AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
VALENCIA. Un acuerdo in extremis. La Generalitat está ultimando el acuerdo para firmar el crédito por 150 millones de euros necesario para evitar la liquidación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana. Después de meses de negociaciones, el Consell ha aceptado la última propuesta planteada por Bankia, BBVA, CaixaBank y Sabadell CAM, según fuentes de la negociación.
El acuerdo debe formalizarse antes de este miércoles 9 de enero, cuando expira el plazo legal para el inicio de la liquidación de la SGR, al no aprobarse en la junta de accionistas del pasado 9 de noviembre ninguna de las alternativas planteadas, como la reducción de capital por 90,1 millones de euros para el restablecimiento del equilibrio entre capital y el patrimonio de la sociedad o la ampliación del capital social en 6,6 millones de euros mediante el incremento de número de participaciones.
El aspecto más controvertido en la negociación ha sido el plazo de amortización del préstamo. En la última propuesta, que se encuentra a falta de la firma pero distintas fuentes avalan como la definitiva, se establece un periodo de seis años para la devolución del dinero y no de ocho como inicialmente defendía la Generalitat, ni de cinco como planteaban las entidades.
UN CRÉDITO DENTRO DE "LO POSIBLE"
El acuerdo se alcanzó la pasada semana, pero la negociación se ha alargado hasta concretarse las garantías de pago exigidas por las entidades a la Generalitat. Fuentes de la negociación aseguran que la Administración valenciana ha terminado por aceptar las exigencias como un mal menor, ya que la situación que se genera a partir de ahora no es "el mejor escenario" para afrontar el futuro sin nuevas estrecheces.
De hecho, la SGR debe afrontar ahora el pago de los avales impagados, que superan los 400 millones de euros, además de devolver el crédito. Con las cuentas presentadas a 31 de diciembre de 2011, antes de la auditoría de KPMG, la entidad ya reconocía 1.269,7 millones de euros como riesgo vivo por avales y garantías otorgados, de los que 331 millones se contaban ya como dudosos entre las garantías financieras.
Además, 64 millones se apuntaban también como dudosos entre el resto de avales y garantías y, respecto al riesgo reavalado, la cifra sumaba 251 millones con 152 millones calificados como dudosos. A estas cantidades hay que sumar los créditos fallidos que se han generado en 2012.
SI FALLA EL ACUERDO
En todo caso, el acuerdo no está todavía firmado y, si no se firma el crédito, este mismo miércoles se iniciaría el proceso de liquidación, obligando a destinar todos los activos de la entidad a cubrir deudas. Lo que falte se repartiría proporcionalmente entre todos los socios, sean protectores (Generalitat, bancos y patronales) o partícipes (las empresas miembros).
Concretamente, la Generalitat tendrá que asumir el 40% de la deuda, mientras que las entidades, principalmente Bankia y Sabadell CAM, responderían por el 4% y el resto de asociaciones y cámaras de comercio, el 1%. Por otra parte, los partícipes (pymes que en el pasado se beneficiaron de los créditos de la SGR y que se integraron a ella como accionistas), deberán responder por el 55% del total, repartido en función de su participación.
Según establece la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, a continuación se constituirá una comisión liquidadora, presidida por un representante del Banco de España e integrada por cuatro miembros designados por los socios partícipes, por los socios protectores, por las entidades de crédito que tuvieran operaciones garantizadas por la sociedad en ese momento y por la Generalitat, respectivamente.
SEIS MESES DE DESGASTE
Desde la entrada del nuevo equipo gestor el pasado mes de mayo, el equipo que capitanea en la SGR su consejero delegado Santiago de Santos está teniendo que sofocar los distintos fuegos heredados tras la salida del anterior director general, Juan Manuel García Puchol, que había llevado las riendas de la sociedad durante tres décadas.
A pesar de que la inyección de 60 millones de euros realizada en abril de 2012 por la Generalitat parecía haber equilibrado las cuentas de la SGR, el descubrimiento de un agujero contable de otros 50 millones de euros tras la auditoría realizada por KPMG evidenció que el nuevo consejo tendrían que enfrentarse a un escenario muy distinto al que se preveía en un principio.
Esta situación explica la renuncia de la mitad de los consejeros desde el mes de junio. En lugar de reunirse una vez al mes para definir las líneas estratégicas que difinieran el futuro de la SGR, el nuevo consejo se encontró que debía actual como un equipo de rescate, lo que exigía una dedicación incompatible en muchos casos con sus otras ocupaciones.
Además de la negociación del préstamo, la SGR ha tenido que aplicar también un plan de reducción de costes que ha significado la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el 47% del personal (40 de los 84 trabajadores) y un plan estratégico para reducir la alta morosidad que padece.
Lo que faltaba. Ahora resulta que el nuevo equiipo (solo hay uno nuevo y el resto de los nuevos no pintan nada excepto firmar lo que diga la GV) se ha dado cuenta que la cosa estaba peor. Estos tios lo sabían todo desde el principio. Ahi han quedado dos directivos pelotas que dicen sí a todo lo que viene del consejero delegado. Otro que tal. Levantandose mas de cien mil euros al año mas incentivos. Les ha bajado el sueldo a los dos jefecillos y ellos ahi como borreguitos para conservar sus puestos porque no tienen a donde ir ya. Asi va la comunitat valenciana.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp