatoso. La confianza en las instituciones se halla bajo mínimos. Para rizar el rizo, alguien podría reivindicar la honorabilidad comparativa de los líderes políticos valencianos, que, en contadas ocasiones, dimiten. ¡E incluso lo hacen por unos trajes (Camps) o por una mísera encimera (Pla)!

#prayfor... Lágrimas... ¿de cocodrilo?

Esta semana, tan pródiga en noticias, y tan negativa para el PP, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo un momento pretendidamente emotivo, centrado en las víctimas de desahucios por impago en la hipoteca del piso. La vicepresidenta, en apariencia, se emocionó al referirse a ellos, y musitó un "le puede pasar a cualquiera".

Este arranque de emotividad, quizás sincero, quizás impostado, no fue, en todo caso, demasiado bien acogido en Twitter, donde la frase #lepuedepasaracualquiera pasó a convertirse en hashtag crítico-humorístico, revisando los "grandes éxitos" de algunos políticos del PP, como por ejemplo Ignacio González y su incapacidad para recordar si, en efecto, tenía un ático en Marbella o no, o Ángel Carromero y su vertiginosa obtención del tercer grado penitenciario en España tras ser condenado a cuatro años de prisión en Cuba.

El hashtag vivió una segunda "edad de oro" un día después de remitir el entusiasmo por las sentidas declaraciones de la vicepresidenta, merced, precisamente, al estallido del caso Bárcenas. Entre otros factores porque, sin duda, el desahucio de una vivienda, con un sobresueldo mensual de entre 5.000 y 15.000 euros, difícilmente es algo que pueda pasarle a cualquiera.
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Guillermo López García es profesor titular
de Periodismo de la Universitat de València. 
@GuillermoLPD