Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EFECOM). La Audiencia de Valencia ha declarado prescrita la pena de cinco años de prisión que se le impuso en 2005 al exdirector del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José María Tabares por un delito continuado de estafa y falsedad al utilizar esta entidad pública como avalista en operaciones privadas.

Con esta decisión, hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Sección Quinta anula la orden de detención europea que se dictó sobre él por encontrarse en paradero desconocido.

Las penas se declaran prescritas, tal y como prevé el Código Penal, al haber transcurrido más de cinco años desde que la sentencia fue declarada firme, en octubre de 2006.

Según declaró probado la Sala, Tabares y el empresario francés Jean Luc Lagier, condenado a idéntica pena y también en paradero desconocido, iniciaron en 1995 unas operaciones de compra-venta para que la compañía Ford obtuviera derechos de compensación para exportar vehículos a Túnez empleando al IVEX por avalista.

Estas operaciones provocaron que a principios de 1997 la empresa pública, sin tener conocimiento, hubiese contraído una deuda con el Arab Bank cercana a los 3,2 millones de euros.

Intentando reducir esta deuda, Tabares y Lagier pusieron en circulación más de 30 efectos cambiarios en los que la empresa tunecina Sonotube actuaba como librador, y la sociedad belga Graficom -bajo la titularidad de Lagier y sin solvencia económica, al igual que Sonotube- como librado y el IVEX como avalista.

Los avales, que según establece la sentencia no respondían a ningún movimiento de mercancías, quedaron en poder del empresario francés, quien las fue presentando para su descuento al KBC Bank, el BSCH, el Fortis Bank y el BBVA hasta el cese de Tabares como director general del IVEX a finales de 1999, con lo que quedó interrumpida la rueda de letras.

A juicio del tribunal, los condenados cometieron delito de estafa en virtud de un negocio de descuento bancario ficticio, mediante "cambiales" de "aparente autenticidad" y cuya naturaleza ficticia ocultaron a estas entidades bajo el pretexto de "ir tapando la deuda generada en el Arab Bank, a cargo del IVEX, en ruinosas, descabelladas y ficticias operaciones", establece el texto.

Como consecuencia de las actuaciones de Tabares en connivencia con Lagier, el capital social del IVEX se redujo a menos de la mitad y se inició un proceso de disolución legal que sólo pudo ser evitado mediante una operación "acordeón" de aumento y reducción de capital, que redundó en unos costes para la entidad pública de unos 60.000 euros.