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 El retraso generalizado en la reestructuración del sector público empresarial de la Generalitat llega al extremo en el caso de RTVV, la reconversión más intensa que apenas a despegado después de medio año

VALENCIA (A. MOHORTE). Hace medio año, no había tiempo que perder. Les Corts Valencianes habilitaban un periodo extraordinario de sesiones para aprobar antes de las vacaciones de verano la nueva Ley de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la sacaban adelante el 12 de julio con los únicos votos a favor del Partido Popular, frente a la unanimidad alcanzada con la ley de creación de 1984.

A partir de ese momento se iniciaba la carrera para la reconversión del medio público que iba a ejecutarse de forma "inminente". Durante el julio y agosto todo eran prisas. A los cuatro días de la aprobación de la ley, la dirección del ente anuncia la presentación del expediente de regulación de empleo (ERE) que había elaborado el despacho Garrigues.

Así comenzaba un mes de duras negociaciones que terminarían con el anuncio del despido de 1.198 trabajadores, bajo unos criterios de selección en los que haber accedido al puesto por oposición ya no era garantía de permanencia sino el último aspecto a valorar.

A pesar de que la discrepancia sobre la fecha de término las negociaciones podía llegar a la anulación del proceso, la dirección dio por zanjadas las consultas varios días antes de lo que demandaban los sindicatos. No había tiempo que perder y el consejo de administración de RTVV era convocado por su presidente, Miquel Domínguez, para aprobar el ajuste en la madrugada del 21 al 22 de agosto.

Ni la lluvia de huevos contra los coches de los consejeros que salían a gran velocidad de la sede de la entidad en la Gran Vía Marqués de Turia de Valencia ni el anuncio de diversas demandas colectivas por parte de los sindicatos que no aceptaron la propuesta (Intersindical Valenciana, UGT, CC OO y CGT) parecían capaces de detener un proceso que había alcanzado una imparable velocidad de crucero... hasta que llegó el mes de septiembre.

UN POLVORÍN EN LA PLANTILLA

Aunque los trabajadores llevaban más de un año esperando el ERE y abrigando la esperanza de que el recorte no sería para tanto o que no afectaría de forma indiscriminada a la plantilla, lo cierto es que a partir del 22 de agosto iniciaron un largo proceso en el que lo único seguro es que la espada de Damocles pendía sobre la cabeza de cualquiera, o casi, si se atendía a los rumores que hablaban de tratos preferenciales por motivos políticos a determinados miembros de la plantilla.

No importaba la antigüedad ni el tipo de contrato ni lo correcto del ejercicio profesional si no se podía superar alguno de los criterios de selección, cuestionados en algunos casos por el informe de la Inspección de Trabajo, preceptivo pero no vinculante.

La tensión entre el personal fue fluctuando y no se llegaron a repetir nuevas invasiones del estudio de informativos como la ocurrida el día del anuncio del ERE, pero los encontronazos puntuales se fueron repitiendo tanto en los pasillos, los despachos y las redacciones de la radio, la televisión y del ente gestor de ambas.

EL CONSELL, A FUEGO LENTO

Aunque el calendario previsto era que para septiembre el Consell hubiera aprobado el Contrato Programa que fijara la aportación pública y se empezaran a redactar las convocatorias de concurso público para la adjudicación de los servicios externalizados y las franjas horarias privatizadas, lo cierto es que a finales de diciembre aún no se sabe nada de su contenido ni de su fecha de publicación.

Otro tanto ocurre con la constitución de la nueva mercantil que debía refundar la entidad: Grup Ràdio Televisió Valenciana, de la que apenas se han iniciado los trámites para su fundación, como resultado de la fusión de las mercantiles Ràdio Autonòmica Valenciana (RAV) y Televisió Valenciana (TVV), dejando también pendiente de liquidar su matriz, la originaria RTVV.

Fuentes de la dirección también achacaban a Garrigues la tardanza en la entrega de la lista definitiva de afectados y el papeleo correspondiente, un aspecto "muy matizable", según fuentes del despacho, que  mantiene una extrema discreción en lo que se refiere a sus clientes y en este caso ha establecido un extricto control de la información para evitar filtraciones

LES CORTS, EL ÚNICO CUMPLIDOR

La única entidad que ha respetado el calendario previsto ha sido Les Corts Valencianes, que ha cumplido con los plazos legales para la propuesta al Consell de los consejeros y director general de la futura sociedad antes de los tres meses preceptivos desde la aprobación de la ley en julio. Eso, a pesar de las discrepancias políticas entre los partidos y que obligaron a realizar más votaciones de las previstas de haberse logrado un consenso.

Por otra parte, si el proceso no estaba siendo suficientemente trabajoso, en pleno puente de la Constitución dimitía el director general de RTVV, José López Jaraba, lo que paralizaba una semana la firma de los primeros despidos. Para intentar ganar tiempo, el Consell nombraba a Alejandro Reig como suplente, incumpliendo la Ley de RTVV derogada y también la nueva, que obliga a que sea designado por el consejo de administración y no por el Ejecutivo autonómico.

A efectos prácticos, lo primero que hizo al incorporarse Reig a su despacho fue firmar varios centenares de despidos en RAV y el ente, cuestionados ahora por la designación irregular del firmante del mismo modo que lo serán los comunicados (vía correo electrónico) hasta el 3 de enero, cuando se espera que el consejo de administración le ratifique oficialmente.

Sobre la posibilidad de que la directoral general propuesta por Les Corts a mediados de septiembre, Rosa Vidal, asumiera el cargo choca con dos inconvenientes. El primero es que ella fue propuesta para una empresa distinta, la futura Grup RTVV, y lo la mercantil actual; y en segundo lugar, porque ella aceptó el cargo "libre de cargas", según fuentes próximas al proceso, y no tomará las riendas de RTVV hasta que sea una empresa saneada y laboralmente ajustada.

LO QUE QUEDA POR VENIR

Encalados en el año nuevo quedan por tanto el nombramiento oficial de Reig, los despidos del personal de la televisión (programados para enero) así como la aprobación del Contrato Programa del Consell, que no debería superar el primer trimestre de 2013 si para entonces ya está constituida la nueva sociedad Grup RTVV, cuyos trámites se iniciaron a mediado de diciembre.

Rota la primera referencia temporal del proceso cuando suene la última campanada de Nochevieja, el punto de no retorno definitivo será el 15 de agosto, cuando debe haberse completado la segunda fase de la reestructuración de personal con el despido de la plantilla de los departamentos que en esas fechas deben haber sido externalizados: servicios técnicos, programas o publicidad.

De hecho, entre las notificaciones de despido que se han comunicado, una parte de los afectados no dejarán su puesto de trabajo de forma inmediata, sino en el mes de julio de 2013. A esas alturas ya debe haber sentencia (de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia) sobre las demandas colectivas presentadas por los sindicatos que, en función del resultado, puede terminar por declarar nulo todo el expediente y forzar a la readmisión de los despedidos.

Si las colectivas no han prosperado, es previsible que se hayan dictado las primeras decisiones judiciales sobre los despidos individuales que se están produciendo ahora con un director general suplente que ha sido nombrado de forma presuntamente irregular, además de otras demandas que se refieran a otros aspectos.

Cuando se cumple un año de la aprobación del anteproyecto de Ley de RTVV por el Consell y seis meses de su aprobación definitiva en Les Corts, el proceso de reconversión de la radiotelevisión pública valenciana seguirá siendo noticia a lo largo del próximo año.