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VALENCIA. La crisis en las patronales suma y sigue. Después de dos años de caída de ingresos y recortes de plantilla, las organizaciones empresariales valencianas se preparan para un 2013 que se teme peor que el anterior. La demora en el pago de las deudas de la Generalitat por las encomiendas de formación, que se arrastran desde 2010, y la caída de la actividad fuerzan a un nuevo ajuste y un replanteamiento.

En el caso de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), los principales recortes de personal se ejecutaron antes del verano, con el despido de 28 de sus 57 trabajadores y el cierre de la totalidad de sus oficinas comarcales. Fuentes de la organización reconoce que no están previstos nuevos recortes de personal, pero tampoco se puede descartar nuevas medidas de redimensionamiento.

La integración completa de la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) en la CEV avanza según lo previsto. Como ya anunció el presidente de ambas organizaciones, Salvador Navarro, la idea es integrar las dos estructuras, que también comparten secretario general en la persona de Ricardo Miralles.

INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES

La última reunión conjunta de las dos organizaciones, celebrada el pasado jueves, sirvió para seguir adelante en la iniciativa que plantea redefinir las patronales por encima del tamaño de las empresas que las integran. Igualmente, se quiere avanzar hacia la autofinanciación, para no depender de las ayudas públicas nada más que en lo imprescindible.

La organización arrastra desde hace casi tres años impagos públicos que no han sido cubiertos por el Plan de Pago a Proveedores, ya que se trata de encomiendas de gestión (cursos, seminarios, campañas de salud laboral...) cedidas por la Generalitat y no una prestación de servicios convencional como las que sí se han podido acoger a esta forma de pago.

En el caso de las organizaciones de la provincia de Valencia, la deuda de este tipo supera los 30 millones de euros, que se suman a los 23 que se le adeudan a la autonómica Cierval y los más de siete que tuvo que adelantan la alicantina Coepa. Aunque esta última es la que carga con unos impagos más reducidos es, con diferencia, la que atraviesa una de las situaciones más complicadas.

COEPA, AL BORDE DE QUE QUIEBRA

El anuncio por parte de la dirección de Coepa del despido definitivo de 32 trabajadores, afectados desde el verano por un expediente de regulación de empleo temporal que finalizaba el 31 de diciembre, ha significado la consumación de un escenario que no por previsible ha dejado de evidenciar la extrema situación económica en la que se encuentra la patronal.

De hecho, la dirección no descarta una nueva oleada de despidos entre los 37 trabajadores que todavía continúan prestando sus servicios en la organización. A día de hoy, hasta la sede de la entidad ha tenido que ser abandonada y puesta a la venta, trasladando al personal a un piso más acorde al volumen de la plantilla y las posibilidades económicas.

Tras barajarse en repetidas ocasiones la solicitud el concurso de acreedores, Coepa se mantiene inmersa en una crisis financiera y de poder a la que el nuevo presidente, Moisés Jiménez, intenta hacer frente sin que se abran las costuras de la entidad.

A los impagos públicos se suma la contundente reducción de ingresos por el hundimiento de la economía alicantina y los pagos por la construcción de su centro de formación, auténtica "soga al cuello" de la entidad, según destacados responsables de su gestión. Igualmente, dos de las organización miembro, la metalúrgica Fempa y la de las pymes Cepyme, presentan batalla a las sucesivas direcciones de la organización desde hace años con cruce de denuncias incluido por supuestos incumplimientos de pagos e irregularidades.

HACIA LOS PEORES ESCENARIOS POSIBLES

No se prevén nuevas medidas de ajuste en la patronal autonómica Cierval, que ya sólo conserva a poco más de una docena de trabajadores, ni en la castellonense CEC, que no ha realizado recortes de personal significativos y defiende que no los necesita por haber mantenido una estructura estable tanto antes de la bonanza como a lo largo de ella.

En todo caso, el replanteamiento de sus funciones como la adecuación de sus servicios a su capacidad económica real son prioritarias en la definición de la estrategia para 2013. Los gestores de las cuatro principales patronales, al igual que del resto de sectoriales y comarcales no ven factible una inyección de dinero público que permita la realización de actividades subvencionadas para sus asociados en un plazo próximo de tiempo.

Tanto la Unión Europea como el Estado han recortado significativamente el dinero destinado a estas actividades y, en el caso autonómico, estas aportaciones apenas son testimoniales, cuando se llevan a cobrar, según distintos gestores consultados.