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VALENCIA. La Comisión Europea (CE) adoptó el pasado 28 de noviembre un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica, con el que pretende demostrar que los europeos "estamos dispuestos a permanecer unidos y avanzar con decisión para reforzar la arquitectura de los ámbitos financiero, presupuestario, económico y político que sustenta la estabilidad del euro y nuestra Unión en su conjunto" (sic). El objetivo final es conseguir que "todas las decisiones importantes de los estados miembros en materia económica y fiscal sean objeto de un proceso más intenso de coordinación, refrendo y control a escala europea" (el comunicado de prensa, en castellano, aquí; el documento en cuestión, en inglés, aquí).

El documento detalla un conjunto de medidas a corto plazo (de seis a dieciocho meses), medio (de dieciocho a cinco años) y largo (más allá de cinco años), de distinta índole y de aplicación en diversos ámbitos, algunas de implementación inmediata, otras que requieren un cambio en los Tratados Europeos. Es la contribución de la CE al "informe de los cuatro presidentes" sobre los próximos pasos hacia la unión económica y monetaria.

El presidente del Consejo Europeo, en coordinación con el presidente de la CE, el presidente del Banco Central Europeo y el presidente del Eurogrupo, prepararon la versión final de este informe, que se debatió en el Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre. El documento dará a muchas reflexiones y comentarios sobre cuestiones, tales como la unión bancaria o la unión fiscal, ya abordadas anteriormente en NEG (y que sus editores y otros colaboradores seguramente retomarán en el futuro).

En esta entrada solo quiero realizar un comentario breve sobre una de las medidas concretas contempladas en el corto plazo: la coordinación ex ante de las principales reformas y la creación de un instrumento de convergencia y competitividad. A este respecto, la CE considera que la falta de reformas estructurales ha agravado los problemas de competitividad de algunos países miembros y contempla la creación de un instrumento para apoyar más y, supuestamente, mejores reformas.

La forma que adoptaría sería un contrato entre la CE y los estados miembros, impuesto sobre aquellos estados que estuvieran bajo el procedimiento de déficit excesivo y planes de acción correctora, que incluiría recomendaciones para fomentar la competitividad. La CE aportaría apoyo financiero a la implementación de las reformas estructurales para contrarrestar las barreras políticas que pudieran existir.

Aún a falta de definir los instrumentos contractuales y financieros asociados a este nuevo mecanismo de convergencia y competitividad, parece que, una vez más, la CE se equivoca de estrategia en su intento de alcanzar la convergencia económica entre los estados miembros de la UE. En primer lugar, la imposición externa, aún con apoyo financiero, da lugar a reformas más aparentes que reales, como muestran, por ejemplo, las reformas laborales en España del periodo 2010-2011 (según se describe  aquí).

Además, no siempre desde Bruselas o Frankfurt se reconocen mejor los orígenes de los problemas de competitividad de los países miembros y, en muchas ocasiones, se acaban promoviendo reformas "desorientadas", como prueba la experiencia en Grecia y en Portugal. En segundo lugar, dada la situación fiscal de la UEM y la falta de aceptación política de nuevos mecanismos de transferencias entre los estados miembros de la UEM, es de esperar que la dotación financiera del nuevo mecanismo, aún si se consiguiera, no sería muy abundante.

Finalmente, la puesta en funcionamiento de un mecanismo de esta naturaleza se complica por el largo proceso previo de negociación y discusión en varias instancias (entre ellas, las habituales reuniones de madrugada del Eurogrupo).

Si de verdad se quiere un instrumento eficaz de convergencia y competitividad, hay una alternativa muy superior. A grandes rasgos, es la siguiente:

1· Los problemas de competitividad se originan, fundamentalmente, en el mercado de trabajo. En España, por ejemplo, se deben a su mala configuración institucional, con contratos de trabajo que son manifiestamente mejorables y una negociación colectiva que es disfuncional e incapaz de dotar a las empresas de capacidad de ajuste ante cambios tecnológicos o en su demanda. Una solución inmediata que puede adoptar la CE es proponer un nuevo "contrato de trabajo europeo" con las características que sabemos que contribuyen a aumentar la productividad, la movilidad geográfica y funcional, y la protección social de los trabajadores.

2· Este contrato de trabajo debería ser indefinido, con indemnizaciones por despido que crezcan muy gradualmente con la antigüedad y con cotizaciones sociales reducidas, pero complementadas con aportaciones a una cuenta individual del trabajador, cuyos fondos recibiría este en caso de despido o, si lo prefiere, en el momento de su jubilación (algo similar a lo que se conoce como fondo austríaco, cuya introducción en España -con costes y beneficios que se analizan aquí- fue una de tantas promesas incumplidas de la reforma laboral de 2010).

3· Las aportaciones a las cuentas individuales las realizaría la CE, con la financiación adicional que pueda acordarse entre los estados miembros y, sobre todo, reorientando los fondos estructurales hacia la promoción del "contrato de trabajo europeo". En lugar de financiar infraestructuras costosas e innecesarias y programas de formación ocupacional de eficacia más que dudosa, actividades en las que buena parte de los recursos se han convertido en rentas para los intermediarios involucrados, la CE debería, como dicen los anglosajones, "put its money where its mouth is". La introducción de un contrato de trabajo bien diseñado sería una contribución mucho más importante y eficaz a la reducción del desempleo y al incremento de la competitividad que nuevas carreteras y aeropuertos innecesarios o cursos de formación ficticios.

Frente a un instrumento de convergencia y competitividad poco definido, introducido por imposición externa y con escaso apoyo financiero, la alternativa es mucho más simple y eficaz. Ataca directamente problemas que originan desempleo y falta de competitividad en los países del Sur de Europa, favorece claramente a los desempleados y a los jóvenes (outsiders), sin que intermediarios o insiders puedan extraer rentas, es de aplicación voluntaria, no requiere nuevas directivas europeas ni negociaciones a altas horas de la madrugada, y utiliza de forma mucho más efectiva recursos financieros escasos. ¿Alguien da más?
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Este articulo está tomado de forma autorizada del blog Nada es Gratis