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VALENCIA. Las nubes negras que se cernían sobre el Consell y el PP valenciano a cuenta de las imputaciones de diversos diputados autonómicos y exaltos cargos del Ejecutivo amenazan con descargar una serie de tormentas a lo largo de 2013 que, junto a la crisis económica y los problemas de impagos que arrastra la Generalitat, apuntan a convertirse en el talón de Aquiles del Gobierno valenciano durante la legislatura.
No habrá, de momento, decisiones tajantes por parte de Alberto Fabra. Eso es lo que se desprende de las declaraciones este viernes del vicepresidente del Consell, José Císcar, al ser preguntado en reiteradas ocasiones por la decisión de la Fiscalía de solicitar 11 años de prisión a la exconsellera Milagrosa Martínez, entre otras penas a diversos exmiembros del Gobierno valenciano en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market S.L. en relación con Fitur, incluida en el ‘caso Gürtel'.
Así pues, el camino adoptado por el Consell será el de atrincherarse y soportar la tormenta judicial de la mejor manera posible. El argumento de que el acta de diputado es personal, aunque cierto, continúa siendo demasiado endeble para sostenerlo ante la opinión pública, algo que el propio Císcar dejaba entrever con sus palabras: "Entendemos que ante todos estos casos los ciudadanos estén indignados; tienen toda la razón para estarlo: Ya nos gustaría a nosotros que los juzgados pudieran actuar con muchísima más rapidez", recalcó.
Sin embargo, el vicepresidente del Consell puso el acento en la necesidad de "actuar sobre seguro" con los dirigentes que se encuentran inmersos en los procesos judiciales "para no cometer ningún tipo de injusticia". "Ni siquiera se ha abierto juicio oral. Existen precedentes muy recientes de sentencias condenatorias y esas personas inmediatamente han dejado sus puestos" o casos contrarios, "personas que han sido absueltas y que lógicamente continúan donde estaban", explicó, para subrayar que la "línea" que mantenía trazada el Consell era la de "la sentencia absolutoria o condenatoria".
También habló de esta 'línea' Alberto Fabra, quien recalcó que "todas aquellas personas que estén imputadas no pueden tener un cargo directo otorgado por el Gobierno o alguna responsabilidad dentro de la dirección del grupo". "Esa línea ha afectado ya a muchas personas y vamos a seguir manteniendo ese criterio", subrayó.
¿ALGUIEN SABE 'LO QUE TIENE QUE HACER'?
El vicepresidente del Consell, José Císcar, reiteró una de sus frases más utilizadas en estos casos y que ha repetido en la misma sala sobre preguntas a otras imputaciones como la de Sonia Castedo o Rafael Blasco. "Cada persona es mayor de edad para saber lo que tienen que hacer", subrayó. Pese a que el portavoz del Gobierno valenciano ha deslizado en diversas ocasiones que en la situación de otros parlamentarios imputados él ya habría dejado el acta, no parece que estas afirmaciones hayan conmovido a los diputados inmersos en los diferentes procesos: solo ha dejado Les Corts hasta ahora Pedro Hernández Mateo, condenado por varios delitos.
Resulta indudable que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene mayor poder de presión del que está ejerciendo en la actualidad sobre los diputados imputados, a los que podría 'sacar' del grupo parlamentario. No obstante, dado el elevado de diputados en esta situación -nueve- podría ponerse en peligro la gobernabilidad del PP en Les Corts, algo a lo que no está dispuesto el jefe del Consell. Tampoco está sobre la mesa, según señalan fuentes de la Generalitat y del grupo, sancionar de forma aislada a alguno de los diputados.
Por otro lado, diversos parlamentarios del grupo 'popular' consultados por este diario, han considerado en privado "desproporcionada" la solicitud de la Fiscalía de 11 años de prisión para Martínez y valoran que haya pedido el sobreseimiento para el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla.
EL CASO BÁRCENAS: EL PPCV ESQUIVA EL PUNTO DE MIRA NACIONAL
La petición de la Fiscalía esta semana ha coincidido con las informaciones aparecidas de los movimientos hallados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por 22 millones de euros en un banco de Suiza a nombre del extesorero del PP Luis Bárcenas, que dejó la formación en 2010.
Esta situación, que ha movido los cimientos de la sede nacional del PP situada en la calle Génova, ha desviado un tanto la atención de lo acontecido en Valencia con la solicitud de la Fiscalía. A juicio de algunos diputados 'populares' en Les Corts, el foco "se ha dirigido ahora a Madrid, donde muchos hemos pensado siempre que está el origen".
Preguntado por esto, el vicepresidente y portavoz de la Generalitat valenciana, José Císcar, aseguró que las cuentas de Bárcenas en Suiza no guardan relación con la financiación del PP valenciano y recalcó que la dirección nacional de la formación 'popular' ha manifestado que el dinero en cuentas suizas del extesorero "no es del partido". El propio jefe del Consell, Alberto Fabra, instó además a investigar si "realmente hubo algo o no" en lo que se refiere a sobresueldos de cargos del partido.
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