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MADRID (EFECOM). La Policía Nacional ha detenido al entorno más próximo del actual dueño de Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, por ayudar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a ocultar sus bienes con el objetivo de evitar que fueran embargados para pagar a los acreedores de la empresa de viajes.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, entre los detenidos figura Iván Losada, la mano derecha de De Cabo en todas las empresas que ha comprado, así como su cuñado, Teodoro Garrido, y su secretaria, Susana Mora.
Entre los arrestados también se encuentran dos supuestos testaferros utilizados en las operaciones de ocultación de bienes, como Rafael Toro y Antonio García Escribano, así como otras dos personas vinculadas a De Cabo, que son Carmelo José E.G. y José Enrique P.M.
En el marco de la "Operación Crucero", la Policía ha detenido hoy también a Ángel de Cabo y a Díaz Ferrán por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Todos ellos serán interrogados previsiblemente mañana por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que encabeza la investigación a raíz de la denuncia presentada por Meliá y Orizonia, redactada por el despacho de abogados Ashurst, y a la que se sumó AC Hoteles y Pullmantur.
El pasado mes de enero, las compañías denunciaron a Díaz Ferrán, su entonces socio, Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, y Ángel De Cabo por insolvencia punible, alzamiento de bienes y estafa al no haber pagado las deudas de Marsans que avalaron personalmente y tener bienes supuestamente suficientes para ello.
Según la denuncia, en 2010 Díaz Ferrán y Pascual avalaron con pagarés el pago de las deudas que tenía pendiente su grupo turístico con estas compañías por importe de "varias decenas de millones" y que finalmente no fueron abonados.
Los empresarios, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) después de que lo hiciera el grupo turístico, habrían ocultado sus bienes con la finalidad de "aparentar una falsa y total insolvencia patrimonial y evitar cumplir con las obligaciones de pago que habían contraído, causando con dicha actuación un gravísimo perjuicio económico".
Meliá, Orizonia, Pullmantur y AC Hoteles, que reclaman más de 45 millones a los empresarios y a Ángel de Cabo, aseguraban que desde mediados de 2010 todos ellos habían llevado a cabo un "deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales".
Dentro de este proceso, los denunciantes enmarcan la "supuesta venta" por un precio "simbólico" de Viajes Marsans a Posibilitum, controlada por Ángel de Cabo, justo antes de que el grupo turístico fuese declarado en concurso de acreedores.
Por ello, solicitaban el embargo de dos apartamentos de lujo en Nueva York, una finca de 523 hectáreas en Toledo, propiedades en México, Holanda y Portugal, un Rolls Royce Phantom -cuyo precio de venta ascendía a 500.000 euros y que fue traspasado a una sociedad vinculada a De Cabo-, sociedades o la posible indemnización que Argentina les podría pagar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
En el marco de este procedimiento, la Audiencia Nacional bloqueó en junio la venta del yate de Díaz Ferrán.
Además, la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de una cuenta en Suiza con unos fondos por valor de 4,9 millones a nombre de Ángel de Cabo, que supuestamente provenían de una empresa irlandesa del grupo Marsans.
A la espera de que los tribunales decidan sobre la culpabilidad de los antiguos dueños de Marsans en la insolvencia del grupo, éstos se enfrentan también a varias querellas por su presunta mala gestión, entre ellas la presentada por la Fiscalía en la Audiencia Nacional por un presunto delito de apropiación indebida de 4,4 millones.
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