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VALENCIA. La última semana de diciembre Bruselas comunicó al Consell que desbloqueaba 88 millones de euros en ayudas cuyo pago había sido paralizado desde mediados de año. El motivo era la decisión de los responsables comunitarios de someter la documentación presentada por el Impiva para justificar su abono a una nueva auditoría a mediados de año al sospechar la existencia de irregularidades.

A partir del momento en el que se comunicó la liberación de estos fondos, distintos departamentos y entidades públicas que padecen retrasos en los pagos han empezado a reclamar durante estas semanas una parte de esa cantidad a la Dirección General de Proyectos Europeos, integrada en la Conselleria de Hacienda.

Aunque formalmente los beneficiarios de ese dinero deberían ser las empresas que esperan el pago de subvenciones del Impiva (que no cobran desde 2010) y los institutos tecnológicos (que no cobran desde 2011), la ley permite a la Generalitat ingresar esta cantidad a un caja única para distribuir los fondos según considere.

En la actual coyuntura, los acreedores de la Generalitat son diversos y todos pueden dar muestras del quebranto que esta situación les está generando. Por este motivo, distintos afectados se están movilizando para imponerse frente a la competencia y poder llevarse algo que cubra parte de su agujero.

LAS DEMANDAS DE LAS EMPRESAS

"Esta cantidad es únicamente la de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) que solicitó el Impiva para recuperar el dinero concedido en la convocatoria de 2009", advierte Andreu Romero, presidente de los comités de empresa de los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, Comperit.

Si se cumpliera el sistema de reparto de fondos anterior a 2011, Romero asegura que más de la mitad del dinero se podría destinar, por lo menos, para el pago de las empresas beneficiarias de las convocatoria de 2009 y 2010 y el resto, para los institutos.

Estas últimas entidades, integradas en la red Redit, son beneficiarias de estos fondos a través de los proyectos que desarrollan conjuntamente con empresas privadas y por los que reclaman a la Generalitat más 49 millones de euros correspondientes al ejercicio 2011 y por encima de 30 millones en 2012.

"Aunque el pasado mes de diciembre la Generalitat hizo una transferencia que sirvió para que el Impiva pudiera cumplir con pequeños pagos, aún quedan muchos por abonar", asegura Romero. La aportación del Impiva es fundamental para estas entidades, ya que a través de ella ingresan en torno al 60% de su presupuesto por aportación directa de la Generalitat y por los proyectos nacionales y europeos.

EL SISTEMA EUROPEO DE PAGOS

El motivo de que estas ayudas correspondan a la convocatoria de 2009 pero que parte de sus beneficiarios de aquella edición hayan podido cobrar se debe a que el Impiva debe pagar por adelantado las ayudas concedidas y, después, reclara el 80% del importe a Bruselas, previa justificación.

El bloqueo de estos fondos no sólo ha impedido al Impiva ingresar el dinero necesario para pagar las siguientes convocatorias, sino que Bruselas bloqueó también el abono de las siguientes solicitudes de fondos hasta que se aclarase la situación de la que se ponía en duda.

La previsión es que Bruselas se vaya poniendo al día en el pago de las subvenciones atrasadas y la Generalitat pueda contar con una fuente de liquidez que había dejado de fluir desde mediados del pasado año. Ahora bien, que sea el Impiva quien pueda reingresar ese dinero y seguir pagando a los beneficiarios no depende de ella, sino del encaje que la conselleria de Juan Carlos Moragues para ponerse al día.