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VALENCIA (EP). La Fiscalía solicita, dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market S.L. en relación con Fitur, incluida en el 'caso Gürtel', una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación para la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, otros nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such, y el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla.

Así consta en el escrito de calificación del ministerio público, en el que se pide, a través de 49 páginas, la apertura de juicio oral contra trece personas: Martínez; Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret -que se enfrenta a 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación-; Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT) -para quien piden 11 años de prisión y 26 de inhabilitación-; Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) -que se enfrenta a siete años de prisión y 23 de inhabilitación-.

Asimismo, se incluye en el escrito fiscal a Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT) -que se enfrenta a siete años de prisión y 19 de inhabilitación-; a Juan Bover (jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat) -a siete años de inhabilitación-; a los presuntos cabecillas de la trama Álvaro Pérez -10 años de prisión y 23 de inhabilitación--, Pablo Crespo -11 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación-, Francisco Correa -10 años de prisión y 23 de inhabilitación-, Cándido Herrero -seis años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación-; a Isabel Jordán (exadministradora de varias empresas de la supuesta trama) -seis años y tres meses de prisión, y 10 de inhabilitación-; y a Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades) -para quien piden cuatro años y nueve meses de cárcel, y 10 años de inhabilitación-.

A los cargos públicos les imputa -en diferentes grados- un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de malversación de caudales públicos, un delito de cohecho, un delito de falsedad de documento oficial. Asimismo, a los supuestos cabecillas de la trama les imputa un delito continuado de tráfico de influencias, delito continuado de malversación de caudales públicos, cooperadores del delito de falsificación de documento oficial y cohecho.

Asimismo, el ministerio público solicita el sobreseimiento de la investigación para Rambla, al estimar que no ha quedado debidamente acreditada su participación en los hechos. Al respecto, el ministerio público entiende que los regalos que se le atribuían no han podido concretarse "suficientemente".

EL ÚLTIMO DÍA

Fiscalía ha presentado su escrito de calificación el último día de plazo otorgado por el magistrado que instruye el procedimiento, José Ceres. En el texto, detalla la forma en la que Francisco Correa creó un grupo de empresas, dedicadas principalmente a la publicidad y la organización de eventos y viajes, y cómo extendió su actividad a la Comunitat Valenciana.

En concreto, expone que entre los años 2004 y 2009, las sociedades de Correa suscribieron "numerosos" contratos con diversos organismos públicos de la Generalitat, especialmente con la Conselleria de Turismo a través de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).

Así, algunas de estas sociedades fueron adjudicatarias de los contratos de la feria Fitur entre 2005 y 2009, y de otras ferias en las que participaba la autonomía. El importe total facturado a la administración pública por este grupo asciende a 5.027.604,46 euros, según concreta el fiscal, quien añade que en el curso de esta contratación obtuvieron unos beneficios ilícitos por duplicidades de pago, en relación con los servicios contratados, o por sobrecostes en la facturación, por un importe conjunto de, al menos, 298.380 euros.

El fiscal explica en su escrito cómo la Administración decidió modificar a partir del año 2005 los pliegos de condiciones para optar a los concursos de las ferias con el objetivo de otorgarselos a empresas de Correa. Un ejemplo es que mientras anteriormente se contrataban por separado el diseño y la construcción de los 'stands' feriales, luego se instauró una convocatoria única para ambos aspectos. Asimismo, los criterios no económicos pasaron a referirse a datos subjetivos, tales como diseño o creatividad.

En estas adjudicaciones participó Milagrosa Martínez entre 2005 y 2007, mientras que Such lo hizo en 2008 y 2009, cuando fue nombrada nueva consellera de Turismo. Indica que ambas adjudicaban los contratos de las ferias siguiendo la propuesta de la Mesa de Contratación, que a su vez había seguido la propuesta contenida en un informe técnico elaborado por Isaac Vidal y Jorge Guarro.

LA "FIESTA" Y EL "ALMUERZO"

Durante el mandato de Martínez, el fiscal recoge que en el año 2005, en el certamen de Fitur, contrató, junto a Rafael Betoret, gastos por importe de 23.705,59 euros por una fiesta nocturna en una discoteca de Madrid. En concreto, abonó 12.000 euros en concepto de consumiciones y 11.705,59 por gastos de imprenta y aplicación de la marca 'Generalitat valenciana'.

Además, ese mismo año se decidió, por primera vez, realizar el tradicional almuerzo del Día de la Comunitat en Fitur, en lugar de hacerlo en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. La organización del mismo fue encargado a Álvaro Pérez. De haberse mantenido el acto en el Palacio de Congresos, se habría evitado el gasto de 149.035 euros que costó adecuar el pabellón de Ifema, se indica en el escrito.

LOS REGALOS

En el escrito, el fiscal también enumera una serie de regalos efectuados por los líderes de la presunta trama a miembros de la Administración. Así, señala que en el domicilio de la mercantil Orange Market se intervino un documento dirigido por la AVT en cuyo reverso figuraba: 'pañuelo consejera Loewe. Medidas Rafael Betoret-Milano'. Betoret ya fue condenado por un delito de cohecho en la conocida como 'causa de los trajes', dentro del 'caso Gürtel', al mostrarse conforme con los hechos.

Igualmente, consta un reloj a Milagrosa Martínez por valor de 2.400 euros; y diferentes regalos de Navidad --que no se han podido concretar-- a la exconsellera, Such, Betoret, Vidal y Grau. Respecto al reloj, el fiscal pide que se decrete su comiso o, en caso de que no sea posible, que se acuerde el comiso de cualquier otro bien propiedad de la misma por un valor equivalente.