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MADRID (EP/VP). La autopista AP-36 que une Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete) ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 522,08 millones de euros por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.
Se trata de la cuarta vía de pago de las que actualmente afrontan problemas financieros que se declara en quiebra, tras las radiales de Madrid R-3, R-4 y R-5, y la Madrid-Toledo.
El juez considera que de la documentación aportada por las sociedades concesionarias de la autopista, Inversora de Autopistas de Levante y Autopista Madrid Levante Concesionaria Española, "se desprende su estado de insolvencia".
El auto de declaración de concurso, al que tuvo acceso Europa Press, permite que los gestores de la vía mantengan sus facultades de administración, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.
Dado el pasivo con que cuenta la autopista, el juez ha designado a dos administradores concursales, al abogado Vicente Flores Argente, y a Banco Sabadell, en este caso en representación de los acreedores.
LOS BANCOS RECHAZAN MEDIDA CAUTELAR
El auto de declaración de concurso, con fecha de este martes 4 de diciembre, mantiene una medida cautelar por la que prohíbe a las entidades financieras acreedoras de la autopista "retener, disponer o hacer suyo de cualquier modo" el saldo existente en las cuentas de las concesionarias de la vía.
No obstante, el juez indica que esta medida cautelar se mantiene "a expensas de que se tramiten las oposiciones planteadas frente a la misma" por los procuradores de un grupo de entidades.
Se trata de CaixaBank, BBVA, Caixa Banco de Investimento, Banco de Valencia, Royal Bank of Scotland (RBS), Banco Santander, Banco Sabadell, HSBC, Banco Caixa Geral, Banco CCM, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Deutsche Bank, Natixis, Landesbank Hessen-Thurigen Girozentral y Unicaja Banco, según enumera el juez en su auto.
FACTORES AJENOS
La autopista Ocaña-La Roda solicitó el pasado 19 de octubre el concurso de acreedores ante la "inminente imposibilidad" de afrontar los pagos de su deuda financiera y por el hecho de que las medidas de apoyo anunciadas por Fomento "no habían sido efectivamente implementadas".
La vía está participada por Cintra (Ferrovial), que controla un 55% del capital, Sacyr (40%) y la antigua Kutxa (5% restante). Forma parte de la decena de autopistas que actualmente afrontan desequilibrios por el sobrecoste que soportaron al expropiar los terrenos para su construcción, y la caída de los tráficos por la crisis.
La autopista, de 183 kilómetros y en servicio desde 2004, supuso una inversión de unos 523 millones de euros y se concibió como una alternativa a la A-3. En la primera mital de este año contabilizó una intensidad media diaria de tráfico de unos 2.622 vehículos, un 16,8% menos respecto a un año antes, según los últimos datos del Ministerio de Fomento.
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